Concluyen las negociaciones entre el Gobierno y la oposición en Nicaragua

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Henar Hernández

Pie de foto: La delegación de la Alianza Cívica de la oposición, durante una conferencia de prensa en la que denunció que el gobierno nicaragüense no cumplió con los acuerdos firmados como parte de las conversaciones de paz en las que se comprometió a restaurar el derecho de protesta, en Managua. AFP/MAYNOR VALENZUELA

El Gobierno de Nicaragua y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, junto con otros grupos extraparlamentarios contrarios a Daniel Ortega han acordado suspender las negociaciones sobre la crisis política, social y humanitaria que asola al país desde que estallaran las protestas en abril de 2018 contra la reforma del sistema de la seguridad y social, que posteriormente se extendieron contra la totalidad del Gobierno del presidente Daniel Ortega.

Esta ronda, que se inició a finales de febrero, se constituye como la última fase del proceso de negociación – en total, se han desarrollado 9 sesiones – mantenido entre ambas partes y que ha contado con la presencia de personalidades como Waldemar Stanislaw Sommertag, nuncio apostólico nombrado por el Papa Francisco, y Luis Ángel Rosadilla, el enviado especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Sin embargo, la ronda ha sido interrumpida en reiteradas ocasiones por la falta de acuerdo entre las partes, pero fue finalmente reanudada el 17 de marzo bajo la promesa de Daniel Ortega de excarcelar a un número significativo de personas detenidas por participar en las manifestaciones contra el Gobierno.

Las autoridades nicaragüenses ya informaron de la liberación de un centenar de presos el 27 de abril con motivo de la primera reapertura de las conversaciones con la oposición y, a mediados de marzo, otras 50 personas fueron puestas en libertad con el “beneficio legal de convivencia familiar y otras medidas cautelares”. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil denuncian que en Nicaragua, a 1 de abril de este año, hay registrados al menos 780 presos ‘políticos’ del Gobierno de Ortega, detenidos en la denominada “Operación Limpieza”, llevada a cabo por las autoridades contra las personas que participaban en las protestas y en la que se cometieron torturas y abusos policiales. En este sentido, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó, el pasado 22 de marzo, una lista a la OEA con los nombres de 647 manifestantes presos, entre los que no se incluyen los 150 ya liberados por el Gobierno.

Pie de foto: Erika Guevara (2-L), Directora de América de Amenesty International, habla junto a la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Nunez (L), Graciela Martinez (2-R) y la celebridad nicaragüense y defensora de los derechos humanos Bianca Jagger, durante la publicación de un informe sobre las medidas de represión utilizadas por las fuerzas de seguridad nicaragüenses durante los enfrentamientos con estudiantes, en Managua. AFP PHOTO/INTI OCON

En esta línea, Alianza Cívica ha denunciado que, a pesar de haber alcanzado dos acuerdos en materia de “liberación de personas privadas de libertad” y “para fortalecer los derechos y garantías”, no se ha logrado un entendimiento sobre las cuestiones de justicia y democracia y sobre asuntos específicos como la reparación de víctimas o las reformas electorales. Además, el grupo opositor ha asegurado, en una carta enviada a los dos “testigos y acompañantes internacionales” – Sommertag y Rosadilla – que el Gobierno nicaragüense ha incumplido tanto la propia Constitución como otra serie de acuerdos de la mesa de negociación relativos a los derechos de reunión pacífica y libertad de expresión, entre otros, y que, por estos motivos, se ha dado por concluida la última ronda de contactos.

Del mismo modo, la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, ha expresado su escepticismo sobre las negociaciones al considerar que “con Daniel Ortega no hay posibilidad alguna de obtener una solución”, puesto que, según la activista, el presidente ha faltado a su palabra en repetidas ocasiones y que, por tanto, las únicas medidas para acabar con la represión de su administración son las sanciones y la presión de la comunidad internacional. Para tratar estos asuntos, esta semana se han reunido en la sede de Naciones Unidas en Ginebra Núñez, en representación del Cenidh; el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrāo; Roger D. Casterns, del departamento de Estado de Estados Unidos; y otra serie de expertos bajo el lema “Derechos, represalias y represión en Nicaragua”. Asimismo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ya emitió, el pasado 22 de marzo, una resolución en la que “Insta al Gobierno de Nicaragua a que respete los derechos a la libertad de reunión pacífica, de asociación y de expresión, así como la independencia de los medios de comunicación y del poder judicial, y exhorta al Gobierno a que ponga en libertad a todas las personas detenidas arbitraria o ilegalmente, respete las debidas garantías procesales y vele por que las condiciones de reclusión se ajusten a sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos”.

No obstante, parece que la puerta del entendimiento no se ha cerrado del todo, pues la delegación del Gobierno encargada de las negociaciones ha afirmado que “la mesa de negociación considera necesario darse un tiempo para reflexionar y hacer consultas hasta lograr las condiciones que permitan retomar el debate sobre dichos temas", por lo que podría volver a abrirse un nuevo periodo de contactos entre ambas partes a medio plazo.