El Gobierno de Burundi no permite desplegar una misión de expertos en Derechos Humanos

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mundonegro.es/Atalayar

Pie de foto: Burundi sigue enfrentada a la violencia y a la inestabilidad

La crisis política en Burundi parece no tener fin. La decisión de la Unión Africana de enviar a 5.000 soldados para estabilizar el país no ha hecho más que alterar al presidente burundés, Pierre Nkurunziza, quien no ha logrado pacificar el país desde que fue elegido en las últimas elecciones presidenciales.

En Burundi reina el miedo y el silencio. La policía y el gobierno siguen con su caza de brujas que comenzaron hace meses, contra cualquier movimiento en falso de los denominados “enemigos del Estado” y de un Ejército que permanece impasible. La población, de unos diez millones de personas, respira con dificultades en un clima ensombrecido donde se cuentan al menos 400 fallecidos desde abril. Unos aguantan. Y otros huyen. Según ACNUR hay un total de 232.881 personas refugiadas en los países limítrofes: Ruanda, Tanzania, Uganda y República del Congo.

El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, reiteraba hace unas semanas su profunda preocupación por la inestabilidad e imprevisibilidad del país: “El Gobierno debe tomar medidas para fomentar la confianza, incluyendo la liberación de los presos de conciencia y el levantamiento de las restricciones a la sociedad civil”, señaló en un comunicado. A mediados de diciembre se tomó la decisión por el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana (UA) de enviar 5.000 soldados a raíz del brote de violencia en el que 87 personas perdieron la vida. Sin embargo, desde la capital, Buyumbura, se opusieron al despliegue de tropas alegando que el Gobierno había sido capaz de detener los graves altercados. El propio presidente del país, Pierre Nkurunziza, comunicó en la radio nacional que “atacaremos a las fuerzas de la UA si las tropas invaden el país”.

Los aires autoritarios de Nkurunziza comenzaron en abril de 2015 cuando anunció unilateralmente su candidatura para un tercer mandato, decisión que incumplía las disposiciones constitucionales y el Acuerdo de Arusha que puso fin a la guerra civil (1993-2006) entre el ejército dominado entonces por la minoría tutsi y los rebeldes hutus.

Con el anuncio de este tercer mandato, comenzaron las protestas y las movilizaciones sociales. Incluso hubo un intento de Golpe de Estado en mayo, frustrado por el antiguo jefe de los servicios secretos, el general Godefroid Nyombare, destituido en febrero por desaconsejar a Nkurutziza volver a presentarse y por nombrar en enero al líder de la oposición armada, Fuerzas Republicanas de Burundi (FOREBU), que se constituyó en diciembre con la misión de “proteger a la población”.

Las elecciones de julio, en las que Nkurunziza fue reelegido. Se consideraron comicios inválidos por parte de los Estados Unidos y la Unión Europea, debido al entorno de violencia en el que se celebraron, hubo enfrentamientos entre los grupos anti-Nkururnziza y las fuerzas que le son fieles —Ejército, policía y milicianos—  que dejaron al menos 100 muertos. Varios opositores fueron asesinados, y otros huyeron al exilio o se retiraron de la carrera política alegando intimidación.

A pesar de que tanto la oposición como los líderes de la sociedad civil no reconocen que se esté produciendo un genocidio. Lo cierto es que la comunidad internacional está muy preocupada y empieza a ver paralelismos con la vecina Ruanda, dónde cerca de 1 millón de tutsis y hutus moderados fueron asesinados en 1994.

Por otro lado, La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos informó que la misión de expertos independientes que despachó a Burundi para investigar las denuncias de abusos, no ha podido entrar al país por falta de respuesta de las autoridades nacionales.

El Consejo de Derechos Humanos dispuso la formación de ese equipo de expertos el 17 de diciembre en vista del deterioro de la situación de las garantías fundamentales en el país.

La portavoz en Ginebra del Alto Comisionado, Cécile Poully, informó en una conferencia de prensa que esa Oficina solicitó al gobierno de Burundi que permitiera la llegada de los expertos el 25 de enero; sin embargo, añadió que, las autoridades burundesas todavía no habían respondido.

“Lamentamos este retraso y tememos que impida al equipo cumplir con su mandato y elaborar un informe de forma apropiada y puntual. Esperamos que las autoridades de Burundi tomen las medidas necesarias, incluida la expedición de visas, para el rápido despliegue de los expertos en el terreno”, apuntó Poully.

Además de investigar las presuntas atrocidades, los expertos deben elaborar recomendaciones y entablar un diálogo con las autoridades y otros actores relevantes de la actual crisis en Burundi.