Se busca instaurar “una nueva República con el fin de lograr las reivindicaciones del pueblo”

El presidente de Argelia autoriza la formación de un comité para reformar la Constitución

photo_camera PHOTO/REUTERS - El presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune

El presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, autorizó este miércoles la creación de un comité de expertos encargado de formular propuestas para una eventual reforma de la Constitución a partir de una "revisión profunda de la Carta Magna que se ha vuelto deseable e incluso necesaria", según anunció en un comunicado oficial la Presidencia de la República.

La posible revisión constitucional supone la "piedra angular de la construcción de una nueva República con el fin de lograr las reivindicaciones de nuestro pueblo expresadas por el Movimiento Popular y establecer los fundamentos de una Argelia nueva", explicó la nota.

Se explora de esta manera la vía de regeneración política y estatal reclamada firmemente en reiteradas ocasiones por gran parte de la población, agrupada en el movimiento social transversal llamado Hirak, formado por diferentes estratos sociales y que semanalmente sale a la calle a manifestarse pidiendo una renovación profunda de las estructuras del país desde hace ya casi un año, en concreto 46 semanas ya. En febrero pasado comenzaron estas protestas multitudinarias para instar a la clase política a una reforma en profundidad de las instituciones tras décadas de dominio por parte del estamento de las Fuerzas Armadas y del plenipotenciario partido del Frente de Liberación Nacional (FLN), que han regido los designios del país norteafricano desde su independencia de Francia, alcanzada en 1962.

Movimiento Hirak

La última deriva de Argelia hacia un escenario de corrupción pública y crisis económica terminó con la salida del poder del veteranísimo Abdelaziz Bouteflika, quien fue apartado del poder a sus 81 años por la presión popular y a instancias del por aquel entonces jefe del Ejército, el general Ahmed Gaïd Salah, fallecido a finales del pasado mes de diciembre. El propio Gaïd Salah impulsó una campaña de “manos limpias” que condujo a la cárcel a políticos, militares, ministros y empresarios próximos al expresidente Bouteflika, acusados todos ellos de corrupción, principal detonante de las protestas populares, junto con la galopante crisis económica del país, la más grave del país en los últimos tiempos, caracterizada por la caída de más de un 12% de los ingresos por las exportaciones del sector energético, petróleo y gas, el desplome de las reservas de moneda extranjera y por la necesidad de rebajar en hasta un 9% el gasto público repercutiendo en los servicios públicos y sociales. 

En este escenario llegaron las elecciones del pasado 12 de diciembre, en las que se hizo con la Presidencia de la República Abdelmadjid Tebboune, señalado también por ciertos sectores como miembro del mismo aparato estatal de siempre y como un personaje colocado ahí por las Fuerzas Armadas. De hecho, el proceso electoral sufrió un boicot popular que redujo la participación en un 40%. A pesar de ello, el actual Jefe de Estado rechazó estas acusaciones sobre su vinculación al régimen establecido alegando que él ya se había marchado del FLN previamente y que había sido cesado en 2017 como primer ministro. 

El comité autorizado por Tebboune estará presidido por el profesor de Derecho y miembro de la Comisión de Derecho Internacional de la Organización de Naciones Unidas Ahmed Laraba, y estará formado por una quincena de expertos de diversas áreas. 

Este órgano deberá reflexionar sobre siete ejes de propuestas y recomendaciones señalados por el propio Tebboune y su misión será "analizar y evaluar, en todos sus aspectos, la organización y el funcionamiento de las instituciones del Estado". Este organismo tendrá la función de "presentar al presidente las propuestas y recomendaciones, que tienen por objeto consolidar el orden democrático basado en el pluralismo político y la alternancia en el poder", agregó la comunicación oficial realizada por la Presidencia de la República.  

Las propuestas y recomendaciones del comité también deben garantizar "la protección de nuestro país contra toda forma de autocracia, una separación real y un mejor equilibrio de poderes, además de introducir una mayor coherencia en el funcionamiento del Poder Ejecutivo y el restablecimiento en particular el Parlamento en su función del control de la acción del Gobierno", subrayó.

La misma fuente explicó que el comité podrá proponer, además, cualquier medida encaminada a mejorar las garantías de la independencia de los jueces, a fortalecer los derechos de los ciudadanos y a consolidar la moralización de la vida pública y la regeneración de las instituciones de control y consulta.

Las conclusiones deberán estar preparadas en un plazo de dos meses para que puedan ponerse en formato de ley y ser consultadas por políticos y responsables de la sociedad civil antes de ser sometidas a la voluntad del Parlamento para su aprobación.

"El texto aprobado por el Parlamento será sometido a un referéndum popular", afirmó la Presidencia.

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