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El consejo especializado en la protección de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas dio su voto a favor de comenzar una investigación internacional en relación con los abusos perpetrados durante el conflicto de Etiopía, durante 13 meses.
Esto ocurre en medio de una serie de indicios de una inmediata “violencia generalizada”.
La resolución fue presentada por la Unión Europea y respaldada por varios Estados occidentales, lo que hizo posible que el viernes se diera lugar a su aprobación, a pesar de la oposición por parte del Gobierno de Etiopía, quien acusó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU de utilizar este conflicto como “instrumento de presión política”, reiterando su compromiso a no cooperar.
La votación tuvo lugar en Ginebra donde, de los 47 Estados miembros, 21 dieron su voto a favor, 15 lo hicieron en contra, entre los que se encuentran China y Rusia, y 11 abstenciones.
Asimismo, el Grupo Africano de países también ha mostrado su desacuerdo con dicha resolución y ha solicitado que se rechazara la misma, argumentando que el sistema de investigación presentado era "contraproducente y que probablemente exacerbaría las tensiones".
Debido a ello, seis países africanos, en los que se encuentran incluidos Senegal y Sudán, se abstuvieron.
Según la resolución, se contará con un panel de expertos de tres miembros que, durante un año, tendrán que “establecer los hechos y circunstancias que rodearon las presuntas violaciones y abusos, recolectar y preservar pruebas e identificar a los responsables”.
Según el subjefe de derechos humanos, Nada al-Nashif, el consejo de la ONU recibía “informes creíbles” de que se estaban cometiendo horribles violaciones de derechos humanos en la región norteña de Tigray, perpetrados por las mismas fuerzas gubernamentales y los combatientes de la región.
Asimismo, al-Nashif advirtió de que en Etiopía el riesgo "de aumento del odio, la violencia y la discriminación es muy alto", lo que conduciría a "una violencia generalizada, [con] importantes implicaciones, no solo para millones de personas en Etiopía, sino también en toda la región”.
Se estima que el número de personas detenidas ronda entre las 5.000 y 7.000, incluyendo a nueve miembros del personal de la ONU, bajo un estado de emergencia.
“Muchos están detenidos en régimen de incomunicación o en lugares desconocidos. Esto equivale a una desaparición forzada y es un asunto de gran preocupación”, agregó al-Nashif.
Por su parte, Etiopía ha criticado la decisión de llevar a cabo esta investigación y ha instado al resto de países a votar en contra de ello.
“Hacemos un llamado a todos los miembros del consejo a (…) oponerse a los intereses miopes y rechazar la politización de los derechos humanos al rechazar esta resolución”, comunicó el embajador Zembe Kebede, a la vez que acusaba al organismo de haber sido “secuestrado”.
Asimismo, el Gobierno de Etiopía señaló en una declaración que "no cooperará con el mecanismo establecido que se le impuso contra su consentimiento", y expresó que estaba “extremadamente decepcionado”.
“No más al doble rasero; no más a las medidas coercitivas unilaterales; y no más entrometerse en asuntos internos con el pretexto de los derechos humanos”.
Debido a ello, las autoridades etíopes han comenzado su propia investigación con relación a los crímenes, participando también en una investigación conjunta a través de la Comisión de Derechos Humanos de Etiopía con la oficina de derechos de la ONU.
No obstante, la investigación conjunta concluyó el mes pasado que todas las partes involucradas en el conflicto, el cual comenzó en noviembre de 2020, habían cometido posibles crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
Según Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, habría una “preocupante falta de transparencia” por parte de las instituciones nacionales etíopes durante el transcurso de la investigación.
“Una preocupación clave de nuestro informe es la rendición de cuentas”, agregó Bachelet, a la vez que solicitaba un mecanismo de investigación independiente.
En respuesta, la Comisión de Derechos Humanos de Etiopía señaló que había un “valor agregado” a la solicitud de continuar la investigación conjunta, y añadió que crear otro nuevo organismo sería una acción repetitiva, contraproducente para los procesos de implementación en curso y más demoras reparación para víctimas y sobrevivientes”.
“Varias de estas violaciones pueden constituir crímenes de lesa humanidad y requieren urgentemente más investigaciones por parte de expertos independientes”, comunicó la delegación de la Unión Europea ante la ONU.
Según estimaciones de la ONU, durante el conflicto en Etiopía miles de personas han muerto y más de dos millones se han visto forzados a desplazarse, además de los cientos de miles de personas que se encuentran al borde de la hambruna.
