El primer ministro de Sudán quiere pasar a la historia con su visita a Darfur

16 años. Es el tiempo que ha tardado una autoridad sudanesa en visitar la región de Darfur, la cual, entre los años 2003 y 2008, vivió un genocidio que dejó un balance de 300.000 muertos y 2,5 millones de desplazados internos.
El primer ministro civil Abdalla Hamdok, designado tras el golpe de Estado que derrocó a Omar al-Bashir el pasado 11 de abril, ha querido entrar, así, en la historia del país. En un viaje de un día, el jefe del Gobierno del periodo transicional ha visitado Al-Fasher, la capital de Darfur Norte, donde ha mantenido una serie de encuentros tanto con autoridades gubernamentales como con civiles, además de presidir la inauguración de una serie de servicios públicos.

El punto álgido de la visita a Darfur Norte ha tenido lugar con el encuentro entre Hamdok y el gobernador de dicho estado, el general supremo Malik Al-Tayeb Khojali. En la reunión, también estaban presentes el Consejo de Estado y el Comité de Seguridad. La importancia de esta reunión ha radicado en que se han debatido las características del plan estratégico “para construir una paz sostenible basado en las prioridades del período de transición”, como ha recogido la agencia estatal SUNA. Uno de los programas específicos que contempla dicho plan es el retorno voluntario de los desplazados y refugiados, que huyeron del área hace más de 10 años tras el estallido de la violencia entre las tropas gubernamentales basadas en Jartum, la capital, y el denominado Frente Revolucionario de Sudán (SRF, por sus siglas en inglés), que aglutinaba a los rebeldes de las regiones de Darfur, de Kordofán del Sur y del Nilo Azul.

En este contexto, Hamdok se ha desplazado hasta los campamentos de refugiados de Abu Shouk, El Salam y Zamzam, donde residen cerca de 1,5 millones de personas, convirtiéndose en la máxima autoridad en visitar estas instalaciones desde que se construyeran en el marco del conflicto. “Abordar el tema de las personas desplazadas y los refugiados contribuirá significativamente a la paz en Sudán”, ha declarado en esta línea el gobernador Khojali.
Este viaje se produce en un momento en el que está en la agenda sudanesa la negociación de un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto de una forma efectiva y permanente.

El 11 de septiembre de este año, tras la instauración del gobierno civil en Sudán, se firmó en Juba, la capital de Sudán del Sur, un acuerdo inicial en el que se presentó una hoja de ruta para las conversaciones de paz. Así, se creó un comité, se nombró a un equipo negociador y se elaboró una agenda concreta. Una vez pactado todo lo anterior, el diálogo comenzó oficialmente el 14 de octubre, con un objetivo claramente definido: lograr un acuerdo de paz definitivo antes del 14 de diciembre de 2019, la fecha marcada como límite por el documento de la transición. Para ello, se previó la formación de comités para la liberación de los prisioneros de guerra, para el seguimiento del cese de las hostilidades y para asuntos humanitarios. También se agendó la anulación de la listas de personas con restricciones de viaje por motivos vinculados al conflicto.

Junto con el acuerdo inicial, también se ha logrado recientemente la declaración de un alto el fuego permanente en las tres zonas de conflicto tradicionalmente activas: Darfur, Kordofán del Sur y el Nilo Azul. Ahora, los siguientes pasos en el proceso de paz versan sobre “cuestiones políticas, cuestiones humanitarias y arreglos de seguridad”, asuntos sobre los que las posturas parecen más enfrentadas. En cualquier caso, además de lograrse un entendimiento en el plano político, el acuerdo deberá contar con el apoyo del pueblo para que se pueda garantizar la paz social. Sin embargo, cabe destacar que es en este punto donde confluyen los mayores riesgos de colapso, al ser el colectivo que muestra mayores niveles de reticencias.

Así, los sudaneses que todavía sufren las secuelas del conflicto de Darfur -muchos de ellos viven ahora en campamentos de refugiados como los mencionados anteriormente-, aseguran que solo podrá llegar la paz a dicha región y, por ende, al resto del país, cuando el exmandatario Omar al-Bashir sea entregado a la Corte Penal Internacional (CPI). También exigen la devolución de sus tierras, que fueron usurpadas por pastores árabes, entre otros, cuando se vieron forzados a abandonar sus hogares. “No aceptaremos ningún acuerdo de paz a menos que recuperemos nuestra tierra. Saldremos de este campamento solo cuando los que cometieron los crímenes sean llevados a la CPI”, asevera Amina Mohamed, residente de Camp Kalma a VOA.

