Crisis legal: Turquía devolverá a los prisioneros de Daesh a sus países de origen

El ministro del Interior de Turquía, Süleyman Soylu, ha anunciado que devolverán a los prisioneros del grupo terrorista Daesh a sus países de origen, independientemente de si estos les hubieran revocado la ciudadanía o no. “No deberían preocuparse [los líderes europeos], enviaremos a los miembros de Daesh en nuestras manos a sus propios países, hayan revocado su ciudadanía o no”, ha declarado al respecto el responsable de Interior.

El Gobierno de Erdogan responde, así, a las intenciones comunitarias de utilizar esta salvaguarda para evitar la repatriación de sus nacionales. En esta línea, Soylu ha criticado duramente el enfoque europeo, enmarcado en el resto de la comunidad internacional: “El mundo ha creado un nuevo método ahora: revocar las ciudadanías […] Dicen que deberían ser juzgados donde han sido atrapados. Esta es una nueva norma de derecho internacional”, explicaba de forma sarcástica el ministro. Estas declaraciones siguen la línea manifestada por el propio Soylu de hace dos días, cuando volvió a asegurar que los países no podían simplemente “revocar la ciudadanía de tales exterroristas y esperar que Turquía se hiciera cargo de ellos”, lo que, además, consideró como “inaceptable” e “irresponsable”.

En concreto, países de la órbita europea como los Países Bajos o Reino Unido ya han aplicado esta técnica para eludir sus responsabilidades con aquellas personas que tenían sus pasaportes y que se convirtieron en terroristas. En el primer caso, cabe destacar el último episodio que se ha vivido la semana pasada. Dos mujeres con nacionalidad holandesa integrantes de Daesh -una de ellas también con pasaporte marroquí- que huyeron de un campamento de refugiados en Siria, acudieron a la Embajada de Países Bajos de Turquía para pedir la repatriación a su país natal. Sin embargo, fueron detenidas por las fuerzas de seguridad turcas, a petición de las autoridades holandesas, que han dejado claro en reiteradas ocasiones que no quieren el regreso de los terroristas de Daesh. Esto también ha quedado ilustrado con el litigio abierto entre el Gobierno de Ámsterdam y un colegio de abogados holandeses, que interpusieron una demanda contra el Ejecutivo por negarse a aceptar 23 mujeres terroristas y sus 56 hijos. 

En el segundo caso, la política que se ha seguido es bastante similar. El embajador de Reino Unido en Irak, Jon Wilks, declaró, a principios de septiembre, que la política británica era “de no traerlos de regreso a Reino Unido”, refiriéndose a sus ciudadanos detenidos en el noreste de Siria por sus presuntos vínculos con Daesh. No obstante, quiso mandar un mensaje tranquilizador, asegurando que su forma de gestionar estos casos no dañaría a la región: “Hay muchos detenidos allí, algunos de los cuales tienen conexiones con Reino Unido. Estos son combatientes de Daesh o familias de Daesh. Tenemos que tratar de manejar esos casos de una manera que no contribuya a una mayor amenaza para nosotros principalmente, sino para cualquiera de nuestros aliados en la región”, señaló al respecto.

En esta misma línea, también se han manifestado -aunque con más reservas, sobre todo, en el caso de los menores- otros países como Bélgica y Francia, que han recibido el contundente azote del terrorismo en los últimos tiempos. Alemania, por su parte, ya mostró en el mes de marzo su intención de revocar la ciudadanía a aquellas personas con doble nacionalidad que hubieran viajado al extranjero para engrosar las filas de Daesh, con los objetivos de unirse a una organización terrorista y/o participar en acciones de combate en el extranjero.

