El caso Brahim Ghali: entre la acogida humanitaria y rendir cuentas ante la justicia

En septiembre 2020 publiqué en Atalayar y CPLATAM un artículo bajo título ‘Cronología terrorista del Frente Polisario’. La idea de escribir recordando los actos terroristas cometidos por el Polisario contra ciudadanos españoles fue motivada por el anuncio de celebrar en Las Palmas de Gran Canaria la ‘Conferencia Europea de Apoyo y Solidaridad con el Pueblo Saharaui’ (EUCOCO). Una cita para la solidaridad, no con el pueblo saharaui como se pretende en falso, sino con el Frente Polisario; una organización político militar responsable de actos de piratería contra barcos de pesca y actos terroristas contra inocentes ciudadanos españoles, al mismo nivel que la ETA, el Grapo y los islamistas responsables de los atentados de Atocha. 

El hecho de elegir lugar propagandístico a Canarias, de donde procede la mayoría de las víctimas del terrorismo del Polisario y donde se ubica la sede de la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo del Polisario (ACAVITE), es un insulto, una provocación y desprecio a la memoria de las víctimas y a sus familiares.

Me acordé de ese artículo al leer que el autor intelectual de estos actos en su calidad de “ministro de Defensa” del Polisario de entonces, Brahim Ghali, se encuentra en Logroño hospitalizado admitido por razones humanitarias para recibir prestaciones sanitarias.  

El primero de estos actos terroristas tuvo lugar en enero de 1976 cuando dos bombas colocadas por el Polisario junto a la cinta transportadora de fosfatos de Bucraa causaron al explotar la muerte de Raimundo Peñalver, y otros tres trabajadores españoles resultaron gravemente heridos, entre ellos Francisco Jiménez, padre de Lucía Jiménez, presidenta de la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (ACAVITE). Francisco Jiménez quedó ciego y sordo y vivió con estas terribles secuelas hasta su fallecimiento en 2006. 

Brahim Ghali, estando hoy hospitalizado en España recibiendo cuidados por españoles, debería recordar también esos atentados que ordenó cometer, como el del 26 de septiembre de 1980 contra un pesquero llevando a sus tripulantes como rehenes a sus cuarteles en Tinduf (Argelia), y el de dos días después, el 28 septiembre, cuando sus milicias atacaron al pesquero Costa de Terranova secuestrando a 15 de los tripulantes; lo mismo hizo con el pesquero Sarita secuestrando a nueve personas. En las mismas fechas se produjo el asalto al pesquero portugués Porto Ceu, con el resultado de un marinero muerto y otro herido.

¿No sé si Brahim Ghali recuerda el número de actos terroristas, entre 1976 y 1987, cometidos por bandas del Polisario bajo sus órdenes? La cifra alcanza unos 34 barcos de pesca y más de un centenar de víctimas, entre muertos y heridos. Además de unas 300 personas que fueron secuestradas y conducidas como rehenes a Tinduf (Argelia). 

Son actos condenables por el derecho internacional y por el Código Penal de la mayoría de los países. En España están tipificados en el artículo 573 del Código Penal como delitos. Además, son actos que no prescriben. 

El actual dirigente del Polisario hospitalizado en el hospital san Pedro de Logroño, recibiendo tratamiento por razones humanitarias, debería recordar y los suyos también, el acto de piratería marítima contra el ‘Junquito’ en septiembre 1985, con el balance de un asesinato, junto a seis marineros secuestrados y conducidos a Tinduf (Argelia). Paralelamente, el patrullero de la Armada española ‘Tagomago’ que se encontraba en la zona fue objeto de agresión con el balance de un suboficial muerto y dos marineros heridos.

La reacción del Gobierno socialista de Felipe González, que admitía la actividad y presencia de una representación del Polisario en régimen de tolerancia, fue la del cierre de sus oficinas y la expulsión de sus miembros. La respuesta del Polisario como reacción destacaba por mezquinas frases insultantes hacia España, su pueblo y su prensa. El comunicado entre otras ofensivas frases decía: “En un clima dominado por la histeria y la manipulación desenfrenada de los medios de comunicación, y su poder sobre el instinto animal, que caracterizan una opinión pública que ha tenido su mejor época bajo un régimen fascista, el Gobierno español amenaza con adoptar medidas disciplinarias severas después de la liberación de la tripulación del pesquero […] el Gobierno español ha decidido, como último episodio de los escenarios montados a priori y en los que ha utilizado recursos para explotar intencionadamente el incidente del que es el primero y último responsable, la ruptura de relaciones con el pueblo saharaui, así como el cierre de la oficina de información del Frente Polisario y la expulsión de los saharauis residentes en España”.

