El África subsahariana y la diplomacia humanitaria

África ha sido históricamente explotada por los imperios coloniales, las grandes potencias se la disputaron por sus recursos naturales y por el valor geoestratégico de algunas de sus regiones, cuya propiedad significaba el dominio de las rutas comerciales.

Después de la segunda Guerra Mundial, fueron los franceses y los británicos los que se repartieron el botín de guerra que corresponde a los vencedores. Pero sus decadentes imperios fueron dando paso a otro modelo de colonialismo: el de las empresas transnacionales. De este modo, los recursos naturales africanos vuelan hacia el mundo globalizado que tanto lo necesita para su desarrollo y crecimiento continuo; entre tanto, los africanos en su gran mayoría sufren el subdesarrollo y la pobreza.

Poco ha contribuido el modelo económico occidental al desarrollo de África. La crisis del petróleo acaecida durante el año 1973, como consecuencia de la guerra árabe-israelí, hizo bajar el precio de las exportaciones de los países africanos, de tal modo que, a finales de los ochenta, veinte años después de los procesos de independencia, estos países eran más pobres. Además, el final de la guerra fría trajo como consecuencia la reducción de ayudas por parte de uno y otro bloque.

Con la disminución de los ingresos y las ayudas, los incrementos de la pobreza provocaron el descontento social, las revueltas, los golpes de Estado, las guerras civiles; lo que significó incrementar el desastre humanitario. Algunos gobiernos solicitaron ayuda al FMI lo que supuso un endeudamiento adicional, además de condiciones de ajuste económico que garantizaran el cobro de los préstamos. Las consecuencias de esos ajustes lo sufrieron las clases más débiles y el circulo de la pobreza no dejo de ampliarse.

Las tesis, tanto del FMI como del Banco Mundial (BM), justificaban los ajustes en razón al ideario de la economía liberal, a saber: los salarios eran demasiado elevados, y el Estado tenía un excesivo protagonismo subvencionando gastos sociales y empresas públicas. Por tanto, las recetas básicas debían de ser: bajar los salarios, reducir los gastos sociales y privatizar las empresas públicas.

Las medidas del FMI, del BM no han terminado de funcionar correctamente. La deuda se ha incrementado y se han reducido los gastos en educación y sanidad. Las privatizaciones han conducido a la acumulación de riqueza y capital por unos pocos, con el consiguiente aumento de las desigualdades.

La agenda económica del renovado modelo colonialista es insostenible si no está apoyada por la agenda militar. Es indispensable garantizar la seguridad de las empresas explotadoras y de su personal. Los antiguos imperios han dejado sus bases militares como vigilantes y escudo de sus propiedades; pero también los nuevos que, como los Estados Unidos, adquieren protagonismo militar en el continente africano. Las inversiones necesitan orden, estabilidad y las potencias recurren a la agenda de la seguridad militar para garantizar sus intereses. La economía y la seguridad militar van de la mano. 

La mayor parte de los Estados africanos son frágiles, y algunos han colapsado técnica y funcionalmente como tales. Los Estados frágiles se caracterizan por tener un sistema institucional corrupto y violento; un sistema económico ilegal; y una sociedad fragmentada en muchos casos en grupos de identidad.

La élite que domina en los Estados frágiles practica la corrupción, orienta lo que exista de instituciones hacia su beneficio, acentuando la desigualdad, usa las fuerzas armadas para imponer sus criterios y coopta a sectores de la sociedad en un sistema patrimonialista y clientelista. Por otro lado, en los Estados frágiles se encuentra alterado el principio esencial del monopolio legítimo del uso de la fuerza, debido a la dispersión de actores. Así mismo, está deteriorado el control administrativo del territorio por parte del Estado.

Las políticas patrimonialistas y corruptas de las élites les vinculan con centros de poder político y económico mundial a través de las exportaciones de recursos naturales (petróleo, diamantes, oro, madera...), la compra de armas, y el reciclamiento de las divisas que obtienen hacia las redes de economía especulativa. Aunque se suele señalar que los Estados de África están olvidados o que no forman parte de la denominada globalización, la realidad es que se encuentran conectados a las redes legales y crecientemente a las ilegales.

Las élites generan políticas adecuadas a sus intereses, o se imponen a través de la fuerza. En estos países, una parte de los ciudadanos trabajan en la explotación de recursos, pero en general los gobiernos entregan la explotación y comercialización de los recursos a cambio de pagos y rentas que les permiten operar en la economía global sin que los beneficios reviertan en sus países.

Ante este panorama un porcentaje de la población se ve obligada a trabajar en la informalidad y a caer en muchos casos en la ilegalidad violenta. Desprotegida en términos de las necesidades básicas, no tienen garantías como ciudadanos. Desconfían de unas estructuras de Estado inexistentes o patrimonialistas violentas y viven en la incertidumbre, en el miedo. Las opciones son emigrar sorteando grandes obstáculos y arriesgando la vida, tratar de encontrar refugio político.

La lucha por los recursos y la falta de Estados que garanticen la pluralidad conducen a que grupos sociales se apoyen en sus identidades como forma de cohesión, de supervivencia y de legitimidad. También las élites que controlan los Estados usan la identidad. El resultado es que la violencia se torna, en un etnonacionalismo con resultados catastróficos como la matanza de medio millón de personas en Ruanda en 1994, y las violaciones masivas de Derechos Humanos que se repiten de forma sistemática en la región.

En definitiva, aunque no puede desmerecerse la importante labor humanitaria que muchas organizaciones e individuos han desempeñado en las últimas décadas en el continente africano, el balance de la actuación internacional en África no es para nada alentador, por lo que merece ser sometido a una profunda revisión y debate que tenga en cuenta los efectos perniciosos de una ayuda que responde más a intereses occidentales que al originario imperativo humanitarista de salvar vidas.

El humanitarismo del “nuevo orden” en el continente africano se ha caracterizado también por la paulatina militarización de la ayuda. En este sentido, algunos países como Liberia, Somalia o Ruanda presenciaron la llegada de tropas bajo el paraguas de Naciones Unidas que abanderaban “misiones humanitarias” y que tenían como principal objetivo la defensa militar de la ayuda y la protección del personal humanitario, pero que por el contrario tuvieron una participación militar activa e incluso de confrontación directa con los actores en guerra. De este modo, la clara divisoria entre el ámbito humanitario y militar ha ido difuminándose, sobre todo a ojos de los beligerantes, provocando serios perjuicios para las organizaciones humanitarias que han pasado a ser objeto de ataques y agresiones.

Algunas voces han insistido en el hecho de que la ayuda humanitaria incluso ha entrado a formar parte de la dinámica del conflicto, y en ocasiones, ha contribuido a prolongar la violencia ya que muchos actores inmersos en la contienda han manipulado la ayuda en función de sus intereses. De este modo, la actuación humanitaria ha llegado a convertirse, casi siempre de forma involuntaria, en un apoyo económico y político, directo o indirecto, de los grupos dominantes que salen favorecidos con estas guerras, erigiéndose incluso en un elemento fundamental para la llamada economía política de guerra. La “neutralidad” de la que las organizaciones humanitarias suelen hacer bandera, no es más que un fetiche en un contexto, el de las “nuevas guerras”, en el que ONG y agencias de Naciones Unidas han pasado a ser un actor más de la contienda.