La nueva ley pretende “contrarrestar la delincuencia en las ciudades” e incluye también la legítima defensa

Colombia aprueba la polémica Ley de Seguridad Ciudadana

AFP/GUILLERMO LEGARIA - Cámara de Representantes de Colombia durante una sesión

El Congreso de Colombia ha aprobado este miércoles el proyecto de ley impulsado por el Gobierno de Iván Duque. Con 60 votos a favor y 10 en contra ha sido aprobada la ley de Seguridad Ciudadana que pretende fortalecer los instrumentos jurídicos y económicos para reducir la delincuencia en las ciudades y regular las armas “menos letales”.

El proyecto de ley cuenta con 68 artículos que pretenden, entre otras cosas, imponer penas superiores a 58 años para quienes cometan delitos contra niños, fuerza pública, periodistas y defensores de los derechos humanos. Con la ley también se pretende castigar la impunidad creando la figura de “peligro de para la impunidad” en relación con aquellas personas que han delinquido y han sido puestas en libertad por la Policía. Por su parte, el porte de armas y elementos que presenten riesgos para la comunidad podrían ser castigados de delito penal, además penar elementos que cubran la identidad del delincuente. 

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Otro de los enunciados más característicos de este proyecto es la protección de la legítima defensa. La ley pretende eliminar la responsabilidad penal cuando se esté protegiendo la propiedad privada, especialmente vivienda o vehículos privados, excluyendo establecimientos públicos. Atentar contra el sistema de transporte público o instalaciones militares o de policía también estaría penada por ley.

No obstante, la ley de Seguridad Ciudadana ha sido recibida con una gran oposición. Los congresistas contrarios a la ley se negaron a votar el proyecto al considerar que “viola de manera abierta y flagrante principios fundamentales de la Constitución”, haciendo referencia al derecho a la vida y a la movilización social. Iván Cepeda ha sido uno de los congresistas que ha refutado estos argumentos. También el senador opositor Roy Barreras ha asegurado que demandará la Corte Constitucional, defendiendo en la Cámara que la ley “criminaliza la protesta, legitima la justicia por mano propia, legaliza las formas de paramilitarismo urbano y autoriza disparar a los jóvenes”. 

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A estas protestas se suman los datos de varias organizaciones como Human Rights Watch o el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que registran que son 28 personas las que han muerto por el uso excesivo de la fuerza por parte la Policía.

Por su parte, y ante estas protestas, el presidente colombiano, Iván Duque, ha defendido la iniciativa afirmando que “la ley de Seguridad Ciudadana es contra los criminales”, negando las acusaciones de la oposición. “Yo creo que los colombianos estamos cansados de la reincidencia criminal. Aquí, con esta norma, estamos imponiendo sanciones ejemplares cuando hay reincidencia”, añadía el jefe del Estado. Aludía también a que la norma fue aprobada por amplia mayoría en el Congreso de la República por la interpretación del sentimiento ciudadano. 

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El ministro de Defensa, Diego Molano, también se sumó a la defensa de la ley y aclaró que el proyecto no da permiso para dispara a la ciudadanía o asesinar personas, sino que busca establecer la legítima defensa en un proceso judicial. “La Cámara de Representantes de le da un apoyo fundamental a la ley de seguridad ciudadana, una ley hecha para el ciudadano de a pie, que acaba con la reincidencia y la impunidad de los criminales que roba, extorsionan y vandalizan”, añadió el jefe de cartera.

Coordinador de América Latina: José Antonio Sierra.
 

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