Fracaso de Ennahda y oportunidad para el presidente de Túnez
El duro proceso de negociación en Túnez, que ha encabezado el encargado para formar gobierno, Habib Jamli, fracasa estrepitosamente en su presentación ante la Asamblea de Representantes del Pueblo, obteniendo 72 de los 109 escaños suficientes. La propuesta pretendía ser apolítica y repleta de tecnócratas, personalidades con trayectoria pero sin vinculaciones directas con los partidos políticos. Sin embargo, tal y como ejemplifica la carrera del propio Jamli, la cercanía con el partido Ennahda de algunos de los ministerios era más que evidente; los propuestos en carteras tan importantes como justicia, interior y defensa, nunca habían sido ministros, pero sí que habían pertenecido a cargos intermedios del primer gobierno constituyente que lideró el partido islamista moderado. Esta debacle también ha fragmentado internamente al partido que venció las elecciones legislativas debido a que habían surgido reticencias internas sobre algún nombre propuesto para el ejecutivo.
La primera gran consecuencia de este escaso apoyo parlamentario es el fracaso político del partido más importante del país. Desde que la democracia alcanzó Túnez, Ennahda y sus dirigentes han estado presentes en todos los estamentos del Estado, desde la creación de la actual Constitución hasta la administración en todos sus ámbitos. Es el único partido que ha mantenido un apoyo estable de la ciudadanía pasando, incluso, por una fuerte división interna en 2015 que acabó con la escisión de su ala más conservadora en una coalición, considerada de tendencia salafista, y denominada Al Karama o Coalición de la Dignidad, fundada meses antes de las elecciones. Asimismo, el fracaso se adentra en el partido y señala a su mayor dirigente que ostenta la presidencia del parlamento, Rached Ghannouchi. Es sabido que la elección del gobierno había sido orquestada por él mismo y la falta de apoyo le señala directamente como responsable. Tras el baño de realidad parlamentario, Ennahda empieza a ser consciente de que la hegemonía de estos últimos años se ha perdido y que tendría que haber cedido más en la configuración de este gobierno.
Las principales críticas del ejecutivo propuesto no son baladís porque se centran en ministerios fundamentales, no únicamente por sus relevantes competencias, sino por los importantes retos que se gestionarán en la presente legislatura. En primer lugar, el propuesto para ocupar el Ministerio del Interior no es considerado del todo parcial por las prestigiosas asociaciones civiles que están luchando en los tribunales por que se dilucide el asesinato cometido en 2013 del político Chokri Belaïd. Igualmente, el propuesto para el Ministerio de Justicia, ha recibido contundentes críticas desde todas las organizaciones sociales porque en 2003, durante el régimen de Ben Ali, suspendió a la ejecutiva de la Liga Tunecina para los Derechos Humanos.
La otra gran consecuencia del rechazo parlamentario al ejecutivo propuesto es que la siguiente responsabilidad se sitúa inmediatamente en el presidente de la República Kaïs Saied. El turno pasa del legislativo a la presidencia que debe nombrar un candidato con un límite de 30 días para proponer otro gobierno a la cámara. Teniendo en cuenta que, en este caso, el rechazo parlamentario le otorgará al presidente la potestad de disolver y convocar nuevas elecciones legislativas. Esta figura sí que posee plena imagen de independiente y no está expuesto a presiones directas de ningún partido político, además, su cargo es el único que no está en juego en la siguiente votación de la Asamblea.
La política tunecina está en crisis y la única solución recae en el presidente de la república, en su criterio se dirimirá la estabilidad del país y una buena decisión en esta coyuntura puede dejarlo en muy buen lugar, mientras que el partido más importante de Túnez ya ha fracasado en su oportunidad de alzarse con esa victoria.
