División en Bolivia tras la detención de Jeanine Áñez por sedición y terrorismo

Áñez acude a la UE y OEA para que evalúen su "ilegal" detención en Bolivia
  La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, habla durante una conferencia de prensa durante su primer día en el poder, en el palacio presidencial de Quemado en La Paz, el 13 de noviembre de 2019

AFP/JORGE BERNAL  -   La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, habla durante una conferencia de prensa durante su primer día en el poder, en el palacio presidencial de Quemado en La Paz, el 13 de noviembre de 2019

Bolivia ha pasado por un período extremadamente convulso desde las elecciones de octubre de 2019, cuyos resultados fueron puestos en entredicho por la oposición y la Organización de Estados Americanos (OEA). Áñez, que era vicepresidenta segunda del Senado, asumió la presidencia del país de manera interina tras la forzada renuncia y exilio del hasta entonces mandatario y líder del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales. Áñez asumió provisionalmente la Presidencia hasta las elecciones del pasado octubre, en las que se impuso la candidatura del MAS, representada por Luis Arce.

Pese a que llegó a asegurar que su papel era puramente transitorio, Áñez fue candidata por Alianza Juntos, pero se retiró al no reunir suficientes apoyos en el ala conservadora para imponerse al MAS, que se hizo con más del 55 % de los votos.

La expresidenta interina de Bolivia entre 2019 y 2020 y varios de sus exministros fueron arrestados la pasada madrugada en el departamento amazónico del Beni, acusados de "sedición y terrorismo" durante la crisis de 2019 que derivó en la renuncia de Morales.

La ex presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez (C), es escoltada por miembros de la policía de la Fuerza Especial contra el Crimen (FELCC) tras ser arrestada en La Paz, el 13 de marzo de 2021. / AIZAR RALDES/AFP
AIZAR RALDES/AFP-La ex presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, es escoltada por miembros de la policía de la Fuerza Especial contra el Crimen (FELCC) tras ser arrestada en La Paz, el 13 de marzo de 2021.

La detención de la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez durante la madrugada del sábado tiene dividido al país entre los que ven esta situación como una persecución política y los oficialistas, del lado de las víctimas de la crisis de 2019  que consideran que se está haciendo justicia.

Las autoridades bolivianas desplegaron un fuerte operativo, encabezado por el comandante general de la Policía, Jhonny Aguilera, y el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo Del Carpio, que dio con la captura de Áñez, y de inmediato fue trasladada a La Paz, a unos 500 kilómetros,en un avión de la Fuerza Aérea.

Añez, fue llevada a la Fiscalía para la declaración informativa en la que se acogió a su derecho al silencio al no ser tratada como expresidenta del país y por ende ser sometida a un juicio de responsabilidades. 

En el momento de su traslado, la exmandataria calificó su aprehensión como un "atropello absoluto" e indicó a los medios que se trata de un "amedrentamiento político" y que detrás de todo este proceso está el Movimiento Al Socialismo (MAS), partido del presidente Luis Arce. Áñez sostuvo que acudirá a instancias internacionales ya que no se respeta su "estatus de expresidenta" y enfatizó que ella siguió una "sucesión constitucional".

La misma Áñez reveló en sus redes sociales la orden de arresto en su contra y contra varios de sus excolaboradores, además, en la resolución también está el nombre del virtual gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. "La persecución política ha comenzado", denunció Áñez junto a un enlace y las capturas de los documentos que dice son del proceso que adelanta la Fiscalía y las órdenes de arresto.

AIZAR RALDES/AFP
AIZAR RALDES/AFP-La ex presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, es escoltada por miembros de la policía de la Fuerza Especial contra el Crimen (FELCC) tras ser arrestada en La Paz, el 13 de marzo de 2021.

En la resolución de detención que hace pública Áñez con fecha de 12 de marzo se detalla que dentro del caso seguido por el Ministerio Público tras la denuncia presentada por la exlegisladora del MAS Lidia Patty por la "presunta comisión de los delitos de terrorismo y otros" se ordena el arresto de Álvaro Rodrigo Guzmán Collao, exministro interino de Energías, y Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo, extitular transitorio de Justicia.

Este pasado jueves, la Fiscalía también emitió órdenes de aprehensión contra el excomandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia Williams Kaliman y otros exjefes militares, además del excomandante de la Policía Yuri Calderón, según confirmó a Efe el abogado denunciante Jorge Víctor Nina. "Hay una orden de aprehensión" y la Policía "es la encargada de ejecutar", aseveró el jurista que representa a la exlegisladora del Movimiento al Socialismo (MAS) Lidia Patty, que presentó la denuncia por "golpe de Estado" en noviembre del año pasado por las acusaciones de terrorismo y sedición.

