El Consejo de Seguridad le ha fallado a los presos sirios, afirma una de las víctimas
El Consejo de Seguridad ha escuchado el testimonio de Amina Khoulani, familiar de dos personas que fueron ejecutadas arbitrariamente en Siria; para Amina, este órgano “ha fallado por completo” en la protección de los presos en Siria.
Fundadora de la organización Familias para la Libertad, Khoulani suplicó al órgano encargado de garantizar la paz y la seguridad internacional que ponga “fin a la impunidad y el horror” durante un debate abierto para tratar la cuestión de los presos y los desaparecidos en el país árabe durante todos los años que ha durado el brutal conflicto. "Es su responsabilidad proteger a los sirios de un sistema que mata, tortura y detiene ilegalmente a sus propios ciudadanos", afirmó.
En nombre de esa organización, fundada por mujeres en 2017, la activista habló de las miles de personas enfermas, heridas, torturadas o ejecutadas, de las que dijo que “no recibieron un juicio justo”.
Tras comentar que no estaba diciendo "nada nuevo", Khoulani subrayó que "el Consejo puede salvarles la vida si decide actuar hoy", pero recordó que “a pesar de los informes y las noticias sobre los presos, las desapariciones forzadas y la tortura siguen aumentando en número, incluso entre los que han intentado regresar”.
"Han permitido que los vetos y las excusas se interpongan en el camino de lo que es correcto y justo", dijo, y agregó que era responsabilidad del Consejo encontrar una manera de "poner fin a la impunidad y detener este horror".
Declaró no tener palabras suficientes para describir cómo se sintió cuando dos de los miembros de su familia fueron condenados a muerte "el mismo día, en el mismo minuto, el 15 de enero de 2013".
En la actualidad alrededor de 100.000 hombres, mujeres y niños sirios siguen desaparecidos. "La mayoría fueron detenidos por el régimen sirio, aunque los grupos extremistas y de oposición también son responsables de las desapariciones", dijo.
Khoulani imploró a los 15 miembros del Consejo de Seguridad que "den prioridad a la cuestión de la detención y la desaparición forzada en Siria", y los instó a adoptar una resolución que presione al régimen y a los grupos armados de oposición para que revelen los nombres y el paradero de todos los detenidos y permitan a las organizaciones humanitarias visitar los centros de detención.
Y para que "aquellos de nosotros, cuyos seres queridos fueron ejecutados o torturados hasta la muerte, sepan la ubicación de sus lugares de entierro para que podamos hacer el duelo adecuadamente", añadió.
Según su testimonio, las detenciones ilegales y la desaparición forzosa han afectado a Siria durante décadas hasta convertirse en una "epidemia" en los últimos ocho años que ha destrozado para siempre millones de vidas.
"El primer paso hacia la paz y la justicia duraderas es la verdad, el fin de la detención arbitraria y la desaparición forzada, y la liberación de miles de civiles presos”, concluyó.
La continua falta de acceso a los sitios de detención y a las personas detenidas en Siria ha dejado a las Naciones Unidas “sin estadísticas oficiales sobre los detenidos, secuestrados o desaparecidos", explicó por su parte la responsable de Asuntos Políticos de la ONU, Rosemary A. DiCarlo, al intervenir en la misma reunión.
"Si bien la ONU no puede verificar, los informes sugieren que hasta ahora más de 100.000 personas han sido detenidas, secuestradas, o desaparecidas, en gran parte, pero no solo, por el Gobierno sirio", coincidiendo con el testimonio de Khoulani.
Después añadió que muchas familias no tienen información sobre el destino de sus seres queridos y subrayó que los detenidos, incluidas mujeres y niños, están encerrados "sin el debido proceso o acceso a representación legal o sus familias".
Además de ser víctimas, las mujeres también corren el riesgo de perder sus hogares, tierras y derechos de propiedad en Siria cuando, después de que sus esposos o parientes varones desaparecen, no pueden explicar su paradero y carecen de documentación legal o un certificado de defunción.
"Muchas mujeres en estas circunstancias llevan la pesada carga de mantener a sus familias enteras", explicó DiCarlo. "Para las refugiadas o las desplazadas internas, estos desafíos se multiplican".
Después recordó la existencia de casi "7.000 fotografías de cadáveres con marcas de tortura" que fueron sacados de contrabando de Siria por un desertor militar y se hicieron públicos en 2014, diciendo que eran "evidencia prominente de la tortura y los malos tratos sufridos por los presos en centros de detención del Gobierno”.
