Los rastreadores militares, que han realizado casi 5 millones de contactos telefónicos desde septiembre del año pasado, han tenido que ser reactivados por el repunte de casos de la quinta ola de la pandemia

El Ejército español sigue rastreando la COVID-19

photo_camera PHOTO/ MARÍA SENOVILLA - Un rastreador militar de la Base de Fuencarral consulta con su supervisor durante un contacto telefónico

Las Fuerzas Armadas de España vuelven al rastreo para combatir la COVID-19.

Con la Misión Baluarte, el Ejército español ha dado continuidad a las intervenciones que comenzaron en la Operación Balmis, al principio de la pandemia, para apoyar a la sociedad civil en la lucha contra el coronavirus. Esta misión comenzó oficialmente el 30 de septiembre de 2020 y, a diferencia de Balmis, no se ha desactivado con el fin del segundo estado de alarma. Por lo que los militares siguen atendiendo las peticiones de todas las Comunidades Autónomas.

Si bien es cierto que durante los últimos doce meses las descontaminaciones han disminuido drásticamente, aún se siguen demandando desde algunas residencias de ancianos, centros penitenciarios, colegios, hospitales o pabellones dedicados a realizar test masivos. Además, el Ejército se está encargando tanto del transporte de vacunas, como de inocularlas a determinados colectivos (como hicieron, por ejemplo, con la Selección Española de fútbol).

Bajo el paraguas de Baluarte también se ha prestado apoyo logístico a centros hospitalarios, como los de Gijón, Medina del Campo o Arnau en Valencia, donde se instalaron tiendas modulares para hacer el triaje de enfermos e incluso salas de visitas temporales. Pero, sin duda, los rastreadores militares han sido la gran novedad de esta segunda misión militar contra la COVID-19.

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15.000 llamadas diarias

“Uno de los principales esfuerzos de la Misión Baluarte ha sido y continúa siendo el rastreo de casos positivos y contactos estrechos, habiéndose efectuado hasta ahora 4,8 millones de contactos telefónicos en toda España”, confirman desde el Mando de Operaciones de Retamares (el MOPS), donde ya se coordinó la Operación Balmis, y desde donde se dirige ahora Baluarte.

En los centros de rastreo se hacen dos tipos de llamadas: se contacta con nuevos casos positivos, para determinar los contactos estrechos que han tenido, y se realizan contactos de seguimiento. “De media, los rastreadores militares hablan cada día con 8.000 nuevas personas que se han infectado, más otros 7.000 casos de los que están en seguimiento”, explica a Atalayar el capitán de corbeta Justo Javier Solana, uno de los jefes de turno del Mando de Operaciones.

En estos momentos, hay 1.172 rastreadores militares trabajando desde los diferentes ‘call centers’ habilitados, pero han llegado a ser 2.400 meses atrás. Aún así, la demanda por parte de las diferentes Comunidades Autónomas no ha sido la esperada por el Ministerio de Defensa, que en otoño de 2020 anunció que podían movilizar a 7.000 efectivos en caso de que los solicitaran desde las Delegaciones de Gobierno. Una cifra que se ha quedado muy lejos de la realidad.

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Una de las características de estos rastreadores militares es la rapidez con la que son capaces de estar operativos. Prueba de ello es que durante el mes de junio se cerraron algunos ‘call centers’ en distintos puntos del país, y pocas semanas después se han reactivado en tiempo record.

“Generalmente, los rastreadores son efectivos que están realizando otras tareas en su destino, pero que llegado el momento se pueden transferir a un centro de rastreo de un día para otro”, aclara el capitán de corbeta Solana. “Para cada Comunidad Autónoma hay un máximo de rastreadores disponible, y es el Ministerio de Sanidad, junto con DIGENPOL, quien da el visto bueno a las solicitudes”, añade.

Cómo y dónde se rastrea

Castilla y León es la Comunidad Autónoma que más rastreadores militares ha demandado. En la actualidad cuenta con 220, pero ha llegado a tener activados cerca de 400. Le sigue Andalucía, que hoy tiene 210 efectivos, y Galicia con 90. Las islas Baleares solicitaron otros 90 hace unas semanas. Castilla-La Mancha, Valencia y Cantabria también cuentan con ellos.

En Madrid, donde la vigilancia se desactivó el 21 de junio y se volvió a activar el 22 de julio, hay 40 rastreadores militares en estos momentos (20 del Ejército del Aire en Torrejón y otros 20 en el Mando de Artillería Antiaérea de Fuencarral, del Ejército de Tierra). Pero llegaron a contar con 150 efectivos, repartidos en cinco centros de rastreo (entre los que estaban el Goloso, el Cuartel General de la Armada y el acuartelamiento aéreo de Getafe).

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El comandante Fernando García-Repáraz, jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de Madrid, coordinó los cinco ‘call centers’ desde Fuencarral. “Cada Comunidad Autónoma tiene su propio sistema informático; los rastreadores destinados en Madrid realizan su trabajo a través de las aplicaciones gestionadas por la Consejería de Salud. A través de esta plataforma, la Consejería asigna cada día los distintos casos que han dado positivo en una PCR, y a partir de ahí comienza el rastreo”, explica para Atalayar, mientras los soldados del turno de mañana no se despegan de los teléfonos. 