El expresidente boliviano Carlos Mesa y líder del mayor partido opositor de su país, Comunidad Ciudadana (CC), dijo que con las detenciones de la exmandataria interina Jeanine Áñez y dos de sus exministros lo que se está buscando es "legitimar el fraude" en las elecciones subnacionales (regionales y municipales) del 7 de marzo. Mesa señaló, en una conferencia de prensa en La Paz, que "este no es un problema jurídico, es un problema político que marca la decisión del Gobierno de Luis Arce-Evo Morales de llevar a Bolivia al modelo venezolano".

En sentido contrario, la presidenta de la Asociación de Víctimas de la Zona Sur, Frida Conde, señaló a Efe que espera que Áñez "pague por todo lo que ha hecho y ahora le espera un proceso largo". Conde confirmó que ese colectivo, integrado más o menos por unas 60 personas, hará en estos días varias actividades y vigilias en las sedes policiales y en la Fiscalía "para pedir justicia"

AFP/PRESIDENCIA BOLIVIANA/REYNALDO ZACONETA  -   La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, hablando junto a la canciller boliviana Karen Longaric (2ª Izq), y a la ministra de Comunicación, Roxana Lizarraga (Izq), el ministro de Gobierno Yerko Núñez (2º Der) y el ministro de Defensa, Fernando Loperz (Der) durante una conferencia de prensa después de declarar persona no grata y expulsar a la encargada de negocios de España, Cristina Borreguero, y al cónsul de España, Álvaro Fernández, en el Palacio Quemado, en La Paz, el 30 de diciembre de 2019
AFP/PRESIDENCIA BOLIVIANA/REYNALDO ZACONETA  -   La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, hablando junto a la canciller boliviana Karen Longaric (2ª Izq), y a la ministra de Comunicación, Roxana Lizarraga (Izq), el ministro de Gobierno Yerko Núñez (2º Der) y el ministro de Defensa, Fernando Loperz (Der) durante una conferencia de prensa después de declarar persona no grata y expulsar a la encargada de negocios de España, Cristina Borreguero, y al cónsul de España, Álvaro Fernández, en el Palacio Quemado, en La Paz, el 30 de diciembre de 2019
Respuesta internacional ante la detención de Añez 

La expresidenta interina boliviana Jeanine Áñez dirigió sendas cartas a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la delegación de la Unión Europea (UE) en Bolivia en las que pide la presencia de una misión de observación para que "evalúe de manera objetiva" su detención.

Áñez, entregó estas misivas al secretario general de la OEA, Luis Almagro, y al embajador de la UE en Bolivia, Michael Doczy, en las que denuncia una "sistemática vulneración de los derechos humanos en Bolivia mediante una persecución política aberrante".
La expresidenta interina pide que en el marco de la Carta Democrática Interamericana se mande una "misión oficial de observación al objeto de que evalúe de manera objetiva e imparcial la ilegal aprehensión de la cual hemos sido víctimas con mis dos exministros".

Áñez apeló a que tanto la OEA como la UE fueron testigos del "fraude en las pasadas elecciones del año 2019", que dieron como ganador a Evo Morales para un cuarto mandato consecutivo, comicios que posteriormente fueron anulados en medio de una crisis política y social en el país.

En las misivas también denuncia que ella y sus exministros interinos de Energía Álvaro Rodrigo Guzmán y de Justicia Álvaro Coímbra, quienes también se encuentran en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), fueron "trasladados ilegalmente a La Paz, con el inicio de un injusto juicio penal" en su contra, además señaló que las autoridades bolivianas han vulnerado el principio constitucional del debido proceso y el principio constitucional de la presunción de inocencia.

En un mensaje de su cuenta en la red social Twitter, El alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea , Josep Borrell dice estar al corriente de los acontecimientos en aquel país y subraya que "las acusaciones por los hechos de 2019 deben resolverse en el marco de una justicia transparente y sin presiones políticas, respetando la independencia de poderes" y pidió a las actuales autoridades de Bolivia que las acusaciones a la expresidenta interina Jeanine Áñez y varios de sus exministros detenidos por los hechos de 2019 se solucionen con justicia y sin presiones políticas. "El diálogo y la reconciliación son cruciales. La UE continuará apoyando a Bolivia", concluye el tuit del alto representante de la Unión Europea.

Por su parte, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, pidió respetar el “debido proceso” y la “transparencia” en las detenciones de la expresidenta boliviana y de altos exfuncionarios del anterior gobierno de Bolivia. “El secretario general recuerda la importancia de respetar el debido proceso que garantice la total transparencia de todos los procesos legales”, indicó en un comunicado Stéphane Dujarric, portavoz de Guterres.

Ante la presión de políticos y ciudadanos, el equipo del opositor venezolano Juan Guaidó pidió la "inmediata liberación" de la expresidenta quien, durante su mandato, reconoció al antichavista como jefe de Estado encargado del país caribeño. "Exigimos su inmediata liberación y abogamos para que la comunidad internacional contribuya a ejercer presión para hacer valer el respeto a las garantías políticas de todos los actores que hacen vida pública en ese país", reza un comunicado, firmado por el "gobierno legítimo" de Venezuela.