Cinco menores migrantes han muerto bajo custodia estadounidense desde diciembre

Eloísa Cózar Navarrete

Pie de foto: Una niña pequeña acompañada de otros migrantes son conducidos por agentes de la Patrulla Fronteriza después de haber sido detenidos cuando cruzaron ilegalmente a los Estados Unidos desde México. AFP/JOE RAEDLE 

Hasta el día de hoy, un total de cinco menores han muerto desde el mes de diciembre mientras se encontraban bajo custodia de las autoridades estadounidenses tras ser detenidos cuando intentaban cruzar ilegalmente la frontera del país. El último, un joven de 16 años que, según ha expuesto la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en un comunicado, llevaba detenido desde el pasado 13 de mayo. Los cinco fallecidos eran niños y niñas de nacionalidad guatemalteca.A ellos se le suma el fallecimiento de una niña de 10 años de El Salvador el pasado mes de septiembre, cuando estaba bajo cuidado de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos pero que no se había dado a conocer su muerte hasta finales de este mes por las autoridades federales.

Habían pasado más de diez años desde que el último menor migrante murió bajo custodia de la Patrulla de Fronteras. Pese a que los fallecimientos son frecuentes entre adultos debido a las extremas condiciones del viaje, la violencia y la miseria de la que huyen, del año 2008 al 2018 las autoridades estadounidenses no han dado parte de ninguna muerte de menores que ya estuvieran bajo cuidado de las autoridades competentes. Es por ello que las defunciones de los dos primeros menores han causado especial conmoción, iniciando además audiencias en el Congreso y la apertura de nuevos procedimientos de investigación con los departamentos encargados del control de fronteras sobre el terreno, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y el del Departamento de Salud y Servicios Humanos. 

Este último fallecimiento también ha impulsado la apertura de nuevas instrucciones de investigación para intentar aclarar los motivos, pues a pesar de que la ley federal requiere explícitamente que el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense envíe a aquellos menores no acompañados que intentan cruzar la frontera a un padre o tutor legal o, como alternativa, a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos, el guatemalteco llevaba varios días más retenido por la Patrulla de Fronteras. Unas instalaciones que no son las más adecuadas para la rápida recuperación en caso de enfermedad o dolencia, sobre todo en el caso de los niños. 

Pie de foto: Un familiar junto al ataúd del migrante guatemalteco de dos años y medio Wilmer Josué Ramírez durante su velorio en su casa en la aldea de Olopa, Guatemala, el 25 de mayo de 2019. REUTERS/LUIS ECHEVERRÍA

No solo son alarmantes las cifras en torno a los fallecimientos de menores. Dentro del estudio ‘Migrantes Desaparecidos’, la Organización Mundial para las Migraciones ha estimado que 3.114 personas han muerto durante los procesos migratorios a lo largo del año 2018, de los cuales 341 han sido en la frontera entre México y Estados Unidos de enero a octubre, un total de 45 personas más que en el año 2017. En cuanto a los detenidos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ha confirmado que se produjeron un total de 460.294 detenciones entre octubre y abril de este año, la cota más alta desde el año 2009, cuando se arrestaron a más de 540.000 personas que pretendían cruzar ilegalmente al país. Solo en el mes de mayo, la propia oficina ha confirmado que han sido 45 los grupos ‘grandes’ detenidos, lo que supone un total de 7.900 personas, considerando ‘dramático’ este aumento de grupos ilegales por poner en peligro la seguridad de la frontera.

Mientras que los partidarios de la administración Trump continúan abogando por estas cuestionables medidas de ‘contención’ por las que los migrantes se agolpan en las fronteras, los centros de acogida se colapsan y no se respetan los protocolos de actuación en el caso de tratamiento de menores, los defensores de los derechos de los migrantes continúan denunciando los lugares remotos por los que tienen que cruzar la frontera y las separaciones familiares a las que muchas veces son sometidos padres e hijos. 

Estas separaciones familiares no son un caso aislado. En julio de 2017, el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense puso en marcha un programa experimental en el que comenzó a presentar denuncias penales contra aquellas personas adultas que cruzaban ilegalmente la frontera mientras, si iban acompañadas por menores, estos eran enviados a albergues juveniles gubernamentales. Tal y como informó el New York Times, la medida recaudó un éxito sin precedentes, reduciendo la cantidad de familias que eran detenidas en el cruce fronterizo de El Paso en casi dos terceras partes. 

