Una falla en la ley marroquí obstaculiza la labor del Ejecutivo en la lucha contra el monopolio y la especulación de los proveedores del sector alimenticio quienes están provocando precios récord

El Gobierno marroquí insta a la normalidad asegurando el suministro alimenticio pese a la subida de precios

AFP/FADEL SENNA - Una mujer, compra en el mercado central durante el mes sagrado musulmán del Ramadán en la capital marroquí, Rabat, el 6 de mayo de 2020

Las empresas de la industria alimentaria han notado vacíos en la ley que impiden correctamente contra el monopolio y la especulación, a pesar de la buena fe del Gobierno de Marruecos para detener la inflación. Algo que está provocando que los ciudadanos pierdan poder adquisitivo.  

El Ejecutivo ha querido evitar a toda costa el monopolio de la cadena productiva alimentaria para intentar contener los precios, y estos desfases han tenido el efecto contrario al que pretendían. La acción del Gobierno en esta situación es limitada, pero desde Rabat se invita a la calma asegurando que la cadena de producción es estable y el abastecimiento está más que asegurado. Los inconvenientes del escenario actual tienen su origen en la aprobación de la ley que buscaba el control de los precios para evitar la situación que vive en estos momentos el país. 

Sabedores de lo sucedido, los miembros del Parlamento están revisando los textos para poder hallar la solución al dilema actual y, así, alcanzar el fin esperado cuando se instauró esta ley. Por el momento no se ha podido establecer una nueva legislación; entre tanto los precios de alimentos básicos como las verduras y la carne blanca se están viendo afectados por subidas de precio nunca vistas en el país norteafricano. El problema del monopolio no es un virus que solo afecte al reino alauí, sino que es un fenómeno global que, en tiempos difíciles como los que vivimos en la actualidad, florecen con mayor fuerza ante las necesidades de los ciudadanos. 

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Está lejos de ser inevitable que los gobiernos logren controlar este fenómeno. Es muy difícil pretender que la cesta de la compra de un ciudadano no se vea afectada a medida que los precios de los alimentos junto con los costos de producción aumentan, junto con los precios actuales de la energía.  

Una solución sería llegar a un acuerdo sobre los precios y ponerles un tope. La ley de la oferta y la demanda determina los precios en base a las leyes de mercado que lo rigen. Esta ley hace posible que todos puedan competir en las condiciones más equitativas posibles.  

Poner un tope a los precios puede suponer que no haya el suficiente stock para todos y algunos productos, generalmente los más básicos, desaparezcan del mercado. Mohamed Ghayate, líder del Partido Agrupación Nacional de los Independientes presentó en el Parlamento un proyecto de ley que ayudaría a la Administración a controlar las subidas hasta que se localice una solución concluyente para el problema. Otro de los integrantes del Gobierno, Noureddine Mudyan, jefe del bloque del Partido Istiqlal, ratificó en una reunión del Comité de Finanzas y Desarrollo Económico que la situación actual solo beneficia a las empresas que están acaparando los productos y, por ende, jugando con la comida del pueblo marroquí.

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La tarea no es nada fácil ya que el rastreo de todos aquellos que se están lucrando con esto es muy difícil. Ya en julio de 2022 en el Discurso al Trono, el monarca alauí, Mohamed VI, dio los primeros pasos para detener este dilema. El Gobierno, en la búsqueda de cumplir con lo prometido, bajar los precios y evitar la inflación de los mismos, trabaja desde ya para ponerle solución al problema. Expertos en evaluaciones del mercado y la afectación de las políticas públicas al mismo, como Rachid Lazraq, apoya la teoría de que los precios se vieron afectados por la ausencia de leyes más efectivas, y añade que “no puede ser una excusa la falta de legislación para no enfrentar el problema”. 

En un intento de presión a las empresas monopolizadoras, almacenadoras y especuladoras, el Consejo Económico, Social y Medioambiental, dio el visto bueno a poder investigar y controlar a las empresas intermediarias, ya que señalan que “en Marruecos la comercialización de productos, en especial los agrícolas, se caracteriza por una fuerte presencia de intermediarios”. Esto traducido en los precios supone un efecto negativo que hace que aumenten de forma progresiva hasta que finalmente llegan al consumidor, quien es el mayor de los perjudicados. Uno de los ejemplos más significativos es la subida del precio de los tomates y las cebollas con una subida del 33%. 

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Ante esta subida, Mohamed Siddiqui, ministro de Agricultura, Pesca, Desarrollo Rural, Agua y Bosques, señaló que ante esta situación el control de los precios es más que una urgencia. Asimismo, sugirió que la raíz del problema está en la identificación de todos aquellos agentes que intervienen en la cadena de producción para así poder tener un mejor control de todos los eslabones que provocan que los precios en la actualidad marquen valores nunca vistos por los marroquíes. Bouazza Kharati, presidente de la Liga Marroquí por los Derechos del Consumidor, expresó en The Arab Weekly que, debido a que el mercado se había liberalizado durante 23 años, es un gran desafío controlar los precios.  

Además, la acción gubernamental en este sentido está cercada pues solo pueden administrar y actuar en los mercados subvencionados por ellos mismos por lo que solo pueden monitorear la situación lo que supone que el problema siga estando. Desde los departamentos encargados del asunto y comités de inspección de mercados están investigando el funcionamiento de ciertos mercados para así evitar el fraude a los consumidores y, momentáneamente, paliar en la medida de lo posible un problema que el Gobierno de Marruecos conoce y sobre el que ya está trabajando. 

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