Coronavirus y desigualdad: un círculo vicioso
A lo largo de las últimas semanas, epidemiólogos y autoridades han insistido en que existen, fundamentalmente, dos factores de riesgo que hacen más vulnerables a las personas frente al coronavirus: la edad avanzada y el padecimiento de patologías previas. A estas dos circunstancias de índole personal debe añadirse otra económica: la pobreza acrecienta el impacto que puede tener el patógeno debido a la falta de infraestructuras sanitarias o medios de prevención.
Este problema no es exclusivo de las sociedades más empobrecidas. Se da también en aquellos países que cuentan con un elevado nivel de desarrollo económico. Dentro de este grupo, los que más sufren son los que presentan unos mayores índices de desigualdad. Estados Unidos es un ejemplo claro. Dentro de la Unión Europea, España se encuentra entre los cinco países en los que las diferencias de ingresos entre ricos y pobres son mayores, según datos de Eurostat.
El perjuicio más evidente se sitúa en lo relativo al acceso a la sanidad. Quizá, el ejemplo más claro para observar esta realidad sea Estados Unidos. El gigante americano presenta uno de los sistemas menos abiertos del mundo, con una sanidad pública casi inexistente. Muchos trabajadores dependen de costosos seguros privados si quieren recibir atención médica. Si bien es cierto que el Gobierno no está cobrando a los ciudadanos de inicio por hacerse las pruebas del coronavirus, las cosas cambian una vez que se demuestra que la persona está contagiada y precisa tratamiento.
No se conoce cuál sería el montante total al que podría ascender la atención médica para un paciente con coroanvirus en Estados Unidos. Las cifras disponibles parten de estimaciones. Una visita a urgencias cuesta, de media, casi 1.900 dólares, lo que supone un incremento de un 176% en diez años, según un informe publicado a finales de 2019 por el Health Care Cost Institute (HCCI). En el caso del COVID-19, esa cantidad podría incrementarse, debido a todos los procedimientos de prevención y profilaxis que el virus lleva asociado.
Además, se calcula que cerca de 32 millones de trabajadores estadounidenses -algo más de una cuarta parte de los asalariados del país- no tienen reconocida en sus contratos la baja pagada por enfermedad. Las cifras son más graves aún en el caso de aquellos que ganan menos. Según el laboratorio de ideas CLASP, el porcentaje aumenta hasta el 47% cuando se mira al primer cuartil de trabajadores según sus niveles de ingresos. El balance de los trabajadores a media jornada es todavía peor. Cabe recordar que Estados Unidos es ya el país que ha registrado oficialmente más contagios por COVID-19 en todo el mundo.
No obstante, las diferencias en el impacto del virus no se reducen simplemente a la facilidad de acceso a la atención sanitaria. Una investigación publicada en 2008 por la Asociación Americana de Sociología sugiere que aquellos con menores ingresos son más proclives a desarrollar patologías como la diabetes o enfermedades cardiovasculares. Combinado con las condiciones del sistema sanitario, puede multiplicar hasta por 10 la probabilidad de fallecer en caso de padecer la enfermedad, según el Centro Chino para Enfermedades, Control y Prevención.
Los trabajadores que ocupan puestos que requieren menor cualificación -y, por consiguiente, están peor retribuidos- son, a menudo, los que más expuestos han estado al virus en aquellos países europeos donde ya se ha decretado oficialmente el confinamiento, entre ellos, España.
Como explica Lara Contreras, responsable de incidencia y contenidos de Intermón Oxfam, a Newtral, las personas con menos ingresos son, con mucha frecuencia, los que menos posibilidades tienen de optar a alternativas como el teletrabajo. Por esa razón, se ven obligados a seguir saliendo a la calle para ocupar sus puestos de manera presencial. Ello implica, además, seguir haciendo uso del sistema de transporte público. El problema, según Contreras, se acrecienta cuando en estos hogares hay niños o personas dependientes.
Si las desigualdades económicas pueden agravar la expansión del COVID-19, la crisis derivada de esta pandemia global puede, del mismo modo, exacerbar las diferencias entre las personas con más y menos ingresos. En términos macroeconómicos, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya ha alertado de que la recesión derivada de la drástica disminución de la actividad económica podría ser peor incluso que la 2008.
La paralización del sistema productivo supondrá efectos muy negativos, sobre todo, para autónomos y pequeñas y medianas empresas. En algunos casos, pueden verse obligadas a reducir plantilla o, incluso, a echar el cierre. Es previsible que todo ello repercuta para mal en las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la población.
Por contextualizar, entre 2008 y el 2013, además, el producto interior bruto de España se redujo en más de un 8% y fueron destruidos cerca de cuatro millones de puestos de trabajo. Todo ello tuvo su reflejo en la vida diaria de los ciudadanos, pero los que tenían menos ingresos fueron los que salieron perdiendo. Desde el inicio de la crisis de 2008, España es el segundo país de la Unión Europea en el que más aumentado la diferencia entre el 10% de la población más pobre y el 10% más rico, solo superado por Bulgaria, según el informe ‘Desigualdad 1- Igualdad de oportunidades 0’ publicado a principios de 2019 por Intermón Oxfam. Si, efectivamente, se cumplen las previsiones dictadas por el FMI, el impacto de la actual crisis podría ser, como mínimo, igual de destructivo.
A futuro, la brecha en el ámbito educativo es otra derivada de este problema, pues significa, por desgracia, menos igualdad de oportunidades y más desigualdad en los próximos años. La educación a distancia forzada por el confinamiento no es igual para todos, puesto que una de cada diez familias en España no dispone de conexión a internet. En esas condiciones, muchos niños quedan rezagados con respecto a los demás al no poder seguir las actividades propuestas en las aulas virtuales.
Existen, por tanto, razones para pensar que la expansión del virus y la desigualdad en el reparto de la riqueza en una sociedad son dos variables que están interconectadas y se retroalimentan. Aquellos con menos posibilidades económicas están más expuestos y, además, en países donde no hay sistemas sanitarios públicos fuertes, encuentran grandes obstáculos para tratarse la enfermedad.
A medida que el virus se extiende, más severo es su impacto económico y, a largo plazo, causa una recesión que, previsiblemente, puede aumentar esas mismas diferencias de ingresos entre los más ricos y los más pobres.
