El Parlamento argelino prevé certificar la nueva Ley de Medios pese a las enmiendas
El Ejecutivo argelino de Abdelmadjid Tebboune mantendrá los textos del borrador de la nueva Ley de Medios pese a las críticas recibidas. Tras largos e intensos debates en el hemiciclo, se decretó por mayoría la aprobación de la nueva Ley de Medios pese a las enmiendas presentadas por la oposición. Las discusiones sobre la ley surgen a raíz de la inserción de métodos de exclusión en la intervención a toda persona que posea la doble nacionalidad en los medios de comunicación, según un comunicado emitido por el Consejo. De este modo el Gobierno busca asegurarse que no haya capital extranjero en los medios locales que puedan suponer la divulgación de noticias que puedan considerarse “incómodas” para Argel.
El comunicado no especificó cuántos de los 462 miembros votaron a favor, a pesar de que había obtenido una mayoría. Según aparece en el aviso emitido tras la aprobación de la ley, el comité habría justificado la restricción de las personas con doble nacionalidad para “bloquear las puertas a las partes hostiles a Argelia que esperan la ocasión de invertir en los medios para entorpecer en las cuestiones internas del país, lo que supondría una amenaza a la soberanía nacional”. La reforma del artículo 4 fue una de las correcciones propuestas por la oposición que fracasó debido a las presiones que ejerció el Gobierno sobre la comisión parlamentaria encargada de aprobar la ley. En este capítulo se establece la regla que prohíbe a las personas con doble nacionalidad trabajar en los medios de comunicación.
El oscurantismo con el que se trató de anunciar sobre lo sucedido dentro de la Asamblea Popular Nacional es una clara señal de que el anhelo de la aprobación de la ley es la de tratar de censurar el contenido que se publica en la medida de lo posible. A partir de que se haga efectiva la Ley, las personas que deseen establecerse en los medios de comunicación deben cumplir con la condición de nacionalidad argelina, que se mantiene al exigir que una persona posea capital estrictamente nacional. La declaración incluye además que “tanto a los accionistas, socios y personas físicas no deberán poseer ni tener financiamiento extranjero”.
Ante el aluvión de críticas recibidas, el Gobierno afirma en la comunicación que ha emitido que sus motivos para negarse a aprobar la ley son únicamente “preservar las constantes y rasgos nacionales de la identidad argelina y su referencia básica de la religión islámica, la lengua nacional, nuestras consideraciones y nuestra cultura a la luz, que nos obligan a tomar medidas de prevención para prescindir de creencias, ideas y culturas impropias de la sociedad argelina”. Tras la finalización de la “sesión de la vergüenza”, calificada así por la oposición, el principal partido de la oposición quiso dejar claro a la sociedad argelina que todos sus diputados (65) sin excepción habían votado en contra del proyecto de ley.
Desde el Gobierno afirman que la ley “corregirá los desequilibrios y las deficiencias de las leyes anteriores”, tal y como informó a la prensa el ministro de Información, Mohamed Bouslimani, momentos después de la finalización del pleno. Añadió que “era de gran interés nacional garantizar una libre y responsable ética comunicacional”. Sin embargo, desde la oposición se aclaró que parte de las críticas al Gobierno central se basaban en los comportamientos autoritarios de los partidos situados en el poder, quienes pretendían aprobar la ley de forma unilateral y “no implicar en la consulta a los periodistas y miembros de la Asamblea”.
Además, según informa Al-Arab, la oposición suplicó a la Cámara de Representantes que formara parte de los planes de Tebboune aboliendo todas las enmiendas que se habían propuesto en contra de esta atrocidad. Desde el Gobierno, cada vez con menos apoyo popular, en respuesta a la oposición se señaló que el motivo de la Ley “es el de crear un sistema robusto, responsable y creíble”.
