El nuevo jefe del sistema judicial iraní ha sido sancionado por Estados Unidos y por la UE por su papel en la represión de las protestas de las elecciones iraníes del 2009

El conservador Mohseni Ejei, nombrado nuevo jefe del poder judicial iraní

photo_camera KHAMENEI/AFP - Una foto sin fecha proporcionada por la web oficial iraní el 1 de julio de 2021 que muestra el nuevo líder del sistema judicial Gholamhossein Mohseni-Eji

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Hoseiní Jamenei ha nombrado al ultraconservador Gholamhossein Mohseni-Eji como nuevo jefe del poder judicial, órgano encargado de implementar y regular las leyes de la Sharia en el país. De esta forma, Eji sustituye en el cargo judicial al ahora presidente de Irán, Ebrahim Raisí.

Hasta este momento, Ejei era el adjunto de Raisí, el segundo funcionario más alto del sistema judicial del país. El nuevo mandatario es un clérigo que ha ocupado la cartera de inteligencia iraní entre los años 2005 y 2009 en el primer gobierno de Mahmoud Ahmadinejad, revelado posteriormente de su cargo tras mostrar una serie de diferencias con el expresidente. 

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Después de dejar el gobierno de Ahmadinejad, Ejei fue nombrado fiscal general de la República Islámica, hasta su nombramiento en 2014 como primer subjefe del poder judicial. Ejei cuenta con estudios religiosos y jurisprudenciales y cobró especial relevancia desempeñando su labor en el Tribunal Revolucionario donde consiguió ascender a varios cargos dentro del poder judicial.

En un comunicado emitido por la agencia de noticias iraní ISNA el ayatolá Jamenei enfatizó en que hay que “prestar seria atención a las misiones del poder judicial en la constitución, así como en continuar con el enfoque transformacional e implementar el documento de transformación existente y difundir nuevas tecnologías en el poder judicial”. 

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Asimismo, Jamenei se ha referido al nuevo mandatario alegando que su expectativa es “en primer lugar, un compromiso serio con las misiones básicas del poder judicial en la constitución, a saber, la promoción de la justicia, el restablecimiento de los derechos públicos, la provisión de libertades legítimas, la supervisión de la aplicación de la ley, la prevención del delito y la lucha resuelta contra la corrupción”. Junto con esta declaración, el ayatolá afirmó que pretende “continuar con el enfoque de transformación” y aunar por “el desarrollo de nuevas tecnologías y la garantía de que las personas tengan un acceso fácil y gratuito a los servicios judiciales”.

La decisión de nombrar a Eji como nuevo presidente judicial se produce en un contexto en el que Irán está recibiendo múltiples críticas por parte de organizaciones pro derechos humanos y organismos internacionales por la reciente victoria en las presidenciales del conservador Ebrahim Raisi tras obtener el 62% de los votos en unas elecciones que se han caracterizado por su baja participación. El nuevo presidente ha sido tildado como “fanático”, “fundamentalista” o “ultraconservador” por sus restrictivas medidas. 

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Desde la ONU, el relator pakistaní de la Organización, Javed Rehman ha pedido una investigación independiente sobre la ejecución de miles de presos políticos por parte del Estado en 1988. De acuerdo con Rehman, existe una impunidad generalizada y sistemática en el país por las graves violaciones de los derechos humanos, tanto en el pasado como en el presente”. Rehman agregó que “hay muy pocas vías de rendición de cuentas, si es que las hay, en línea con los estándares”.

La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnes Callamard, ha afirmado en un tweet que “como jefe del Poder Judicial, Ebrahim Raisi, ha presidido sobre una represión creciente de los derechos humanos que ha provocado la detención arbitraria de cientos de disidentes pacíficos, defensores de los derechos humanos y miembros de grupos minoritarios perseguidos”.

En este sentido, el país iraní cuenta con un fraudulento historial en cuestiones de derechos humanos, asuntos que han sido denunciados de forma sistemática por parte de organizaciones internacionales por perpetuar violaciones de los derechos humanos, especialmente en cárceles y centros de detención. Sin embargo, Teherán ha rechazado en múltiples ocasiones estas acusaciones ya que las consideran de “infundadas” debido a “la falta de comprensión de la ley islámica”.


 

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