Los abogados de Izmir han organizado una sentada para protestar en contra del proyecto de ley que socava su independencia

Continúa la lucha de los abogados en Turquía por su independencia

photo_camera AFP/ADEM ALTAN - Abogados protestando participan en una manifestación contra un proyecto de ley del gobierno sobre el cambio del sistema de colegios de abogados el 10 de julio de 2020, en Ankara

La deriva autoritaria y la represión política a la que se han visto sometidas decenas de abogados, periodistas y académicos desde la reforma constitucional de 2017 ha puesto en peligro los derechos y las libertades de los ciudadanos de Turquía y ha transformado el equilibrio de poderes. El referéndum del 2017 en Turquía cambió por completo la historia del país. La reforma constitucional que aprobaron los ciudadanos por la mínima aquel día convirtió el por aquel entonces sistema parlamentario, en un sistema presidencial, en el que Erdogan, como “hombre fuerte” del país, tiene la autoridad para controlar los tres poderes del Estado.

En Turquía, el poder judicial está constituido por un sistema de juzgados de primera instancia, la Audiencia Nacional de Apelaciones y el Tribunal Constitucional. Este último trata todos aquellos asuntos relacionados con la compatibilidad de leyes y actos administrativos con la Constitución. Sin embargo, en algunos casos también tiene el poder de actuar como Tribunal Superior. 

Los abogados que protestan sostienen carteles en los que se lee"La defensa no se rinde", "Sin defensa no hay justicia" y "No hay colegio de abogados"  AFP/ADEM ALTAN

El movimiento del poder está orientado a aumentar exponencialmente la injerencia gubernamental dentro de los cuerpos de abogados para poder influir en esta rama importante del sistema jurídico nacional. Lo cual ha desatado las protestas de los letrados, la última en el Colegio de Abogados de Izmir, en el oeste de Turquía donde se organizó una sentada, donde emitieron una declaración conjunta, pidiendo al Ejecutivo que revocase un proyecto de ley que pone en peligro la efectividad y la independencia de las instituciones. Asimismo, pidieron al régimen que detuviera los ataques contra miembros de la profesión.

Mientras, los abogados turcos siguen manifestándose contra el proyecto de ley presentado por el oficialista Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP, por sus siglas en turco) que tiene la intención de descentralizar los colegios de abogados mediante la implantación de asociaciones alternativas en importantes enclaves como Estambul, Ankara y Esmirna, donde están colegiados prácticamente la mitad de todos los letrados del país. Junto a la citada descentralización, el texto legal que promueve el AKP en el Parlamento turco persigue el objetivo también de cambiar el sistema electoral de la junta ejecutiva de las diversas asociaciones de abogados de Turquía para romper la hegemonía de las tres organizaciones más grandes de cara a que las nuevas entidades que se quieren integrar tengan un mayor peso en las corporaciones de abogados. 

El presidente turco Recep Tayyip Erdogan (I) habla con el presidente del Tribunal Supremo de Apelaciones, Ismail Rustu Cirit AFP/ADEM ALTAN

La ausencia de confianza en los jueces y fiscales, leales al Gobierno de Erdogan y el continuo encarcelamiento de abogados ha provocado que aquellos que quieran alzar su voz y mostrar su opinión tengan que pagar un alto precio. Tras el fallido golpe de Estado de 2016, son cada vez más los abogados y activistas que coinciden con el hecho de que es muy común la práctica de cambiar de juez durante un juicio. Los abogados consideran que se trata de una forma para ejercer control sobre los tribunales, el presidente del Colegio de Abogados de Estambul, Mehmet Durakoglu, advierte de que, al utilizar el poder judicial como instrumento político para juzgar a sus opositores, el Gobierno de Erdogan “ha logrado lo que no pudo hacer por medios políticos” a través de las elecciones. 

Una foto tomada el 10 de mayo de 2019 muestra una gran pancarta que cuelga del edificio del Colegio de Abogados de Ankara y en la que se lee "Estamos en completa confrontación" en el centro de Ankara AFP/ADEM ALTAN

Casi cuatro años después de que tuviera lugar este golpe de Estado, más de 91.000 personas han sido encarceladas y alrededor de 150.000 personas han sido despedidas por supuestos vínculos con Fethullah Gülen. Las detenciones no han dejado de producirse. Por ejemplo, la Policía de Turquía suele lanzar operaciones para detener a personas, entre funcionarios y militares, que podrían tener vínculos con el movimiento del predicador islamista Fethullah Gülen (FETÖ). Y con la llegada de la pandemia del coronavirus, la respuesta del Gobierno ha ido en la misma línea.

Desde aquel fallido golpe de Estado las autoridades turcas lanzan regularmente campañas de arresto con el pretexto de anular a la comunidad de Gülen, lo que es paradójico ya que el clérigo fue un gran aliado de Erdogan durante sus primeros años en el poder. Esta purga ha puesto en peligro la imparcialidad y el sistema de justicia de Turquía. El presidente de la Corte Suprema de Apelaciones de Turquía, Ismail Rustu Cirit cree que una de las principales consecuencias es la escasez de jueces y fiscales experimentados, según ha explicado a la agencia de noticias Reuters. Además, la ausencia de personal especializado y las constantes detenciones han aumentado la carga de trabajo del sistema judicial turco. 

 Abogados veteranos que protestan contra un proyecto de ley que regula la organización de los colegios de abogados AFP/ADEM ALTAN

El presidente Erdogan ha encontrado en el poder judicial un instrumento de control de poder. Los miles de jueces y fiscales que han sido despedidos desde el fallido golpe de Estado han sido reemplazados por jóvenes recién graduados sin apenas experiencia. Al menos el 45% de los aproximadamente 21.000 jueces y fiscales de Turquía tienen ahora tres años de experiencia o menos, según los cálculos ofrecidos por la agencia de noticias Reuters a partir de los datos del ministerio de Justicia. 
 

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