Además de los actos terroristas cometidos por órdenes de Brahim Ghali que debería rememorar por estar recibiendo cuidados médicos en España y que cité en mi artículo ‘Cronología terrorista del Frente Polisario’, debería recordar que además está acusado ante la justicia española por delitos no menos graves. Está citado por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de Madrid, para tomarle declaración sobre las acusaciones que se le imputa ante la justicia española.

Se trata de graves acusaciones presentadas por la Asociación Saharaui Para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEH) que consisten en genocidio, asesinato, torturas, desapariciones y terrorismo. En estas acusaciones las víctimas son saharauis que estuvieron en los campos que controla el Polisario en Tinduf (Argelia).  Entre los querellantes recordará a Saadani Maoulainine, una mujer cuyo padre fue asesinado bajo tortura y ella con ocho años fue arrancada del seno de su familia y enviada a Cuba para ser adoctrinada.

Hay otra denuncia presentada ante la Audiencia de Sevilla por otra mujer saharaui Khadijatou Mahmoud por un delito de violación. Afirma en su acusación de haber sido víctima de violación por parte de Brahim Ghali. 

Durante todos estos largos años, ni el Polisario ni su actual dirigente Brahim Ghali manifestaron en algún momento arrepentimiento, ni solicitaron el perdón a sus víctimas. 

A pesar del daño irreparable cometido por este individuo al frente del Polisario y pensando que está acusado ante la justicia española por genocidio, terrorismo, asesinato y muchas cosas más, con toda osadía llega a España bajo una identidad falsa, bajo el nombre de Mohamed Benbetouch, con pasaporte argelino, ocultando su verdadera identidad. Exactamente como cualquier vulgar terrorista de su calaña. 

España, a pesar de todos los actos terroristas cometidos cruelmente contra inocentes ciudadanos españoles y otros contra saharauis, mostró y muestra una gran generosidad y un alto nivel de humanismo del que este individuo carece y nunca tuvo cuando ordenaba cruelmente los delitos de terrorismo.  Pues a pesar de todos los pesares se recibe al individuo y se le presta los cuidados médicos necesarios; pero el Gobierno español deja claro que se le recibe estrictamente por razones humanitarias, como declaró la ministra de Asuntos Exteriores. Precisamente es en este punto donde radica el gran mensaje y la grandeza de España. La de prestar asistencia incluso a los presuntos asesinos de sus ciudadanos. En efecto, “el señor Ghali ha sido trasladado a España por razones estrictamente humanitarias para recibir asistencia sanitaria”, afirmó la ministra de Exteriores Arancha González Laya en conferencia de prensa. 

Estas prestaciones sanitarias de España adquieren especial importancia y un particular valor, cuando el propio país que presta acogida a Ghali y a sus milicias, Argelia, les arma, les entrena, y de ahí salieron para asaltar los barcos de pesca y regresar con rehenes españoles. Este país hoy se ve paradójicamente obligado a enviar Ghali al país al que tanto daño hizo con ataques a sus ciudadanos.

La ministra Arancha González Laya, en recientes declaraciones, explicó que la actuación del Gobierno en este asunto obedece a “las razones de estricto cumplimiento del compromiso humanitario", pero al mismo tiempo aseguró que el Gobierno se toma en serio colaborar con la justicia. "Somos cumplidores de la ley, incluida la obligación de colaborar con la justicia española", subrayando que "es algo que el Gobierno se toma muy en serio".

Esto significa que la prestación de servicios sanitarios por razones estrictamente humanitarias no se debe de confundir en absoluto con la obligación de que Brahim Ghali, como responsable del Polisario, acusado por múltiples acusaciones muy graves, una vez fuera de peligro gracias a esta asistencia humanitaria, deberá presentarse a rendir cuentas ante la justicia española y enfrentarse a sus víctimas.