“La cuestión de la repatriación de ciudadanos que lucharon por Daesh en Siria sigue siendo un problema divisivo en Europa, ya que muchos países se niegan a aceptar a los terroristas”, explican desde Daily Sabah. A esto se le suma, además, la presión ejercida desde la Casa Blanca, pues el presidente estadounidense, Donald Trump, ya exhortó a los Estados europeos a que “recuperaran” a sus nacionales, que, según las últimas estimaciones estadounidenses, se sitúan en torno a las 800 personas, denominadas Foreign Fighters (FF, por sus siglas en inglés o Combatientes Terroristas Extranjeros-CTE). En total, de acuerdo con datos obtenidos por Foreign Policy, se cree que más de 5.000 ciudadanos comunitarios abandonaron Europa para unirse a la organización terrorista.

Asimismo, según el ministro Soylu, Turquía ha capturado a 287 presuntos terroristas vinculados a la organización -que ahora está liderada por Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, tras haber perdido a su anterior jefe, Abu Bakr al-Baghdadi- desde que comenzara su ofensiva contra las posiciones kurdas del noreste de Siria el pasado 9 de octubre. En las cárceles turcas, además, hay cerca de 1.200 detenidos vinculados a Daesh, como ha explicado el responsable de Interior.

Los países europeos que se niegan a repatriar a sus nacionales -o ex nacionales, tras la retirada del pasaporte- alegan cuestiones de procedimiento, que tratan de desvincularse de las acusaciones turcas sobre la elusión de responsabilidades. El Ministerio de Asuntos Exteriores británico explicó, en un comunicado, que “aquellos que han luchado o apoyado a Daesh deberían, siempre que sea posible, enfrentar la justicia por sus crímenes en la jurisdicción más apropiada, que a menudo será la región donde se cometieron sus delitos”. Las razones que justifican esta posición europea también están basadas en el miedo. “Si un retornado entra en el Espacio Schengen, todo ese territorio estaría en riesgo por la libre circulación. Un retornado belga podría atacar en España”, explica la analista Pilar Cebrián en Foreign Policy.

Por estas razones, el objetivo que persigue Europa es- que “los militantes extranjeros sean juzgados en los tribunales iraquíes mientras se respetan ciertos principios de justicia y respeto por los derecho humanos”, según declaró una fuente diplomática francesa a AFP.

Sin embargo, la analista Genevieve Zingg en The Defense Post alerta de las consecuencias del procedimiento desarrollado por las naciones del bloque comunitario. Así, y, en primer lugar, ese procedimiento está en grave conflicto con el Artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos”, el cual postula el derecho de los individuos a la nacionalidad, así como la prohibición de la privación arbitraria de la misma. En segundo lugar, Zingg expone que “viola el principio de presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo, castigando a las personas sin realmente juzgarlas”. En tercer y último lugar, advierte de que “la privación de la ciudadanía deja a las autoridades de inteligencia y vigilancia menos capaces de monitorear y vigilar a los exmiembros de Daesh”. Además de la revocación del pasaporte, existen claros riesgos de que, en los juicios que se produzcan en Siria o Irak, se “viola el debido proceso y los estándares de terrorismo justos”. Un investigador de la organización Human Rights ya alertó de que, en dichos países, ni se contempla la presunción de inocencia: “La presunción es que, al ser extranjero y estar en territorio de Daesh, no hay necesidad de proporcionar más evidencia”, indicó.

Zingg recuerda, en esta línea, que “los fiscales en las jurisdicciones nacionales enfrentan desafíos probatorios significativos, como la incapacidad de obligar a los testigos o de reunir pruebas sustanciales en Irak y Siria, lo que a su vez conduce a condenas por delitos menores, penas leves y liberaciones preocupantes y tempranas”, aunque cabe destacar que, con este planteamiento, la analista se refiere tanto a las jurisdicciones nacionales de Siria e Irak como a las jurisdicciones nacionales europeas. 

Por ello, su solución para resolver esta maraña legal pasa por el establecimiento de un “tribunal internacional”, que permitiría a los fiscales juzgar a los miembros de Daesh no como individuos separados, “sino como actores de una organización”, cuyos crímenes serían considerados como “sistemáticos, en lugar de aislados”.