El Ministerio del Interior de Marruecos condena los ataques contra las instituciones de Seguridad Nacional
El Ministerio del Interior de Marruecos denunció ayer "categóricamente" las declaraciones irresponsables dirigidas a las instituciones de Seguridad Nacional, advirtiendo que se reservaba el derecho de buscar justicia.
En un comunicado de prensa, el Ministerio, aseguró que algunas personas habían utilizado recientemente las redes sociales y ciertos sitios electrónicos para socavar las instituciones de seguridad nacional mediante la publicación de denuncias destinadas a engañar a la opinión pública nacional, dañar la imagen de esas instituciones, subestimar sus acciones y poner en duda su actuación.
Aparentemente se trata de una respuesta al político marroquí Mohammed Ziane que recientemente había realizado una serie de comentarios contra estas instituciones. El 25 de noviembre, el Partido Liberal Marroquí (PLM) pidió la disolución de la Dirección General de Vigilancia Territorial (DGST) y la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN). Asimismo, Ziane acusó a la DGST el domingo de filtrar un vídeo inapropiado de él con una mujer.
Por su parte, el Ministerio ha defendido a las instituciones de seguridad nacional de Marruecos contra las "declaraciones irresponsables" y ha expresado su sorpresa por el hecho de que provengan de "personas que se supone tienen un mínimo de responsabilidad e integridad". Además, el Ministerio del Interior advirtió que se reserva el derecho de hacer justicia contra las personas que socavan las instituciones de seguridad nacional de Marruecos en las redes sociales.
"La acción de todos los componentes del Ministerio sigue estando regida por las disposiciones constitucionales, las cartas internacionales y los textos jurídicos, con el objetivo principal de servir al interés general de los ciudadanos, en particular el respeto de sus derechos y libertades, lo que representa sin duda una prueba de la elección democrática adoptada por el Reino de Marruecos y basada en la obligación de todos de adherirse a los principios del estado de derecho, ya sea en el marco del ejercicio de los derechos o del respeto de los deberes".
"Las instituciones judiciales de nuestro país están en condiciones de garantizar todos los derechos y libertades individuales y colectivos, junto con las instituciones constitucionales a las que el legislador ha confiado la misión de preservar los derechos de los ciudadanos, en su relación con la administración y la consolidación de los principios de justicia y equidad, en lugar de persistir en esta campaña sistemática en la que falta el espíritu de responsabilidad y objetividad y que subestima los progresos y logros reconocidos a nivel nacional e internacional", añadió.