Cada rastreador realiza una media de diez llamadas al día. Y trabajan de nueve de la mañana a nueve de la noche, en dos turnos. “Cada llamada es un mundo… no es lo mismo una persona que ha estado la mayor parte del tiempo en su casa, y con las mismas personas, que otra que ha asistido a eventos sociales y se ha relacionado con mucha más gente”, continúa García-Repáraz. 

Esto suele estar directamente relacionado con la edad: cuanto más joven, más contactos. Y es precisamente una de las complicaciones que han surgido a la hora de rastrear en esta quinta ola: los contagiados se producen mayoritariamente entre los jóvenes (la media es de 29 años), y sus contactos estrechos se multiplican exponencialmente.

Estos rastreos también sirven para asegurarse de que los casos positivos han respetado el aislamiento. Si al realizar la llamada se encuentran con un positivo que no está guardando la cuarentena en su casa, lo ponen en conocimiento de la Consejería de Salud para que tomen las medidas oportunas. “Pero en general la gente cumple con las cuarentenas y colabora cuando la llamas para hacer el rastreo”, insiste el jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de Madrid.

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Algo más que teleoperadores

El trato directo con la gente es, a la vez, lo más satisfactorio y lo más complicado. “Ha habido casos en los que hemos tenido que llamar a los servicios sociales después de hablar con una persona, porque nos ha contado que estaba sola o que necesitaba ayuda… En una ocasión, mientras el rastreador hablaba con un positivo, le dio una crisis de insuficiencia respiratoria y tuvo que avisar al 112 y acompañarlo al otro lado del teléfono hasta que lo evacuaron a un hospital… Hay muchas historias”, reconoce el comandante García-Repáraz. “Es un trabajo muy distinto al que realizamos en nuestro día a día como combatientes del Ejército de Tierra, pero a la vez es algo muy agradecido para el rastreador que lo lleva a cabo”. 

Uno de estos rastreadores es el soldado Pablo Fernández Navarrete, natural de Linares y destinado en la sección de Radares del Regimiento de Artillería Antiaérea número 71. Ya estuvo asignado en el Hospital Gómez Ulla durante la Operación Balmis, pero no dudó en presentarse voluntario para Baluarte, “como todos mis compañeros”, apostilla. Para él lo más valioso de ambas experiencias ha sido saber que tiene una repercusión real en la sociedad, que son útiles y que están ayudando a la población de una u otra forma. 

Pero reconoce que el trabajo de rastreador a veces cuesta más de lo que parece… “Cuando hablas con personas mayores, que en muchos casos están solas o han perdido a familiares, y te cuentan su historia, te marca”, relata. Son experiencias, asegura, que te hacen empatizar y madurar. “Aunque nos bombardean en las noticias con las cifras de contagios, hay gente que desde fuera se cree que es menos grave de lo que nos dicen… me gustaría que lo vieran desde aquí”, concluye Navarrete.

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Formación específica

El personal militar que está rastreando es voluntario. Y la gran mayoría ya había trabajado en la Operación Balmis. Aún así, se les prepara para este nuevo cometido con una formación que empieza con una fase online, impartida por el Ministerio de Defensa; posteriormente asisten a una serie de conferencias sobre los aspectos generales de la Misión Baluarte y el tratamiento de datos personales, y otras más especializadas relacionadas con el contagio del virus o cómo identificar un contacto estrecho. Estas últimas están impartidas por expertos del Cuerpo de Sanidad Militar. 

Se les enseña también cómo tratar y cómo empatizar con la persona que hay al otro lado del teléfono. “Se trata de perfiles muy diferentes, y hay que saber cómo dirigirse a cada uno”, explica García-Repáraz. En todos los casos, se identifican como rastreadores militares “porque transmite seriedad y credibilidad, y ayuda a generar confianza”.

Tras una semana de conferencias y formación online, pasan a la formación “práctica” con el personal facultativo de la Comunidad de Madrid (rastreadores civiles) que llevan más de un año realizando este trabajo. Además, cuando comienzan en su puesto, durante los primeros días, están supervisados por personal de UME y veteranos de los distintos centros de rastreo. “Es una especie de control de calidad, con el que certificamos que cada rastreador está preparado para desempeñar bien su trabajo”. 

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Amparo y defensa

La Unidad Militar de Emergencias (UME) fue quién hizo los primeros rastreos dentro del Ejército, plantando la semilla de lo que ha sido esta nueva operación militar. “Empezaron a rastrear a mediados de septiembre de 2020, antes de que empezara oficialmente la Misión Baluarte; de hecho fueron ellos los que la bautizaron con el nombre de Baluarte”, aclara el comandante García-Repáraz. 

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, uno de los significados de la palabra Baluarte es “amparo y defensa”. Una muestra más de la vocación con la que nacía esta nueva misión del Ejército, que viene a continuar el trabajo que se realizó en Balmis, y que supuso el mayor despliegue militar en tiempos de paz para las Fuerzas Armadas españolas.

Por señalar alguna diferencia entre Balmis y Baluarte, en esta segunda misión no se ha prestado apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. No ha sido necesario trabajar con la Policía ni con la Guardia Civil. “Pero ambas misiones comparten los mismos objetivos: prestar apoyo a Gobierno e Instituciones para frenar la pandemia y preservar las vidas de los ciudadanos”, recalca Justo Javier Solana, desde el Mando de Operaciones.

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