Chile: gobierno y oposición pactan un histórico proceso hacia una nueva constitución

El Congreso de Chile ha llegado en la madrugada de este viernes a un acuerdo para convocar un referéndum en abril de 2020 con la intención de conformar una nueva constitución para el país latinoamericano. Este hecho se ha producido después de que el Gobierno del presidente Sebastián Piñera y la oposición llegaran a un pacto que marca una hoja de ruta para el proceso constitucional que se abre ahora en Chile con el objetivo de sustituir la Constitución vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet y dar respuesta a las demandas de las grandes movilizaciones que llevan tomando las calles del país desde el mes pasado. 

“Es una respuesta de la política con mayúsculas que piensa en Chile y que también se hace cargo y asume su responsabilidad”; ha afirmado el presidente del Senado, Jaime Quintana, en unas declaraciones recogidas por la agencia Infobae durante una rueda de prensa en la que este político de centroizquierda del Partido por la Democracia se mostraba con las principales formaciones políticas del país, a excepción del partido comunista. “Esta respuesta que están dando todos los partidos que nos acompañan es una muestra que busca señalar el camino de profundización democrática, una salida pacífica a la crisis y de construir un verdadero contrato social, y eso ha sido posible gracias a la ciudadanía que ha estado movilizada”, añadía. 

Así, el acuerdo dispone la celebración de un plebiscito dentro de cuatro meses en el que los chilenos van a decidir si quieren redactar una nueva constitución. La consulta prevista para abril de 2020 propondrá dos preguntas: en la primera a los chilenos se les demanda si desean o no una nueva Carta Magna; en la segunda los ciudadanos del país tendrán que pronunciarse sobre cómo se llevará a cabo el proceso hasta la redacción del nuevo texto constitucional: si debería ser una “convención mixta constitucional” en la que participen en un 50% parlamentarios y en otro 50% ciudadanos electos; o si por el contrario desean una “convención constitucional”, una asamblea constituyente en la que todos sus miembros son elegidos con este objetivo. 

El acuerdo contempla la celebración de un proceso electoral en octubre de 2020 que coincidirán con los comicios regionales y municipales bajo sufragio universal y voto voluntario para designar a los miembros de cualquiera que sea la instancia elegida en el referéndum de abril. Además, una vez redactada la Carta Magna y aprobada por dos tercios de los miembros que sean parte del órgano elegido para tal efecto, el texto será ratificado en otro referéndum mediante sufragio universal y esta vez mediante el voto obligatorio. Una vez aprobada este texto constitucional sustituirá la Constitución actual que quedará derogada. 
“El 100% de este acuerdo es gracias al Pueblo de Chile movilizado en las calles.

Un homenaje a todos los que han sufrido represión e injusticias en estas semanas, y todas estas décadas”, ha afirmado en su cuenta de Twitter Pablo Vidal, diputado izquierdista de Revolución Democrática, que ha llamado a todos los partidos que se sumen a este proceso constituyente y a “ahora luchar por el sueldo mínimo, por las pensiones, por el seguro de salud y muchos otros temas”, agregaba a la prensa. 

Los diputados oficialistas y miembros de la oposición mantuvieron reuniones desde este miércoles para buscar una salida a la crisis y fuertes jornadas de violencia que arrastraba el país. “Ahora le corresponderá a la ciudadanía decidir democráticamente en plebiscito. Mere la Constitución del 80 en dictadura, y nace una en democracia”, ha afirmado Herrado Muñoz, presidente del Partido por la Democracia. “Para nosotros, el estar acá significa haber hecho un esfuerzo de diálogo en un ambiente donde estaba reinando la violencia, el miedo, y la falta de paz en nuestra sociedad”, afirmaba a la prensa Jacqueline van Rysselberghe, presidenta del partido ultraconservador, Unión Democrática Independiente. 

Mientras tanto, las jornadas de manifestaciones y protestas en Chile no han cesado y han cumplido ya su cuarta semana desde que comenzaran como un rechazo al encarecimiento del billete de metro de Santiago y que luego devinieron grandes protestas para mostrar un amplio descontento sobre el modelo económico y social del país. Las jornadas de enfrentamientos entre manifestantes y fuerza de seguridad han sido marcadamente duras con estaciones de metro incendiadas, comercios saqueadas y fuertes episodios violentos con los grupos de carabineros. Ante esto, el presidente Piñera decretó el estado de emergencia e hizo que las Fuerzas Armadas intervinieran a la vez que impuso un toque de queda nocturno. 

Las protestas y enfrentamientos se han saldado con más de 20 personas muertas, cientos de heridos y miles de personas detenidas. Diferentes organizaciones de derechos humanos han denunciado abusos de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes. Amnistía Internacional ha anunciado que llevará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las denuncias de violaciones de derechos de forma generalizada. “Es evidente que el presidente Sebastián Piñera no ha dispuesto de todas las medidas a su alcance para detener las graves violaciones de derechos humanos y posibles crímenes del derecho internacional que siguen ocurriendo en Chile desde el inicio de las protestas”, ha declarado Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. 

La actual Constitución de Chile fue aprobada en 1980 en un referéndum cuestionado por parte de las fuerzas políticas de país y en plena dictadura de Augusto Pinochet y ha sido señalada por los manifestantes como el principal impedimento para poner fin a la profunda crisis socioeconómica y de desigualdad. El texto constitucional solo le otorga al Estado un rol “subsidiario” en la provisión de recursos y servicios fundamentales como la salud, la educación o las pensiones, lo que ha permitido una amplia privatización estos servicios básicos. 

El modelo económico liberal de Pinochet generó grandes tasas de pobreza y la existencia de una élite muy adinerada frente a una clase media que subsiste. En los últimos años, algunos gobiernos han intentado reducir la pobreza con la garantía de servicios fundamentales pero el mantenimiento de los sueldos bajos en la mayor parte de la población del país hace que estas personas no puedan cubrir sus gastos en materia de alimentación, alquiler, la educación universitaria o el trasporte. Según datos proporcionados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2017 el 50% de los hogares más pobres del país tenían una riqueza media de 5.000 dólares, el 10% más rico poseía un promedio de 760.000 dólares y el 1% más rico 3 millones de dólares.