El Parlamento Europeo pone el foco en las exportaciones militares
La industria de defensa europea empieza a contar con una presencia importante de los presupuestos comunitarios, algo que obliga a que exista un control más exhaustivo y transparente de las exportaciones del sector.
La industria de defensa va cobrando protagonismo en el discurso político de la Unión Europea. Y ya no sólo por cuestiones relativas a la autonomía estratégica de la Unión, la financiación de programas con fondos comunitarios o el eterno debate de si se debe continuar avanzando hacia un casi utópico y complejo Ejército europeo.
La presencia de grandes empresas como Airbus, Dassault, Naval Group, Fincantieri o Navantia, que cuentan ya con un importante presente en el panorama industrial internacional, verá su potencial exportador fuertemente aumentado en el futuro, gracias a los proyectos conjuntos que se están desarrollando dentro del tejido industrial europeo. Y, precisamente por esto, desde las instituciones europeas, en la última década se ha ido avanzando legislativamente hacia un mayor control y transparencia en cuando a la exportación de material y tecnología militar.
Según datos del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI por sus siglas en inglés), durante el quinquenio 2015-2019, la UE – incluyendo todavía a Reino Unido – exportó más del 25% del material armamentístico del total mundial, siendo el segundo mayor exportador del mundo, sólo por detrás de Estados Unidos (36%) y por encima de Rusia (21%).
La gran parte de las exportaciones se concentran en cinco Estados miembros: Francia con un 7,9%, Alemania con un 5,8%, Reino Unido con 3,7%, España con un 3,1% e Italia con un 2,1% del total mundial, habiendo mostrado tres de ellos – Francia, Alemania y España – un aumento respecto a periodos anteriores. Estas exportaciones están parcialmente acotadas y limitadas por la legislación europea, y sujeta a los estándares adoptados en la Posición Común 2008/944/PESC del Consejo de la Unión Europea.
Entre estos estándares, están los del respeto a los derechos humanos de los países importadores, además de la garantía de que el material no será usado en conflictos vigentes en la región ni empleados en posibles represiones internas. Algo que resulta loable, pero que teniendo en cuenta quiénes son los principales receptores de este material, su aplicación o vigilancia no es, desde luego, exhaustiva.
Según los últimos informes anuales de la Unión Europea, relativos a los años 2017 y 2018, las regiones del Norte de África y Oriente Medio, sobre todo esta última, son los principales destinos de las exportaciones armamentísticas europeas. Este hecho pone de manifiesto que se puede haber incurrido en cierta laxitud a la hora de controlar a dónde y a quién se exportaba, teniendo en cuenta la inestabilidad de algunos de los países, el reducido respeto a los derechos humanos y la actividad represiva en otros.
En ese sentido, de nuevo el Consejo de la Unión Europea decidió en septiembre de 2019 la introducción de una normativa que aportara uniformidad y claridad a los datos que proporcionan los Estados miembros de cara a una mejor supervisión y mayor transparencia del mercado exportador de la industria militar europea.
Desde el Parlamento Europeo, exactamente un año después de la decisión del Consejo, se ha aprobado recientemente una resolución para incidir en el cumplimiento de la normativa, pues se considera que la información proporcionada por los Estados de la Unión Europea no es ni completa, ni fácilmente accesible. La resolución, presentada desde el grupo de verde, salió adelante gracias al apoyo de la familia socialdemócrata y liberal del Parlamento Europeo. En total 341 votos a favor, 124 en contra y 230 abstenciones. Cabe destacar que a nivel nacional, parte de los representantes populares se abstuvieron, a diferencia de la mayoría del EPP, grupo al que pertenecen en el Parlamento Europeo; de la misma forma lo hicieron los liberales, pese a que su grupo sí votó mayoritariamente a favor de la resolución.
La exportación armamentística incide aún más en la falta de cooperación entre los Estados miembros para mantener una posición común respecto a los conflictos que se suceden en el mundo. Pues ni siquiera esa Posición Común acordada en 2008 garantiza una forma de actuar única cuando alguno de los países receptores de material procedente de la Unión Europea, incumple uno – o varios – de los ocho puntos que establece dicho posicionamiento conjunto.
Quizás el ejemplo más claro se encuentre en Oriente Medio, donde el papel de Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos respecto a la guerra en Yemen ha provocado que algunos países como Bélgica, Alemania o Países Bajos suspendieran la exportación de material que fuera susceptible de ser utilizado en el conflicto, mientras que otros como Francia e Italia, se han amparado en la inexistencia de ningún tipo de embargo vigente sobre estas monarquías del Golfo para mantener sus exportaciones.
La falta de facto de una unanimidad a la hora de cumplir este posicionamiento común, junto al déficit de transparencia y de información que en algunos casos se observan, repercuten en cómo en ocasiones las sociedades perciben negativamente el estimular y proteger el sector de la industria de defensa. Unificar más los criterios, vigilar su cumplimiento y clarificar la información es imprescindible, más si cabe, ahora que la industria de defensa europea empieza a nutrirse de fondos comunitarios.
