Camerún: puentes entre Yaundé, Buea y Bamenda

Acaban de cumplirse tres años del inicio del enfrentamiento que mantienen en Camerún las regiones anglófonas con el gobierno de Paul Biya. Comenzó en otoño de 2016, con las protestas y huelgas encabezadas por los sectores de la abogacía y la enseñanza, respecto al escaso papel del inglés en la función pública y la intromisión de la francofonía en las regiones del noroeste y sudoeste del país. Se agravó, con la proclamación de la independencia de la llamada Ambazonia, bajo el liderazgo – disputado – de Sisiku Ayuk Tabe un año más tarde, en octubre de 2017. Y continúa, pese a los tardíos intentos del presidente camerunés de llegar a un acuerdo nacional, tres años después. No obstante, la fricción entre ambas partes no es actual, pues se remonta a la década de los sesenta y al proceso de independencia del Camerún Meridional, dependiente hasta entonces de Gran Bretaña. Con el rechazo a sus posibilidades de independencia y la incorporación, de cierto modo forzoso, al Camerún francés, se sembró un descontento que se ha ido abonando desde el gobierno de Yaundé y que ha terminado de aflorar estos últimos años.

La vuelta a la denominación como República de Camerún, nombre anterior a la unificación del país, o la desaparición de la estrella que representaba al Camerún meridional en la bandera nacional, han sido los cambios más evidentes. Sin embargo, bajo esa alteración de la simbología, subyacen actitudes, políticas y decisiones, que han ido minando la identidad de la región y el papel de su rasgo más característico, la lengua inglesa, aumentando la represión sobre la población anglófona, que ronda el 20%. Tras los acontecimientos de 2016 y 2017, la respuesta militar llevada a cabo desde el gobierno central, no ha hecho más que disparar la tensión y los enfrentamientos elevando la cifra de víctimas mortales y de desplazados. Abusos de las fuerzas armadas, cerca de 3000 muertes, en muchos casos relacionados con el ámbito de la enseñanza, el cierre, según UNICEF, de más del 80% de las escuelas, el encarcelamiento de lideres separatistas y alrededor de medio millón de desplazados internos y refugiados, es el balance que dejan estos tres años de conflicto.

Los acontecimientos del último año, con las detenciones y las sentencias condenatorias – algunas de por vida – de muchos líderes opositores y separatistas, como Maurice Kamto o el citado Ayuk Tabe, detenido en Nigeria, presentaban una deriva poco esperanzadora. En parte, por la conjunción de un decadente liderazgo del gobierno de Biya y la limitada unidad del movimiento anglófono. Dentro de éste último, hay una parte que apuesta más por una reforma federal o una descentralización, como es el caso de uno de los principales partidos de la oposición, el Frente Socialdemócrata de Camerún (SDF). Sin embargo, la creciente represión y el encarcelamiento de opositores, ha relegado a esta corriente a un segundo lugar. Al frente de ese movimiento, se encuentran ahora aquellos con una posición mucho más firme respecto a la independencia territorial, representados por el Gobierno Interino de la República Federal de Ambazonia (IG), de Sisiku Ayuk Tabe, y el Consejo de Gobierno de Ambazonia (AGC) de Ayaba Cho. Ambos pugnan por el liderazgo social pero también del militar, sobre todo de las siete grandes milicias presentes en la región. Ante esta oposición orgánicamente fracturada, tampoco hay un gobierno plenamente asentado. Tras 37 años en el poder y 86 años de edad, Paul Biya, el presidente ausente, ejerce su autoridad en muchos casos a través de otros miembros del gobierno de su plena confianza. Desde el Africa Center se destacan a varios ministros entre los que estarían el de Defensa, Joseph Beto Asomo, el de Justicia, Laurent Esso y Edgard Alain Mebe Ngo’o, de Transportes. 

Con este panorama, el presidente camerunés anunciaba a principios de septiembre, y contra todo pronóstico, una Mesa Nacional de Diálogo, liderada por el Primer Ministro Joseph Dion Ngute. Aunque aplaudida por la comunidad internacional, esta Mesa de Diálogo no fue reconocida por parte de los principales actores, como Ayuk Tabe o Maurice Kamto. Faltó también una parte importante del conflicto: los responsables de las milicias armadas de la región anglófona, a pesar de que dentro de las temáticas a tratar durante esa semana de principios de octubre fue la de la desmovilización y el desarme. 

A la semana de reuniones y mesas de trabajo que tuvo lugar en Yaundé, le han seguido varios hechos simbólicos, como la liberación de Maurice Kamto, líder del partido Movimiento por el Renacimiento de Camerún (MRC) y de varios centenares de combatientes de las regiones separatistas. Las mesas de trabajo se centraron en ocho ámbitos: bilingüismo, diversidad cultural y cohesión social, educación, justicia, retorno de desplazados y refugiados, reconstrucción y desarrollo de las zonas afectadas por el conflicto, desarme, desmovilización y reintegración, el papel de la diáspora camerunesa en el futuro del país y, por último, la descentralización y desarrollo local. De estas mesas han surgido propuestas importantes, antiguas reivindicaciones históricas de la región anglófona, algunas medidas en la línea del federalismo moderado de varios líderes opositores y reformas necesarias para la correcta evolución de un país en desarrollo.

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En relación con la cohesión social y la diversidad cultural, se pretende apostar por un bilingüismo efectivo, a través de la implementación de programas en todos los niveles educativos. Además, se quiere mejorar el acceso a la función pública y las fuerzas de seguridad y hacer obligatorio el uso de las dos lenguas en los estamentos oficiales. Respecto al sistema judicial y educativo, ámbitos clave en el inicio de las protestas, la Mesa de Diálogo plantea la integración de los dos sistemas educativos, la traducción simultánea de todos los textos legales a ambos idiomas y la exigencia del inglés para todos aquellos ejercientes del sistema judicial en las regiones del noroeste y sudoeste del país. Otras reformas contemplan la reconstrucción de las áreas afectadas, la dotación de recursos básicos para los desplazados, incluida la vivienda, la suspensión de la fabricación de armas caseras, la construcción de puentes que conecten a la juventud con las fuerzas de seguridad camerunesas y la creación de una institución que represente a la diáspora camerunesa en vida política del país. Por último, pero seguramente la parte más importante, se otorgará un status especial a las regiones separatistas tal y como aparece en la constitución camerunesa, se reforzará la financiación de las autoridades locales junto con la reducción del poder de la autoridad supervisora. En definitiva, se pretende una mayor descentralización, sobre todo económica, ya que el presupuesto del que disponen las autoridades regionales y locales apenas llega al 1% del PIB de acuerdo a cifras del International Crisis Group.

Medidas ambiciosas, sin duda, que recogen el malestar social y las reivindicaciones de, principalmente, aquellos que apuestan por la vía federalista y moderada como solución al encaje territorial de la autodenominada Ambazonia. Los líderes más radicales, como Ayuk Tabe, aún en prisión, ya mostraron su rechazo absoluto y frontal a lo que consideran una pantomima del gobierno de Paul Biya, para subsistir a la tensión política y social. El papel que desempeñen las milicias, con varios miles de combatientes, y el lado del que se posicionen será clave para vislumbrar una desescalada del conflicto y una estabilización de una región que tiene que lidiar, también, con el terrorismo de Boko Haram.