Este supuesto triunfo sentó las bases para que se anunciara en mayo de 2018 el procesamiento penal de todas las personas que cruzaran de manera ilegal, lo que supuso la separación de miles de familias de forma inevitable, la llamada política de ‘tolerancia cero’. Pese a las incansables protestas, no se revocó hasta el 20 de junio, mediante la emisión de un decreto por el presidente Donald Trump. A pesar de la anulación de dicha medida, los datos más recientes recogidos y publicados señalan que para marzo de 2019 245 menores habían sido separados de sus familias desde la suspensión de ‘tolerancia cero’. Ahora, se siguen llevando a cabo dichas separaciones, pero aludiendo a otras cuestiones como malos tratos, posesión de drogas o enfermedad. 

Pie de foto: Una migrante de Honduras le pasa una niña a su padre después de saltar la valla fronteriza para entrar al lado de los EEUU a San Diego, California, desde Tijuana, México. AP PHOTO/DANIEL OCHOA 

Duros viajes y atención médica deficiente

Estas alarmantes cifras de muertes de menores que se han alcanzado en tan solo seis meses han llevado a la comunidad internacional a cuestionar las condiciones reales en las que son tratados los migrantes que llegan a las fronteras estadounidenses. Los casos de la mayor parte de los fallecimientos se atisban similares: los menores se aquejan de unas dolencias iniciales que son diagnosticadas, pero después no reciben la correcta atención médica ni son trasladados a unidades adecuadas para facilitar su más rápida recuperación.  

El alto número de muertes en la frontera, 341 de enero a octubre de 2018 según la Organización Mundial de Inmigraciones, es consecuencia según señalan expertos, de una causa dual: los duros viajes que emprenden los migrantes y la atención médica deficiente, especialmente peligrosa en el caso de los menores. 

En el primer supuesto, cada vez son más las familias, principalmente guatemaltecas, que tienen que buscar vías alternativas a las rutas habituales para intentar ingresar ilegalmente en los Estados Unidos. Según las cifras publicadas por el diario Los Ángeles Times, aunque la mayoría sigue optando por las tradicionales ubicadas en el Valle del Río Grande de Texas, un número creciente familias se deciden cada día por intentar atravesar por otros caminos, incluido el extenuante y largo tramo de la frontera conocido que cruza el sector de El Paso, en Texas. 

De hecho, el pasado 30 de mayo la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos anunció la detención de un total de 1.036 personas que intentaban cruzar al país por la frontera con México, cerca de El Paso. Este grupo, tal y como ha informado la propia Patrulla de Fronteras en su Twitter, constituye el grupo más grande de migrantes ilegales detenidos en la frontera cuando intentaban cruzarla. La cadena de televisión NBC ha concretado que, de las personas detenidas, 934 viajaban en familia, 63 eran menores no acompañados, y únicamente 39 eran adultos que se trasladaban solos. Unos datos que ponen sobre la mesa de nuevo la gran cantidad de familias que emprenden el viaje e incluso menores sin acompañamiento. Muchos de ellos para reencontrarse con sus familiares al otro lado de la frontera, otros simplemente para intentar buscar una vida mejor. Todos provenían de Honduras, el Salvador y Guatemala. 

Pie de foto: Migrantes centroamericanos en un recinto donde están detenidos por el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados, en El Paso, Texas, EE.UU. el 27 de marzo de 2019. REUTERS/JOSE LUIS GONZALEZ 

A este respecto, el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump publicó en su Twitter la noticia, acompañada de un vídeo de una cámara de seguridad de la frontera, e hizo un llamamiento a los demócratas: “Los demócratas necesitan permanecer junto a nuestra increíble Patrulla Fronteriza y arreglar finalmente las brechas en nuestra Frontera”.  

En el segundo escenario, el tema de la atención médica deficiente ha cobrado especial importancia a raíz de las muertes de los dos primeros menores el pasado mes de diciembre. Fue entonces cuando el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense emitió un memorándum en el que anunciaba que cada inmigrante menor de 18 años debería ser sometido a una evaluación médica obligatoria. Pese a ello han sido numerosos las declaraciones de migrantes que aseguran que dicho reconocimiento no se ha cumplido, e incluso que la atención sanitaria únicamente llega cuando la situación empeora. 

En un artículo publicado por el New York Times en marzo de este año, el diario neoyorkino ya puso sobre la palestra las duras condiciones médicas a las que están sometidos los migrantes provenientes de países centroamericanos, gracias a un extensa investigación sobre el terreno, entrevistas a los migrantes y trabajadores: “Un promedio de 2,200 migrantes por día ahora cruzan la frontera de 1,900 millas de la nación con México, muchos de ellos después de viajes agotadores que los dejan heridos, enfermos o muy deshidratados. Sin embargo, la mayoría de las instalaciones de Aduanas y Protección Fronteriza de la nación a lo largo de la frontera carecen de instalaciones, personal o procedimientos suficientes para evaluar a fondo las necesidades de salud o proporcionar más que la atención de emergencia básica, una situación que ha provocado grandes peligros médicos”. 

