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El presidente de Túnez destituye a 57 jueces por supuesta corrupción y protección del terrorismo

El presidente tunecino da un paso decisivo para “depurar el poder judicial”, mientras se convoca una huelga general para el próximo 16 de junio
Kais Saied

AFP/KARIM JAAFAR  -   El presidente de Túnez, Kais Saied

El presidente de Túnez, Kais Saied, ha destituido a 57 jueces a los que ha presentado graves cargos por participación en corrupción financiera, falsificación de documentos oficiales, encubrimiento de personas involucradas en el terrorismo y protección de funcionarios políticos y de partidos para que no rindan cuenta, según ha publicado el Boletín Oficial de Túnez.  

El objetivo del presidente tunecino es la necesidad de “purificar” el poder judicial. “El deber sagrado nos motiva a tomar esta decisión histórica para preservar la paz social y el Estado”, ha afirmado Saied durante la última sesión del Consejo de Ministros.  

La decisión del presidente se produce después de varias críticas realizadas al poder judicial, especialmente porque hay muchos archivos confidenciales que han estado sin tramitar durante muchos años. Es por ello por lo que el presidente tunecino, al igual que muchos otros jueces, han visto la necesidad de hacer frente a la corrupción y exigir responsabilidades a los jueces vinculados a los partidos políticos.

Saied ha señalado también que se publicará próximamente un decreto en el que revelará los nombres de estos jueces implicados en corrupción, después de revisar todos los expedientes. El presidente ha atribuido esta toma decisión a su “responsabilidad ante el pueblo” y ha reiterado “que no tiene intención de interferir en la labor del Poder Judicial”.

Sin embargo, estas declaraciones chocan con la labor que está llevando a cabo en su intento de reformar el poder. El pasado 12 de febrero, Saied firmó un decreto por el que creó el Consejo Judicial Supremo Interino en sustitución del Consejo Judicial Supremo, al que acusó de carecer de independencia. A través de este decreto publicado en el Boletín Oficial se daba la potestad Saied de cesar a cualquier juez en caso de que comprometa la seguridad del Estado: “El presidente podrá, en caso de garantizar o comprometer la seguridad pública o el supremo interés de la patria, y con base de un informe motivado de las autoridades competentes, dictar un decreto presidencial para destituir a todo juez a quien se relacione con cualquier cosa que pueda afectar la reputación del poder judicial, su independencia o su buena conducta”.

Protestas Túnez
PHOTO/REUTERS  -   Manifestación en Túnez

A esto se suma otro proyecto de decreto relacionado con la revisión de la Ley de Elecciones y Referéndum en preparación para el próximo 25 de julio. En él se tiene previsto la redacción de una nueva Constitución para una “nueva república”, que apunta a la instauración de un sistema presidencialista sin partidos políticos. A la redacción de la nueva Carta Magna se negó participar el sindicato Unión General Tunecina del Trabajo (UGTT), al considerar que “los resultados se conocen de antemano” y por el rechazo a “hacer solamente de figurantes”.  

Mientras aumenta la oposición política que pide una vuelta a la “vía democrática”. El apoyo popular que recibió Saied el 25 de julio de 2021 genera cada día más desconfianza por la deriva autoritaria que está tomando el mandato y reclaman “rescatar la transición de 2011”. 

Tanto es así que el sindicato UGTT ha convocado una huelga general para el próximo 16 de junio en protesta por la negativa del Gobierno a reformar las empresas públicas, como así lo ha publicado el propio sindicado en un comunicado. Esta huelga general abarcará 159 instituciones públicas del país. 

Túnez se enfrenta a su peor crisis política desde que el pasado 25 de julio Kais Saied destituyó al Gobierno, suspendió el Parlamento y asumió la autoridad ejecutiva con la que está gobernando a base de decretos, algo que la oposición ha considerado como un “golpe de Estado”. A ello se suma la crisis financiera por la que el Gobierno se ha visto obligado a solicitar un préstamo de 4.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional.