En 18 años se ha deforestado en el Amazonas el equivalente a la superficie de España
El colectivo de investigadores y ONGs agrupados en torno a la Red Amazónica de Información Socioambiental y Geográfica (RAISG) denuncia en un informe el grave deterioro que sufre la selva amazónica, donde la deforestación alcanzó los 513.016 km2 entre 2000 y 2018, un área aproximadamente del tamaño de España.
Desde RAISG señalan que el atlas presentado, ‘Amazonía bajo presión’, pretende llamar la atención de los gobernantes y buscar políticas alternativas de desarrollo que no continúen la degradación del Amazonas. Carmen Josse, directora de la fundación ambientalista EcoCiencia, que forma parte del proyecto, señaló a la agencia EFE que pese a la “información y evidencia de lo que está ocurriendo, no hay acciones”.
La selva amazónica se extiende por Brasil, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Surinam, Guyana y Guayana Francesa, abarcando 47 millones de habitantes, incluidas comunidades indígenas. Sin embargo, Brasil es el principal responsable porque a pesar de que en su territorio se encuentra el 62% de la selva, el 85% de la deforestación ha tenido lugar en su territorio.
Diversas actividades aparecen como las culpables de la desforestación del Amazonas. Según RAISG, la actividad agropecuaria es responsable del 84% de la deforestación. Entre 2000 y 2020 las zonas destinadas a esta actividad se incrementaron en un 81,5%, experimentando un leve descenso en el año 2012.
Las plantaciones hidroeléctricas, de gran importancia en la zona por las oportunidades que ofrece el caudal del río Amazonas, son también motivo de preocupación. Hasta marzo de 2020 existían o estaban planificadas 833 hidroeléctricas, situándose la mayoría de los proyectos en Brasil (52%). Por su parte, Ecuador a pesar de constituir el 1,5% de la Amazonía, tiene el 18% de las hidroeléctricas.
El transporte de mercancías y materias primas hacia los puertos también contribuye a la desforestación. La densidad vial, calculada a partir de la extensión de carreteras y del territorio es de 18,7km/1.000 km2, siendo Colombia, Perú y Venezuela los que más contribuyeron.
En cuanto a la producción petrolera, ocupa el 9,4% de la Amazonía, representando Ecuador el 51,5% del total, seguido de Perú (30,9%), Bolivia (28,8%) y Colombia (27,3%). En la última década Perú, Brasil y Colombia están reduciendo su actividad petrolera en el Amazonas, mientras que Bolivia y Venezuela la están incrementando, si bien en el caso venezolano solo alcanza el 2,7% del total.
El incremento del precio del oro en el mercado internacional, así como la importancia de otros minerales como el coltán y el niobio, son alicientes para la expansión de la actividad minera. Supone el 17% de la región y el 96% se concentra en Brasil, Venezuela, Guyana y Perú, concentrando Brasil el 75%. Entre 2012 y 2020 la región experimentó un incremento del 10% de zonas mineras, aunque se redujo 306.250 km2 la superficie amazónica ocupada por dicha actividad. Proyectos como el Arco Minero del Orinoco, creado en Venezuela en 2016, suponen un riesgo para la preservación ambiental y las tierras indígenas, en tanto que abarca el 24% de la Amazonía venezolana.
El fuego también es un factor relevante en esta cuestión. Utilizado tradicionalmente por las comunidades indígenas para el desarrollo de su actividad económica, no se tiene constancia de cambios sustanciales en el paisaje. Pero actualmente, utilizado a gran escala por otros actores, además de los incendios producidos por el cambio climático, ha derivado en que entre 2001 y 2019, el 13% de la selva amazónica se haya visto afectada por el avance del fuego, lo que representa 1,1 millones de km2, el equivalente a Bolivia. Los países más afectados son la propia Bolivia, Brasil, Venezuela y Colombia. Cada vez los incendios son más difíciles de controlar y se propagan con mayor rapidez. En el año 2019 la magnitud de los incendios en la región despertó una ola de preocupación a nivel mundial.
La economía ilegal en muchas ocasiones escapa al control de los organismos estatales. Genera miles de millones de dólares cada año especialmente en la extracción de madera, la minería y los cultivos ilícitos. Paralelamente crecen los “caminos forestales”, es decir, las rutas que los grupos criminales crean ilegalmente para el transporte de sus mercancías, y que no figuran en la cartografía oficial.
Por ejemplo, en cuanto a la extracción de madera, organizaciones como Human Rights Watch (HRW) afirman que “Las redes delictivas cuentan con capacidad logística para coordinar la extracción, el procesamiento y la comercialización a gran escala de madera, y al mismo tiempo contratan hombres armados para intimidar, y en algunos casos, asesinar a quienes intentan defender la selva”. En países como Colombia, alcanza el 47% de la madera del mercado.
Precisamente Colombia es el país más afectado por los cultivos ilícitos, concretamente de cocaína, seguido de Perú. Grupos armados y estructurados invaden territorios, desplazando a comunidades nativas para abastecer principalmente al mercado de Europa y Estados Unidos.
En lo referido a la minería ilegal, Brasil y Venezuela también son los países más afectados. En el primero se encuentran el 53,8% de los 4.472 focos de minería ilegal, mientras que en el segundo se concentra el 32% a pesar de que solo el 5,6% de la Amazonía está en su territorio.
