Chile rechaza “la Constitución más progresista del mundo”

Con un 62% de los votos en contra, la ciudadanía chilena tumba la nueva propuesta constitucional del gobierno izquierdista de Gabriel Boric, eligiendo, de esta forma, mantener la Constitución de 1981 impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet.

El resultado del “no” supone un duro golpe para Boric, quien había apostado todo al “si”, mostrándose abiertamente optimista durante las jornadas anteriores a la votación. Finalmente, solamente un 38% de los ciudadanos son los que han apoyado el cambio hacia la “Constitución más progresista del mundo”, resultados que por otra parte ni siquiera se habían contemplado como dentro de las opciones más pesimistas. “El pueblo ha hablado de forma fuerte y clara”, declaraba poco después del escrutinio, “de ahora en adelante trabajaremos de la mano de la sociedad civil y del Congreso”. 

A pesar de estos resultados, el Gobierno ha celebrado la alta participación de la ciudadanía, así como la democratización del proceso y ya ha anunciado una nueva convocatoria “para avanzar lo más rápido posible un nuevo proceso constituyente” además de realizar próximos “ajustes en nuestros equipos de Gobierno, para enfrentar este periodo con renovados bríos”.

El rechazo ha sido apabullante en todas las regiones del país, incluida en la capital, Santiago, que fue un importante bastión en el apoyo de Boric hacia su victoria electoral durante la segunda vuelta en el año 2019.

Este resultado ha sido consecuencia de la propia acción de la derecha chilena, así como la de los simpatizantes de centroizquierda que han señalado que el texto final ha estado “mal redactado desde el inicio” ya que ha sido una propuesta “hacia el lado comunista más que al socialista”. 

Y es que el proyecto constitucional, considerado ampliamente progresista y feminista, velaba, por primera vez, por el derecho de los ciudadanos a contar “con una vivienda digna”, el “libre acceso al agua” - bien que se encuentra totalmente privatizado - y al “acceso de la educación”, además del “derecho a la interrupción voluntaria de embarazo”, propuestas que no han calado entre la ciudadanía chilena, quien tiene a “la familia” como el concepto clave de la sociedad chilena en la Constitución de Pinochet.

Para el chileno Rodrigo Castillo Cifuentes, que actualmente reside en Madrid, “cuando se escribió la nueva Constitución hubo muchos errores y las propuestas eran muy diferentes a las de la identidad de Chile”.

Castillo afirma que “el rechazo se debe al miedo de los habitantes por las crisis económicas y políticas de los países vecinos. Al rechazar este plebiscito se obliga a reescribir una nueva Constitución, pero esta vez queremos que sea con personas entendidas en política y economía” ya que las personas que fueron elegidas para redactarlas “no han sido muy contundentes” debido a que “había muchos perfiles ajenos a la política y todos ellos más partidarios del comunismo”. 

Otro de los puntos clave que ha dividido a la sociedad chilena ha sido el hecho de que la nueva Constitución reconoce en su artículo 5 “la coexistencia de diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado” y defiende la existencia de “naciones dentro de una misma nación”, alegando así su plurinacionalidad. 

De acuerdo con la encuesta Feedback, llevada a cabo el pasado mes de julio, esta demostraba la idea social de que “no todos van a ser iguales ante la ley” en relación con los chilenos y los pueblos indígenas argumentando que “con la plurinacionalidad Chile corre el riesgo de dividirse”, un argumento muy empleado durante las campañas electorales. 

El año 2019 marcó un antes y después en la historia política del país. La crisis económica y social que llevaba años fraguándose estalló cuando el gobierno del expresidente Sebastián Piñera decretó la subida del pasaje del metro a 830 pesos (0.98 euros). En este contexto la subida en el precio del transporte público se mostró como “inconcebible” en relación con el ingreso medio de los chilenos, situado en 400.000 pesos, lo que correspondería a 458,87euros.

Los chilenos alegaban que las familias de bajos recursos tendrían que gastar el 30% de su salario en el transporte público, en comparación con el sector de la sociedad con un privilegiado poder adquisitivo, que gastaría el 2% de su salario a este fin.

A modo de protesta, los estudiantes chilenos organizaron manifestaciones masivas que acabaron en importantes episodios de violencia con enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y la propia ciudadanía, causando al menos 18 muertos entre los civiles. El Ejército también intervino a la hora de frenar a la ciudadanía hastiada y enfurecida, llegando a decretar el toque de queda en ciudades como Coquimbo y Rancagua.  

En un mensaje televisado, el propio Piñera se refirió a los manifestantes como “un enemigo poderoso e implacable que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite, incluso cuando significa la pérdida de vidas humanas, con el único propósito de producir el mayor daño posible”. Aún así asumió la ineficacia de la clase política afirmando que “es verdad que los problemas se acumulaban desde hace muchas décadas y que los distintos gobiernos no fueron ni fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud”. 

Así, el descontento social después de que las promesas sobre los cambios sociales y económicos no llegasen estallaron en unas protestas que hicieron temblar los cimientos de la clase política para dar finalmente la victoria al líder estudiantil de Izquierda, Gabriel Boric, frente al candidato de ultraderecha, José Antonio Kast. En esta línea, la propia victoria de Boric también se produjo no por un amplio voto de convencidos, sí no por el miedo a que Kast pudiera alcanzar el poder.

De esta forma, para Boric, reformar la Constitución de Chile suponía un punto crucial para responder a las demandas ciudadanas pero los malos resultados evidencian que tampoco el izquierdista ha sido capaz de gestionar los problemas del país, o al menos saber entender las cuestiones del país andino. 

En un país en el que el 13% de su sociedad se reconoce como indígena, esta población no tiene asegurada el cumplimiento de sus derechos fundamentales ya que ni siquiera cuentan con un reconocimiento constitucional. En esta línea, parte de los territorios donde ellos habitan están en manos de las empresas privadas forestales que han llevado prácticas contrarias a la defensa de la naturaleza y, por ende, a su territorio. 

Igualmente, son los indígenas los que han protagonizado la lucha por la defensa de los ecosistemas nacionales, una medida que la nueva Carta Magna también defendía, además de garantizarles representación parlamentaria a través de escaños reservados para las comunidades indígenas.

Para el director de Amnistía Internacional, Rodrigo Bustos, el reconocimiento de la comunidad indígena en la nueva Constitución significaba “hacerse cargo de personas que por distinto tipo de razones no han podido ejercer su derecho en igualdad de condiciones y que han estado, además, invisibilizadas en los textos constitucionales, a veces en las leyes”. En su opinión jurídicamente en Chile “los pueblos indígenas no existen”.

El rechazo de la Constitución cierra así lo que habría sido un camino histórico para el país que le habría situado como referente mundial en la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, los cambios defendidos por el Gobierno de Boric no se han gestionado de la forma más correcta para convencer a una población a la que el miedo porque Chile pueda derivar a unas crisis mayores, como la de sus países vecinos, ha tenido la fuerza suficiente para paralizar el cambio, sumando además la mala comunicación del proyecto constitucional que se ha llevado a cabo durante todo el proceso. 

Coordinador de América: José Antonio Sierra.