El 'caso Ghali' se enquista y apunta hacia la cúpula del Gobierno
En mitad de la distensión entre Rabat y Madrid, el Gobierno afronta un horizonte judicial adverso tras la imputación de la exministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, y la potencial citación de la exvicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo. Dos de las cuatro figuras del gabinete que estarían implicadas en la presunta entrada irregular en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.
El titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, investiga ahora si se cometió un delito de falsedad documental durante la llegada del saharaui. En abril, un avión fletado por Argelia accedió a la base aérea de Zaragoza sin atravesar los controles fronterizos habituales ni mostrar documentación. En su interior viajaba Brahim Ghali, aquejado de una afección respiratoria provocada por la COVID-19, enviado para ingresar de urgencia en el hospital San Pedro de Logroño.
Transportado por una ambulancia, el presidente de la denominada República Árabe Saharaui Democrática (RASD) se registró en el centro bajo una identidad falsa, con el nombre de “Mohamed Benbatouche”. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se habría opuesto con anterioridad a su llegada por las posibles represalias de Marruecos. Ghali es el enemigo número uno del Reino alauí. Por este motivo, el Ejecutivo habría tratado de evitar a toda costa que Rabat se hiciera eco de los hechos antes de ponerles en conocimiento por vía directa.
Pero Marruecos se enteró. Es entonces cuando estalla la crisis diplomática de mayor gravedad desde el incidente en 2002 en la isla Perejil. Cinco meses después, en mitad de un palpable acercamiento entre las partes, la Justicia española trata de arrojar luz sobre las opacas condiciones en las que accedió al país el líder polisario, todo ello a raíz de una acusación popular instigada por un exdiputado del PP, un empresario tangerino y un abogado con familia marroquí.
El magistrado ha solicitado información acerca de la existencia órdenes europeas de detención o de “mera localización a fin de comparecer ante una autoridad judicial” emitidas sobre Ghali durante su entrada en España. También ha pedido que se le notifique en caso de existir algún tipo de alerta comunitaria sobre “Brahim Ghali Moustafa” o “Gali Sidi-Mohamed Abdelyelil”, identidades falsas que la Policía Nacional relaciona con el líder polisario, informa Europa Press.
Sin embargo, los movimientos más destacados del juez han tenido que ver con la imputación del pasado martes a la extitular de la cartera de Exteriores. Un día después de que su sucesor en el cargo, José Manuel Albares, mantuviera un encuentro con su homólogo marroquí, Nasser Bourita, para concertar una cumbre bilateral en las próximas semanas, destinadas a normalizar los vínculos a ambos lados del Estrecho.
González Laya tomará declaración después de que su segundo de a bordo durante su estancia al frente del Ministerio, Camilo Villarino, hiciera lo propio dos semanas antes. El jefe de gabinete de Laya trasladó al fiscal que creía que la ambulancia que transportó a Ghali hasta La Rioja fue escoltada por un operativo policial y que, además, en el interior del hospital se encontraban agentes desplegados por Interior, según cuenta el diario ABC. Un testimonio que abrió la puerta a la citación de Laya y a una posible participación del ministro Marlaska.
Villarino narró ante el juez una conversación que habría mantenido con la jefa de gabinete de la entonces vicepresidenta primera del Gobierno, María Isabel Valldecabres, en la que esta le transmitía la inminente llegada a España del líder saharaui ante el desconocimiento del propio Villarino. Una declaración que explica a su vez la imputación de la ‘número dos’ de Calvo para el próximo 18 de octubre, que coincidirá con la citación de la jefa de gabinete del ministro del Interior, Grande-Marlaska, según reveló El Periódico de Aragón.
La acusación popular ha solicitado la prueba testifical de la exvicepresidenta. Antes se tendrá que conformar con la declaración del ex secretario general técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, José María Muriel Palomino, convocado para el próximo 4 de octubre, según adelantó Vozpópuli.
Existe un factor determinante en este asunto, y es que Brahim Ghali tiene la nacionalidad española desde 2004, año en que la consiguió a través del registro civil de Valencia. Los padres del saharaui detentaban asimismo la ciudadanía española por haber nacido en el Sáhara Español. El líder del Frente Polisario habría llegado a obtener el DNI en 2006 y a renovarlo justo una década después, según El País. Un condicionante que acaba por enmarañar del todo el ‘caso Ghali’.
