El PJD despide a un centenar de empleados y abandona el proyecto de su nueva sede
Un mes después de la debacle electoral, el Partido Justicia y Desarrollo (PJD) sigue en caída libre. Las urnas despojaron a la formación islamista del poder tras una década ininterrumpida en el Gobierno y después de perder 112 escaños y las grandes alcaldías del país. Un revés que descosió a la fuerza política más importante de los últimos 10 años.
La hecatombe electoral provocó la dimisión del exjefe de Gobierno, Saaeddine Othmani, y de la cúpula del partido, señalados como los principales responsables de la estrepitosa pérdida de la hegemonía islamista en la política marroquí, previo descenso de siete posiciones en la escala de partidos más votados.
Sin embargo, la criba definitiva en el PJD se ha llevado a efecto este martes con el despido de 160 militantes y trabajadores de la formación y el abandono de su proyecto de establecer una nueva sede en uno de los barrios acaudalados de la capital, Rabat, según ha adelantado el digital marroquí Hespress. Un movimiento que arrastra al PJD hacia el abismo de la disolución.
El partido comenzó a expulsar integrantes de sus filas una vez finalizado el conteo. Las previsiones, en principio adversas para la formación, no contaban con un derrumbamiento de estas características, sino que, como mucho, vaticinaban la pérdida de respaldo dentro del Ejecutivo, que los habría llevado a quedar fuera de la coalición o a ser un integrante junior.
Los primeros perfiles en ser expulsados del partido fueron los trabajadores de las sedes en varias ciudades del país, incluida la de Rabat, y los encargados de dirigir las redes y la comunicación digital del partido, un ámbito donde operaban con destreza y que les había reportado beneficios en elecciones anteriores.
Más allá de la falta de resultados o de la mala praxis, desde el partido justifican los despidos por motivos económicos. La acusada disminución de los ingresos por parte del Estado, correspondientes a su escasa representación política, ha empujado a un centenar de familias al desempleo y han forzado a muchas de ellas a desplazar sus hogares.
Los despidos han indignado a las bases de la formación y a los simpatizantes del PJD. Por las consecuencias y, sobre todo, por las condiciones en que se han llevado a cabo. Sólo Saaeddine Othmani, en su condición de primer ministro, y el resto de los cargos ministeriales de su gabinete han recibido una indemnización del partido. No así el resto de los militantes expulsados de la formación, que exigen un cobro acumulado próximo a los 7 millones de dólares.
Esta indignación se suma al descontento en el seno del PJD por las malas decisiones estratégicas de la secretaría general del partido. Durante el periodo de Othmani, el líder islamista destituyó a voces críticas con su gestión y promocionó a aquellos que respaldaban sus tesis, encadenando una larga nómina de pésimos resultados.
El partido denunció irregularidades durante el proceso electoral y pidió la anulación de los comicios, unas acusaciones de las que la comunidad internacional y los observadores extranjeros parecen no haberse hecho eco. Y no se quedó ahí, sino que el PJD se hundió también en las locales y regionales, pasando de 5.021 miembros electos a 777 a nivel comunal y de 174 escaños a 18 a nivel regional.
