Choque dialéctico entre el Consejo Europeo y Turquía por los hidrocarburos chipriotas
Continúa la tirantez entre la Unión Europea y Turquía. A pesar de que las dos administraciones, la comunitaria y la de Ankara, están centradas estas semanas en dar una respuesta a la crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia de coronavirus, las desavenencias políticas continúan estando ahí y no hay visos de que vayan a desaparecer. En particular, es la zona del Mediterráneo oriental la que ha generado más fricciones últimamente.
Las abundantes reservas de hidrocarburos que albergan las aguas territoriales chipriotas llevan años siendo objeto de disputa. El problema radica, fundamentalmente, en que Chipre y Turquía no se ponen de acuerdo sobre los derechos de explotación de estos recursos. Nicosia los reclama enteramente para sí, pero Ankara atribuye una parte a la República Turca del Norte de Chipre, una entidad política y administrativa escindida unilateralmente del resto de la isla en 1983, pero que solamente ha sido reconocida oficialmente como Estado por Turquía.
En nombre de esta entidad, dos barcos de prospección con bandera turca y otros dos buques de investigación llevan desde el pasado mayo realizando sus actividades en las aguas pertenecientes a la isla. El Gobierno de Nicosia, integrado en la Unión Europea, ha contado históricamente con el apoyo de Grecia, rival tradicional de Turquía por el dominio del Mediterráneo oriental. Del mismo modo, la Unión Europea se ha posicionado a favor de su socio y ha condenado repetidamente las acciones emprendidas por el Ejecutivo de Recep Tayyip Erdogan.
El pasado mes de febrero, Bruselas ya impuso severas sanciones sobre dos directivos de la Turkish Petroleum Corporation, la compañía petrolera estatal turca. En los últimos días, coincidiendo con la reunión extraordinaria -a distancia- que han mantenido los Veintisiete a cuenta de la negociación para un fondo de reconstrucción comunitario, varios de los Estados miembros coincidieron en traer a colación el asunto de las prospecciones turcas.
El Consejo, desde luego, se pronunció sobre ello. “Expresamos nuestra total solidaridad con Chipre y recordamos y reafirmamos nuestras conclusiones previas acerca de esta cuestión”, rezaba su declaración. Un compromiso mesurado, sin estridencias, pero suficiente para generar una encendida respuesta por la parte de Turquía que, de paso, le ha venido bien a Erdogan para que la gestión del coronavirus no sea el único asunto presente en la agenda.
Poco tiempo después de que las palabras del Consejo se hiciesen públicas, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía emitió su propio comunicado. El escrito no se mostraba parco en críticas hacia las instituciones europeas, a las que descalificaba como un mediador no válido en la disputa que mantienen Nicosia y Ankara. Desde la institución que dirige Mevlut Çavusoglu, interpretan que, con un Estado miembro de por medio, la Unión Europea es juez y parte en la controversia de las aguas territoriales. Se señalaba que el concepto de solidaridad europeo está “obsoleto” y que no puede guiar una salida negociada al conflicto.
El comunicado advertía de que Turquía no tiene ninguna intención de detener las prospecciones, tildadas de “ilegales” por el Consejo, pero, al mismo tiempo, llamaba a que Bruselas contribuya a la negociación bilateral. “Lo que esperamos de la Unión Europea es que fomente el diálogo entre los grecochipriotas y los turcochipriotas y entre Grecia y nuestro país”, recalcaba la nota oficial.
Turquía, además, acusaba a Chipre y Grecia de “tener como rehén” su proceso de admisión al club comunitario. Lo cierto es que las negociaciones para la entrada del país euroasiático en la Unión llevan paradas más de una década, en parte por el rechazo constante que ha emanado de Atenas y de Nicosia.
Sin embargo, también es cierto que, independientemente de la situación no resuelta con Chipre, es altamente improbable que el proceso se reabra pronto por responsabilidad exclusivamente de Turquía. La marcada deriva autoritaria que ha tomado el Ejecutivo de Erdogan en los últimos años, sobre todo a partir del intento de golpe de Estado de verano de 2016, representa un obstáculo que se antoja insalvable para una eventual incorporación al club de Bruselas.
Del mismo modo, la política exterior de carácter unilateral y expansionista puesta en práctica por Ankara no casa bien con la cultura de consenso que exige la Unión Europea. La proyección de Erdogan hacia los hidrocarburos el Mediterráneo oriental es, desde luego, una de sus dimensiones más problemáticas, pues arrastra consigo la cuestión chipriota, que lleva sin resolverse cerca de medio siglo. Igualmente, los acuerdos firmados entre Ankara y Trípoli para el acceso preferente de las empresas extractivas turcas a los yacimientos de gas del litoral libio han sido una fuente de inestabilidad no solo con Grecia y Chipre, sino también con otras potencias regionales como Egipto e, incluso, Francia.
La implicación directa de Erdogan y sus Fuerzas Armadas en los conflictos armados de Libia y Siria, además, ha convertido a Turquía en un aliado algo incómodo para ciertos actores, entre ellos la OTAN y la propia Unión Europea. Bruselas, además, se ha visto obligada, en las últimas semanas, a negociar un nuevo acuerdo migratorio para que Ankara retenga en su territorio a los refugiados procedentes de Siria y Oriente Próximo.
La gestión de los flujos de personas desplazadas de Idlib -en torno al millón desde el pasado mes de noviembre- es otra espina más en las relaciones entre Bruselas y el Gobierno turco, que ha utilizado repetidamente a los refugiados como espada de Damocles para obtener compensaciones económicas de las arcas comunitarias.
