Colombia registra 35 líderes sociales asesinados desde que comenzó el año
Desde que comenzó 2021, la cifra de líderes sociales asesinados en Colombia ha ascendido a 35 según denuncia el Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). El último asesinato, el del líder indígena Gilberto Findicue, tuvo lugar el pasado día 23 por parte de un grupo de hombres armados que además trataron de secuestrar a cuatro comuneros.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, condenó el asesinato remarcando que “habrá mucho por hacer mientras haya un solo líder social en peligro” y ha instado a las instituciones a “adoptar medidas que permitan enfrentar los orígenes multicausales de los riesgos que afectan a los líderes sociales y personas defensoras de Derechos Humanos”.
La institución ya ha puesto en marcha la denominada estrategia “Estamos Contigo”, que busca prevenir, proteger integralmente, garantizar el acceso a la justicia y la no estigmatización de organizaciones sociales, líderes y colectivos de defensa de derechos humanos.
La matanza de activistas es una problemática que Colombia lleva arrastrando desde hace muchos años y que los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y las FARC no han detenido. Tan solo en 2020, Indepaz notificó el asesinato de 310 líderes sociales, indígenas, afrocolombianos, campesinos, miembros del colectivo LGTB y 64 firmantes del Acuerdo de Paz, siendo el año más violento para estos colectivos. Desde la firma de los acuerdos de paz en la Habana, se ha alcanzado la astronómica cifra de 1.140 personas asesinadas.
El sindicalista Diego Betancourt, el campesino Alfredo García, el líder comunal Robinson Quino, la indígena Luz Aída Conchave son solo algunos de los activistas cuyas vidas fueron arrebatadas este año. El líder social Julián Esneider Muñoz, que recibió seis impactos de bala cuando salía de su casa camino a la peluquería, también forma parte de esta lista. Este joven de 24 años formaba parte de un colectivo de jóvenes llamado “Prisioneros de Esperanza”, cuyo fin es alejar a niños y adolescentes de la violencia y la delincuencia.
El informe de 136 páginas que presentó Human Rights Watch el pasado mes de febrero es demoledor. Bajo el título de ‘Líderes desprotegidos y comunidades indefensas: Asesinatos de defensores de derechos humanos en zonas remotas de Colombia’, documenta y detalla casos ocurridos por todo el país en el último lustro. La ONG también denuncia en su informe “la deficiencia” de los esfuerzos del Gobierno colombiano por prevenir estos crímenes y proteger a las potenciales víctimas.
“En los últimos años, Colombia ha tenido el mayor número de defensores de derechos humanos asesinados en América Latina. Mientras tanto, la respuesta del Gobierno ha estado más enfocada en elaborar discursos y anuncios que en adoptar medidas que tengan impacto en los territorios”, apuntó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW. “El Gobierno del presidente Iván Duque condena frecuentemente estos homicidios, pero la mayoría de los programas gubernamentales para prevenir estos asesinatos apenas funcionan o tienen graves deficiencias”, concluyó.
Tal y como apunta HRW, los asesinatos de defensores de derechos humanos han aumentado desde el fin de las FARC. Los considerados “disidentes”, es decir, aquellos miembros que rechazaron firmar el Acuerdo de Paz, han llenado el vacío que dejó la antigua organización guerrillera y se disputan con otras organizaciones territorios en los que desarrollan actividades ilegales.
El control de la tala y minería ilegal, y el cultivo de cocaína, entre otras actividades ilícitas, son motivos de disputa entre estos grupos. Uno de los puntos que recogía el Acuerdo de Paz era la sustitución de cultivos ilegales de coca por otro tipo de cultivos para que los campesinos pudieran ganarse la vida de forma lícita y dejar de estar sometidos a los grupos armados. Sin embargo, hasta la fecha se han dado pocos pasos y muchos campesinos se ven obligados a seguir sometidos o a abandonar su tierra para evitar ser asesinados.
El informe de HRW concluye que a pesar de que Colombia cuenta con leyes y mecanismos suficientes para prevenir crímenes contra defensores de derechos humanos, su implementación ha sido muy deficiente.
Por ejemplo, la Unidad Nacional de Protección, es una entidad dependiente del Ministerio del Interior que desde 2011 se encarga de ofrecer protección individual a defensores de derechos humanos que hayan denunciado amenazas ante la Fiscalía. El problema es que gran parte de las personas asesinadas no reciben amenazas o no habían podido denunciarlas. Por otro lado, aunque también otorga ayuda a comunidades y colectivos, el limitado presupuesto hace que el alcance de su actividad sea verdaderamente limitado, dejando desprotegida a mucha gente.
Un aspecto que sí funciona correctamente es el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, que se encarga de monitorear posibles riesgos. No obstante, termina siendo en cierta medida inoperante ya que las autoridades nacionales, departamentales y municipales en muchas ocasiones no responden a las alertas emitidas por lo que el impacto de este sistema termina siendo casi inexistente.
A la hora de juzgar a los culpables de estos asesinatos, la Fiscalía General aprobó directivas y creó una unidad especializada para investigarlos. Desde 2016 han logrado imponer 59 condenas en este sentido. Pero el reducido número de jueces, fiscales e investigadores en esta área dificulta el desmantelamiento de los grupos armados responsables. Además, de las 59 condenas tan solo diez corresponden a los instigadores de los crímenes o los autores intelectuales, dejando intactas la mayoría de las cúpulas de estos grupos.
El Ejecutivo, por su parte, no ha convocado la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, entidad encargada de elaborar políticas dirigidas a poner fin a los grupos criminales.
En términos generales, sigue faltando voluntad política y recursos que pongan fin a la violencia por lo que con toda seguridad a finales de 2021 la cifra de asesinados se habrá incrementado exponencialmente, dejando otro año sangriento para la historia de Colombia.
Coordinador América Latina: José Antonio Sierra.
