El pacto secreto de Malta con Libia para frenar la llegada de migrantes

Por su situación geográfica, a solo unos cientos de kilómetros de las costas libias, Malta es uno de los países de la Unión Europea que más afectado se ha visto debido a los nutridos flujos migratorios que parten de este país del norte de África. Según la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Malta, más de 3400 personas fueron rescatadas solo en 2019 en las aguas del Mediterráneo y desembarcadas en el estado insular. La mayoría eran de origen sudanés, eritreo o nigeriano.

A pesar de que la cifra está lejos de los desembarcos en Italia, Grecia y España, donde los migrantes llegados por mar se cuentan por decenas de miles, debe tenerse en cuenta que Malta es un país muy pequeño. Entre las islas de Malta y Gozo, que componen el territorio, no suman más de 316 kilómetros cuadrados -aproximadamente, la mitad de superficie que tiene la ciudad de Madrid- y 450.000 habitantes. Desde el año 2005, ACNUR Malta estima que el país ha acogido a unos 25.000 migrantes rescatados en el mar. Extrapolando las proporciones, es como si España hubiese acogido a unos dos millones y medio de migrantes llegados por mar en el mismo periodo.

Muy probablemente, esta presión migratoria, acentuada en los últimos cinco años en la llamada ruta central del Mediterráneo, ha sido el factor que ha impulsado a la Administración nacional a tomar unas medidas no del todo transparentes para tratar de frenar el flujo de personas que llegan por mar a la isla.

Esto es lo que ha afirmado bajo juramento un antiguo alto cargo del Gobierno. En concreto, se desempeñó como coordinador de la Oficina del Primer Ministro. Se llama Neville Gafà y, durante años, fue el hombre de confianza de Keith Schembri, antiguo jefe de Gabinete del ex primer ministro laborista Joseph Muscat. En la actualidad, ninguno de los tres está detentando un puesto de responsabilidad en el poder público: Schembri y Muscat dimitieron debido a las sospechas vertidas sobre ellos durante el juicio por el asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia. Gafà, que también estuvo implicado en este caso que sacudió al país, presentó su renuncia después de que se formase el nuevo Gobierno, presidido por Robert Abela.

Durante la investigación del caso Caruana, Gafà declaró que actuaba como enviado especial en Trípoli del Gobierno de Malta. Su cometido fundamental era el de conseguir un pacto sobre la cuestión migratoria que fuera ventajoso para su país. Para construir una relación de confianza con actores clave, viajó varias veces al país norteafricano. El reportero Kurt Sansone del rotativo Malta Today tuvo recientemente la oportunidad de hablar con Gafà. Durante su conversación, el ex alto cargo del Gobierno maltés corroboró lo que había contado en sede judicial y dio más detalles.

La operación comenzó en julio de 2018, cuando a Gafà se le preguntó si podía “ayudar en la cuestión migratoria”. En aquel momento, las salidas de migrantes desde los puertos de Zawijah y Khoms, cercanos a la capital libia, estaban en su apogeo debido a los combates sin tregua entre las milicias locales. Al mismo tiempo, Italia había endurecido notablemente su política de acogida a iniciativa del exministro del Interior y líder de la Liga Matteo Salvini.

¿Cómo se trasladó a la práctica la voluntad del Ejecutivo de Muscat de frenar la llegada de migrantes? Se instauró un dispositivo al margen de la operación Sofía, diseñada por Bruselas para gestionar la llegada de migrantes a las costas comunitarias, y sin el conocimiento de las propias instituciones diplomáticas maltesas, encargadas de las relaciones exteriores del país. Consistía, fundamentalmente, en una especie de ‘teléfono rojo’: una línea de comunicación directa que mantenía en contacto permanente a la Oficina del Primer Ministro de Malta con las autoridades de la Guardia Costera libia. 

Funcionaba de la siguiente forma: Gafà recibía avisos de las Fuerzas Armadas maltesas sobre la partida de embarcaciones de la costa libia con migrantes a bordo. Entonces, Gafà trasladaba la indicación a sus contactos en la Guardia Costera del país africano para que los devolviesen a tierra. Si la situación no era resuelta en esa primera instancia, Gafà recurría al Ministerio del Interior en Trípoli para que solucionasen la cuestión.

Como manifestó al Malta Today, su labor no era sencilla: “Las operaciones duraban horas. [Los libios] no nos ponían la alfombra roja y convencerlos requería mucha paciencia”. Gafà relató que las situaciones más delicadas acaecían cuando había varias embarcaciones a la vez en el agua y había que lidiar también con las autoridades transalpinas, preocupadas igualmente por contener el flujo migratorio.

El rango de actuación del funcionario maltés se limitaba a las aguas territoriales libias. De este modo, cuando las embarcaciones eran retornadas al lugar de origen, no se quebraban los postulados establecidos por Naciones Unidas, que no autorizan la devolución a entornos no seguros una vez que se la persona ha entrado en aguas internacionales. Entre julio de 2018 y enero de 2019, los malteses explotaron esta triquiñuela legal para devolver más de 50 embarcaciones a la costa libia. Allí, los migrantes que aguardan para cruzar el Mediterráneo residen en centros de detención donde, según organizaciones en defensa de los derechos humanos, reciben tratos degradantes y viven en condiciones de absoluta miseria.

Gafà se escuda en que la operación evitó una crisis nacional y en que, a efectos prácticos, no difería demasiado de la política llevada a cabo por la Unión Europea. Además, según él, su actuación “salvó vidas de mujeres embarazadas y niños” que corrían el riesgo de ahogarse en el mar. La incógnita de si Libia obtenía algo a cambio por quedarse con los migrantes no ha sido desvelada aún, aunque Gafà lo niega, aludiendo a que su país ya ayudó en 2014 a evacuar a más de cien heridos cuando fue bombardeado el aeropuerto de Mitiga. Entonces, el funcionario ya fue investigado por supuesto tráfico de visados médicos. Por tanto, era Malta la que, de algún modo, se estaba cobrando el favor.

Desde que Valeta cerró esta línea de comunicación con Trípoli, la situación en Libia no ha hecho sino empeorar, a pesar del embargo internacional que pesa sobre el país. Los combates entre el Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA, por sus siglas en inglés) de Fayez Sarraj, reconocido por Naciones Unidas y apoyado sobre el terreno por Turquía y Qatar, y el Ejército Nacional Libio (LNA) del mariscal Jalifa Haftar, respaldado por Rusia, Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Francia, han dejado el territorio al borde del colapso. 

Actualmente, ambas partes negocian para establecer un alto el fuego duradero que permita el regreso a sus hogares de los desplazados por la guerra y la llegada de ayuda humanitaria. Sin embargo, cada vez que se ha decretado una tregua momentánea, tanto el GNA como el LNA la han roto.