Cabe recordar, en este punto, que la CPI lleva reclamando al expresidente desde la pasada década. En concreto, el Tribunal emitió la primera orden de detención el 4 de marzo de 2009; y la segunda, el 12 de julio de 2010. La CPI le acusa de una serie de crímenes cometidos en el marco del conflicto de Darfur, que se desglosan del siguiente modo: cinco cargos de crímenes contra la humanidad (asesinato, exterminio, traslado forzoso, tortura y violación), dos cargos de crímenes de guerra (dirigir intencionalmente ataques contra una población civil o contra civiles que no participan en la hostilidades, y saqueo) y tres cargos de genocidio (matar, causar daños corporales o mentales graves, e infligir deliberadamente a cada grupo objetivo condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción física del grupo).

Es necesario explicar que, debido al procedimiento contemplado en el Estatuto de Roma -la ley de la CPI- es necesario que el sujeto acusado esté presente físicamente en la sala del Tribunal para que pueda desarrollarse el juicio. Por ello, el proceso judicial está paralizado, a la espera de que las autoridades sudanesas le remitan a La Haya, donde se ubica la sede de la CPI.

Sin embargo, el Gobierno de Jartum siempre se ha mostrado reacio a cooperar con el Tribunal, independientemente de quién estuviera al mando -el propio Al-Bashir o el Consejo Militar de Transición posteriormente-. Este último organismo alegó que preferían juzgarlo en Sudán, pues le habían detenido el mismo día del golpe de Estado. Actualmente, está abierto un proceso judicial nacional en el que se le acusa de corrupción y, específicamente, por posesión de divisas extranjeras, que indican “una riqueza atroz y sospechosa”.
El primer ministro también ha optado por mostrar su apoyo al procedimiento sudanés y, en este sentido, el Ministerio de Justicia ya ha rechazado contemplar la posibilidad de extradición, pues explican que “todavía no han adoptado una posición unificada al respecto”. 

La única voz discordante ha provenido de la alianza opositora civil, las Fuerzas de la Declaración de la Libertad y el Cambio (DFCF, por sus siglas en inglés). Su líder, Ibrahim al-Sheik, ha declarado que no tienen “objeción en entregar a Al-Bashir a la CPI” y que todos en su formación están de acuerdo sobre esta materia. En este sentido, cabe destacar que la presión internacional en este asunto también se está cerniendo sobre el Ejecutivo. 

A pesar de este escenario, en el que parece que se están consiguiendo avances tanto en los procesos de paz como en cuestiones socioeconómicas, el pueblo sudanés sigue llenando las principales arterias de Jartum para exigir responsabilidades por la oleada de violencia que tuvo lugar el pasado 3 de junio, en la que más de 200 manifestantes murieron por las cargas gubernamentales cuando demandaban un gobierno civil. Los focos siempre han apuntado directamente al brazo paramilitar denominado Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés), encabezado por el general Mohamed Hamdan Dagalo -alias Hemedti- que actualmente forma parte de la delegación negociadora de la paz con los rebeldes.

El Consejo Militar de Transición, que solo ha asumido 87 de las muertes, prometió instaurar una Comisión de Investigación para dirimir responsabilidades que todavía no se ha llevado a cabo. Por ello, los manifestantes siguen reclamando un órgano independiente que esclarezca lo que aconteció en el mes de junio, tal y como se acordó en el mes de agosto, cuando los militares y la oposición civil firmaron el pacto por el que se inauguraba, de forma oficial, la transición.

La visita de Abdalla Hamdok a Darfur del Norte también ha coincidido en el tiempo con una huelga general convocada por el colectivo de los profesores, que exigen que “se retiren las figuras del antiguo régimen del Ministerio de Educación, las localidades, las unidades administrativas y las administraciones escolares”, puesto que, para los docentes, el continuismo del mandato de Omar al-Bashir sigue siendo una realidad palpable en el ámbito educativo. Además, reclaman el pago de los atrasos salariales, congelados desde 2003, cuando se inició el conflicto.