El enfrentamiento entre el presidente y el primer ministro debilita la democracia tunecina 

Debilitado, el primer ministro Hichem Mechichi lucha por encontrar aliados para mantener el rumbo en un país donde nueve jefes de Gobierno diferentes ya se han sucedido desde la revolución de 2011. Mientras persiste el enfrentamiento entre el presidente de Túnez, Kaïs Saied, el primer ministro Hichem Mechichi y el líder del partido islamista Ennahda, Rached Ghannouchi, el escenario de elecciones generales anticipadas en Túnez se ha convertido más que nunca en una opción probable, ante el estancamiento político que se lleva gestando en el último tiempo. 

Los comicios legislativos de octubre de 2019 dieron como resultado un Parlamento fragmentado en una decena de partidos y una veintena de independientes. El pasado 26 de enero, el jefe de Gobierno, Hichem Mechichi, obtuvo una amplia mayoría parlamentaria para proceder al cambio de once de las 25 carteras- entre ellas la de Interior, Justicia y Sanidad- pero que el presidente de la República, Kaïs Saied, lo rechaza al considerar que no fue consultado previamente y que cinco de los nuevos ministros estarían implicados en casos de corrupción y conflicto de intereses.

Ennahda acusa a Saied, que fue elegido en un contexto de rechazo a la clase política en el poder tras la revolución de 2011, de querer ampliar sus prerrogativas desafiando la Constitución. Ennahda ha formado una coalición de Gobierno aliándose con el movimiento islamo-nacionalista Al-Karama, y el partido Qalb Tounes del magnate de los medios de comunicación Nabil Karoui, quien fue puesto en libertad el martes 15 de junio, tras más de seis meses de prisión preventiva en un caso de blanqueo de capitales.

Esa coalición ha estado en desacuerdo durante meses con Saied, elegido tras los comicios legislativos de octubre del 2019 que dieron como resultado un Parlamento fragmentado en una decena de partidos y una veintena de independientes. El partido islamista Ennahda, que cuenta con 52 de los 217 escaños del Parlamento, ha sido pieza clave en las negociaciones para formar Gobierno- el tercero en poco más de un año-y se ha convertido en el principal apoyo del Ejecutivo del Hichem Mechichi.

Ante este contexto, el presidente Kaïs Saied, se planteó la idea de un dialogo nacional, lejos de las fórmulas anteriores, señalando que la actual crisis no puede ser tratada de manera “tradicional”, por lo que anunció una reunión a la mayor brevedad posible para que cada participante, con independencia de sus afinidades políticas, proponga sus soluciones. Esto podría suponer un primer paso para zanjar el bloqueo institucional que vive el país desde que el pasado mes de enero el Ejecutivo obtuviera una mayoría parlamentaria para proceder a este cambio de carteras. 

“El presidente quiere una versión enmendada de la primera Constitución del país votada en 1959”, en lugar de la Constitución actual votada en 2014, que se someta a un referéndum popular, según dijo el presidente del poderoso sindicato nacional de trabajadores de Túnez (UGTT), Nourddine Tabboubi a The Arab Weekly. Al parecer, Saied también quiere modificar la ley electoral del país. Sin embargo, el presidente no ha confirmado su intención, que probablemente involucrará un proceso prolongado y complejo si se pone en marcha este mecanismo sin unos resultados que garanticen una victoria.

La Constitución de 1959, fue adoptada bajo el Gobierno del presidente Habib Bourguiba, en la que se establece un sistema de Gobierno presidencial, mientras que la Constitución de 2014 cambia el equilibrio a favor del Parlamento y divide los poderes ejecutivos entre el presidente y el primer ministro. Un regreso a la Constitución de 1959 parece lejos de ser probable en vista de las reacciones negativas que la idea ha suscitado entre la clase política y el enfrentamiento que existe entre el presidente y el primer ministro que has estado obstaculizando la toma de posesión de varios miembros del actual gabinete de Túnez. 

La Constitución tunecina, aprobada tras el levantamiento de 2011 y la caída del régimen de Ben Ali, ha sido generalmente elogiada como un documento modernista. Pero numerosos políticos y expertos tunecinos han admitido que incluye muchas disposiciones ambiguas y que podrían necesitar enmiendas. La afirmación de varios políticos y juristas de que el país necesita un cambio del sistema parlamentario a un régimen más presidencialista ha suscitado mucha polémica, sobre todo entre la oposición a un sistema presidencial, como es el caso del partido islamista de Ennahda. 

La corrupción endémica, la crispación política y la crisis financiera que atraviesa el país no ayudan en esta tarea. Si bien ha sido el país que, ha registrado los mayores progresos, los sucesivos Gobiernos han sido incapaces de mejorar la situación económica. La pandemia ha empeorado aún más esta serie de condiciones, por lo que la población permanece desencantada con la falta de avances y con el elevado desempleo.

Sin embargo, en los últimos días, el jefe de Gobierno, también ministro interino del Interior ha tenido que afrontar el enfado de los habitantes de Sidi Hassine, en los suburbios occidentales de Túnez. La muerte de un joven en circunstancias poco claras, durante su detención por parte de la Policía, y el video de otro joven, golpeado y desnudo por la Policía, en el mismo barrio, provocaron una ola de indignación en la sociedad civil.

Miembros de la sociedad civil, incluida la UGTT, el mayor sindicato del país, han convocado una multitudinaria manifestación para el próximo 26 de junio para denunciar la impunidad de los agresores y apoyar a las familias afectadas que, según el Sindicato Nacional de Periodistas Tunecinos (SNJT), han sufrido presiones por parte de la Policía para que no concedan entrevistas a los medios de comunicación.

Cerca de 2.000 jóvenes, incluidos menores, fueron detenidos durante los tres primeros meses del año tras participar en las protestas populares que se extendieron por todo el país para reclamar mejores condiciones de vida y en las que falleció un hombre como consecuencia del impacto de un bote de gas lacrimógeno lanzado por la policía, según Efe. 

Desde entonces el popular municipio de Sidi Hassine Séjoumi, de donde son originarias las dos víctimas, se ha convertido en escenario de altercados nocturnos entre grupos de jóvenes y fuerzas de seguridad, que recurren al uso de gas lacrimógeno para dispersarles. Por lo que el Parlamento tunecino tiene previsto convocar al jefe de Gobierno, Hichem Mechichi, por su papel como ministro del Interior interino tras la muerte del joven durante su detención y los presuntos abusos cometidos por las fuerzas de seguridad contra los manifestantes. 

Túnez, que atraviesa una profunda crisis política y socioeconómica, tiene que reembolsar unos 4.500 millones de euros de deuda durante el presente año. En consecuencia, Túnez necesita 5.700 millones de euros adicionales para completar su presupuesto de 2021. Su deuda externa ha alcanzado la marca simbólica de 100.000 millones de dinares (unos 30.000 millones de euros), es decir, el 100% del Producto Interior Bruto de Túnez.

La parálisis política se produce en un momento en el que la crisis de la COVID-19 está debilitando una economía ya maltrecha que se contrajo más de un 8% el año pasado, y en el que los prestamistas extranjeros y los poderosos sindicatos tunecinos exigen que se aceleren las reformas, mientras muchos tunecinos están cada vez más hastiados por la gestión del Gobierno en cuanto a unos servicios públicos deficientes y una clase política que ha demostrado repetidamente su incapacidad para gobernar de manera coherente.