Pie de foto: Migrantes en un recinto, donde son retenidos por el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, después de cruzar la frontera entre México y EEUU ilegalmente y entregarse para solicitar asilo, en El Paso, Texas, EEUU. REUTERS/LUKAS JACKSON

Los últimos pasos en el control de la migración 

Los últimos pasos del presidente estadounidense Donald Trump para intentar controlar la migración ilegal ha virado hasta poner en su punto de mira directamente a las autoridades de los países implicados. A finales de abril el mandatario anunciaba la imposición de un arancel del 5% a todas las importaciones mexicanas que se programó para entrar en vigor el próximo 10 de junio, como una vía para intentar presionar a los mandatarios del país, llamándolos a actuar con más mano dura en el tema de las migraciones ilegales. En Twitter, proclamó que la tarifa se incrementaría hasta que el problema se remediara por completo. 

El 5 de junio tuvo lugar una reunión en la Casa Blanca entre representantes de las autoridades estadounidenses y mexicanas. Tal y como anunció en Twitter Donald Trump: para él “los avances se están produciendo, pero no son suficientes. Ha habido un total de 133.000 arrestos en las fronteras por México y los demócratas se niegan a ceder en la reforma migratoria”. Concluyó afirmando que, si no se saca nada en claro de estas negociaciones que se retomarán los próximos días, su amenaza de subir los aranceles progresivamente se llevará a cabo. 

Paralelamente, según ha informado EFE, organismos empresariales de Estados Unidos y de México han formalizado este miércoles una alianza para abordar los desafíos migratorios en la frontera entre ambos países y ayudar a sus gobiernos a mitigar la situación en la región centroamericana de la que proceden la mayoría de los migrantes. Según el Consejo Coordinador Empresarial de México, esta alianza permitirá a ambos gobiernos diseñar una ruta estratégica de acción para encontrar y abordar soluciones frente a la galopante crisis migratoria que viven las regiones centroamericanas. Así mismo dijeron estar dispuestos a colaborar en el ámbito público y privado para ayudar a fomentar el empleo en países como Guatemala, El Salvador y Honduras para intentar mejorar la calidad de vida y detener las masivas salidas que se producen diariamente. 

Pie de foto: Greisa Martínez Rosas, de United We Dream, en el Capitolio de Estados Unidos el día en que la Cámara de Representantes tiene previsto votar sobre la Ley del Sueño y la Promesa en Washington, EEUU, el 4 de junio de 2019. REUTERS/LEAH MILLIS 

Por otro lado, el pasado mes de mayo Estados Unidos y Guatemala firmaron un Memorando de Cooperación, destinado a reforzar el control y el flujo de personas ilegales entre ambos países. Fue Kevin McAleenan, secretario del Departamento de Seguridad Nacional, quien firmó personalmente el acuerdo en el país centroamericano. Ambos países se han comprometido a llevar a cabo las medidas necesarias para combatir el tráfico de personas indocumentadas, así como mejorar las investigaciones en torno a acciones criminales que sucedan en la frontera. Una declaración de intenciones entre ambos países: recordemos que un alto porcentaje de los migrantes que viajan a Estados Unidos son guatemaltecos y lideran también el ránking de detenciones por parte de la Patrulla Fronteriza. 

Un hilo de esperanza ha recorrido también a los migrantes que esperan para la obtención de la nacionalidad estadounidense. Este martes, mientras se escuchaban gritos de Yes, we cande fondo, la Cámara Baja de Estados Unidos daba luz verde a un proyecto que para que los amparados por los programas de Acción Diferida a Llegados en la Infancia (DACA), Estatus de Protección Temporal (TPS) y Partida Forzada Diferida (DED) puedan acceder a la ciudadanía. Aprobada por una mayoría demócrata en el Congreso, ahora queda que pase por el Senado, de mayoría conservadora. 

Estos trágicos casos han vuelto a situar a la infancia en el epicentro del debate en torno a la migración: pura pólvora en medio de los últimos pasos que está dando el presidente Donald Trump para detener la inmigración ilegal vecina. Una mano dura que no solo está afectando a miles de personas que huyen de condiciones extremas en busca del utópico ‘sueño americano’, sino que también está afectando especialmente al colectivo más vulnerable: los menores. Más allá de las políticas y de las promesas, proteger a los niños es cosa de todos.