El Club de Exportadores propone impulsar la digitalización de la justicia para agilizar su funcionamiento y mejorar la competitividad económica
El Club de Exportadores e Inversores Españoles propone impulsar la digitalización del sistema judicial español, y en particular agilización de la primera instancia, para reducir lentitud de la justicia y mejorar así la competitividad internacional de la economía española.
Así se expone en el último informe del Comité de Reflexión sobre Internacionalización, titulado “El buen funcionamiento de la justicia como factor de competitividad y de atracción de la inversión en España”, del que es autor Juan S. Mora-Sanguinetti, senior economist del Banco de España – Eurosistema.
“El funcionamiento de la justicia afecta a los flujos de crédito, a la decisión de crear empresas y a la inversión empresarial. Todos ellos funcionan mejor si el sistema judicial es más eficaz”, señala este experto, quien añade que “si un sistema judicial es muy lento deviene en un instrumento costoso y muy poco predecible” haciendo que el país reduzca su atractivo como destino de inversión extranjera.
Estudios internacionales realizados por la OCDE y la Comisión Europea coinciden en señalar que España no se caracteriza por tener un sistema judicial que sea mejor o peor que el de otros países comparables. De hecho, ateniéndonos a esos estudios, la media en nuestro país para la resolución un conflicto de naturaleza civil en primera instancia se sitúa en los 272 días, mientras que en Francia se requieren 274, en Alemania 200 y en Inglaterra-Gales 350 días.
Además de la lentitud, que es una consecuencia de la congestión judicial, la otra variable para comparar la “calidad” de los distintos sistemas judiciales internacionales es el coste de uso de la justicia. Y tampoco en este aspecto, a partir de los datos del Banco Mundial, España presentaría una situación comparativamente peor a la de otros países de nuestro entorno. De cada 10.000 euros que un demandante espera lograr iniciando el procedimiento judicial, deberá invertir 1.720 euros en costes de litigación. Esta cantidad es similar a la Francia o Alemania, pero considerablemente inferior a la de Italia o el Reino Unido.
Sin embargo, que la justicia en España funcione de forma similar a la de otros países de nuestro entorno “no debería llevarnos a la complacencia, en tanto que la justicia es un importante elemento de desarrollo económico, que afecta a la inversión, al dotar de mayor seguridad jurídica al mercado”, asegura Mora-Sanguinetti.
Para este experto, la justicia española “muestra signos de estancamiento en el largo plazo y sufre además de una importante variabilidad regional”, en tanto que las provincias y regiones más pobladas de España muestran una mayor congestión judicial”.
Con el fin de reforzar el atractivo de España como destino de inversión extranjera el Comité de Reflexión sobre Internacionalización del Club de Exportadores, recomienda mejorar nuestro sistema judicial, para lo cual sugiere primar la digitalización y seguir apostando por tener una buena estadística judicial. Ello sería especialmente importante en la primera instancia, con el fin de incrementar su agilidad. En relación con este aspecto, el informe recuerda que los países que invierten una mayor proporción de su presupuesto en tecnologías de la información y digitalización (TICs) muestran menores duraciones en sus procedimientos. Asimismo, la productividad de los jueces se incrementa cuanto mayor es el presupuesto en TICs.
Otra propuesta del Comité de Reflexión sobre Internacionalización es el fomento de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación, el arbitraje y la conciliación, que en la práctica suelen ser más ágiles y rápidos que los procedimientos judiciales ordinarios. A este respecto, algunos países han utilizado incentivos fiscales para incentivar el empleo de estos mecanismos por parte de las empresas.
Finalmente, recomienda a los legisladores un esfuerzo para reducir la complejidad de la regulación, que constituye uno de los aspectos que explicarían la alta litigación que se registra en España en el campo mercantil y que puede suponer un desincentivo para atraer más inversión extranjera y para el crecimiento y desarrollo empresarial.
