Colombia cierra junio con las peores cifras de la pandemia
Colombia está inmersa en una espiral de crisis sin visos de finalizar. El país latinoamericano atraviesa en las últimas semanas una situación crítica marcada por las fuertes protestas, en las que se han reproducido los choques violentos entre la Policía y los manifestantes, así como por un nuevo revés de la COVID-19 que se ha saldado con más de 17.000 fallecidos en el último mes.
Las cifras catalogan a junio como el peor mes para Colombia desde el inicio de la pandemia. Las autoridades han contabilizado un total de 17.000 fallecidos y 800.000 nuevos contagios durante los últimos 30 días, un nuevo récord de víctimas mortales de la COVID-19 en el país.
Los datos del Ministerio de Salud revelan una fuerte tendencia alcista. La media diaria de contagios ha rondado los 27.000 –10.000 más que en mayo– y la media de decesos diaria superó las 550 en junio, llegando incluso registrar 700 personas fallecidas en tan solo una jornada.
En esta dinámica, este jueves se han contabilizado 610 fallecidos y 27.908 nuevos casos. Aunque en las últimas 24 horas también se han recuperado 27.846 pacientes, Colombia registra el índice de muertes por millón de habitantes más elevado del mundo por delante de países como Botsuana, Brasil e India.
El país latinoamericano atraviesa la tercera ola de la pandemia ante la incapacidad de coordinar una respuesta sanitaria contundente. Desde marzo de 2020, las autoridades contabilizan un total de 107.000 fallecidos y más de 4 millones de contagios. Además, aún se mantiene la presión hospitalaria en varios puntos del país.
Sin embargo, el Plan Nacional de Vacunación impulsado en febrero avanza con relativo éxito. Las autoridades sanitarias inocularon ayer un total de 457.000 nuevas dosis en un país que ocupa la cuarta posición de la región en materia de vacunación, tan solo por detrás de Brasil, Chile y Argentina.
Hasta el momento, Colombia ha administrado unas 18 millones de vacunas. El 22,6% de la población ha recibido una dosis, mientras que el 13,2% tiene ya la pauta completa. Por lo tanto, más de 6 millones y medio de colombianos están inmunizados frente al virus.
Además, un nuevo lote de 1 millón de vacunas de Pfizer aterrizó en Colombia entre el martes y el miércoles de esta semana. El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, declaró que han recibido 25 millones de vacunas “sin contar las donaciones que están por llegar”.
Entre los donativos que recibirá Colombia en las próximas semanas se cuenta con el de Estados Unidos. El presidente Joe Biden se comprometió con su homólogo colombiano para el envío de 2,5 millones de dosis durante la primera conversación entre los líderes desde la llegada del demócrata a la Casa Blanca.
“Esto significa 5 millones más de vacunas de las que teníamos proyectadas en febrero”, añadió. El titular de la cartera de Sanidad trasladó que la capacidad máxima de vacunación “estaría alrededor de las 540.000 dosis diarias”. A este ritmo, Colombia alcanzaría a finales de año la meta de inmunización para más de 35 millones de personas.
Bajo este pretexto, el presidente Iván Duque decidió el pasado 8 de junio reabrir las fronteras y reducir las prohibiciones con el objetivo de reactivar la maltrecha economía. Sin embargo, el significativo aumento de los casos y la grave situación epidemiológica que atraviesa el país ha provocado que arreciasen las críticas contra el líder del Ejecutivo desde varios estamentos civiles.
El clima de hostilidad en Colombia eclosionó con la reforma tributaria impulsada en abril por el Gobierno de Iván Duque. Esta propuesta contenía aspectos lesivos para la clases medias y bajas, como una subida impositiva que ahondaría en la fuerte desigualdad económica, según los actores sociales.
La medida fue el detonante para el nuevo estallido de las protestas, una continuación de las que se vivieron en noviembre de 2019. Las concentraciones registradas en varios puntos del país, sobre todo en Cali, obligaron al presidente a dar marcha atrás en el proyecto.
Pese a la retirada de la reforma fiscal, las protestas se prolongaron durante varias semanas como respuesta ante la severa represión policial y tan solo aminoraron por el alto índice de contagios.
Las cifras oficiales arrojan un total de 25 fallecidos durante las movilizaciones, con “cuatro homicidios totalmente esclarecidos”. Sin embargo, el director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, informó el martes que la ONG ha recibido 81 denuncias “creíbles” de asesinatos en las protestas.
La organización ha confirmado 40 de ellos, entre los que se encuentran 36 manifestantes o transeúntes, tres policías y un funcionario, según Vivanco.
En este contexto, el helicóptero del presidente Duque sufrió el pasado viernes un ataque mientras sobrevolaba la región sureña de Catatumbo. La aeronave recibió una ráfaga de disparos que obligaron a la comitiva a realizar un aterrizaje de emergencia minutos antes de llegar a la ciudad de Cúcuta, fronteriza con Venezuela.
El presidente iba acompañado por el gobernador del Departamento de Norte de Santander, Silvano Serrano, y por los ministros de Defensa e Interior, Diego Molano y Daniel Palacios. “Tanto el dispositivo aéreo como la capacidad de la aeronave evitaron que ocurrirá algo letal”, detalló Duque.
El gabinete de la presidencia difundió las imágenes en las que se veían los impactos de bala. Algunos de los proyectiles alcanzaron las hélices en un ataque catalogado como “atentado cobarde” por el presidente.
Aún no ha trascendido el autor material de los hechos, sin embargo, las sospechas recaen sobre numerosos grupos armados que operan en la zona, como las ya extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) o el Ejército de Liberación Nacional (ELN). En cualquier caso, el mandatario aseguró que el intento de magnicidio no le haría dejar de combatir el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado.
“El mensaje es que Colombia siempre es fuerte frente al crimen y nuestras instituciones están por encima de cualquier amenaza”, sentenció el líder del Ejecutivo en unas palabras que constituyen toda una declaración de intenciones en el ejercicio de su mandato.
Coordinador América Latina: José Antonio Sierra.
