La vicesecretaria de Estado de los EE. UU., Molly Phee, ha condenado el repunte de la violencia ejercida por el Ejército sudanés tan solo un día después de que los militares acabasen con la vida de tres manifestantes durante unas protestas

Estados Unidos advierte al Ejército sudanés sobre “las consecuencias” del incremento de la violencia

photo_camera AFP/ ASHRAF SHAZLY - Una mujer levanta una pancarta en la capital sudanesa, Jartum, durante una manifestación contra los asesinatos de decenas de personas en una represión desde el golpe militar del año pasado, mientras los diplomáticos estadounidenses presionan para que se ponga fin a la violencia, el 20 de enero de 2022

Tres meses han pasado ya desde que, el 25 de octubre de 2021, el líder del Ejército y presidente del Consejo Soberano de Sudán, Abdel Fattah Al Burhan, encabezase el golpe de Estado que pondría fin a las esperanzas de una transición pacífica hacia la democracia. El movimiento militar insurgente, que había sido precedido ya por otra intentona, cesaba de manera irreversible el acuerdo de Juba, un pacto firmado en 2019 por una alianza sin precedentes entre las Fuerzas de Libertad y Cambio (FFC, por sus siglas en inglés) y el Consejo Militar.

Desde entonces, la situación, ya de por sí crítica en el país, se ha agravado considerablemente. Las manifestaciones masivas por parte de los ciudadanos sudaneses, así como las detenciones arbitrarias, las agresiones contra periodistas y medios de comunicación y los abusos perpetrados por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía – según ha denunciado la Organización de las Naciones Unidas –, son algunos ejemplos del clima de tensión que ha mantenido el país durante las últimas semanas. 

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Frente a esta coyuntura, la vicepresidenta de Estado de los Estados Unidos, Molly Phee se reunió la semana pasada en Sudán con el nuevo enviado especial para el Cuerno de África, David Satterfield. En un encuentro que pretendía reinstalar el diálogo en la capital sudanesa de Jartum, ambos funcionarios han tratado de negociar una solución a la crisis abierta y han exigido el fin de la violencia contra los manifestantes. Para ello, tal como notificaba el comunicado emitido por el departamento de Estado, Satterfield y Phee se han entrevistado también con activistas a favor de la democracia, organizaciones de civiles y figuras políticas y militares, entre las que se encontraba Abdel Fattah Al Burhan.

“Después de que SE (el enviado especial) Satterfield y yo nos reuniéramos con los líderes militares del Consejo Soberano, éstos se comprometieron públicamente a dialogar para resolver la crisis actual. Sin embargo, sus acciones -más violencia contra los manifestantes, detención de activistas de la sociedad civil- cuentan una historia diferente, y tendrán consecuencias”, publicaba Molly Phee en su cuenta oficial de Twitter.  

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Ahora, tras la muerte de otros tres manifestantes a manos de las Fuerzas Armadas sudanesas durante las protestas convocadas el pasado lunes –dos de ellos en Jartum, y otro más en la ciudad de Wad Madani –, la vicepresidenta de Estado de EE. UU. se ha pronunciado de nuevo. “Los líderes militares de Sudán tendrán que enfrentar las consecuencias”, reiteró Phee, advirtiendo de nuevo sobre el persistente uso de la violencia contra los manifestantes pacíficos y la paralización de las ayudas económicas hasta que el Gobierno civil regrese al poder.

Desde que las protestas masivas comenzasen el pasado mes de octubre, más de 76 personas han perdido la vida y alrededor de 2.000 personas han resultado heridas a causa de las violentas respuestas del Ejército sudanés. El 17 de enero, en la jornada más sangrienta hasta la fecha, las fuerzas militares desplegaron por primera vez armamento pesado, y los enfrentamientos entre ambos bandos se saldaron con siete muertes y un llamamiento ciudadano a una huelga general de dos días para homenajear a los fallecidos. 

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El pueblo sudanés continúa viendo en este golpe de Estado una forma de retornar al sistema militar dictatorial y de corte islamista que caracterizó al régimen de Omar al Bashir, quien se mantuvo en el poder durante tres décadas. Y, por si fuera poco, la dimisión de Abdalla Hamdok – ex primer ministro del país, altamente desprestigiado ante la parálisis de la transición política–, a comienzos de este año, no ha hecho más que reforzar la idea de que el país ha retornado a la casilla de salida.

Por ello, Sudán, ubicado en un territorio clave para la seguridad regional e internacional, parece encontrarse mucho más alejado de las elecciones democráticas que tenía programadas para el año 2023 hoy en día, de lo que estaba en 2019, con la firma del acuerdo de Juba. 
 

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