Guinea pone a prueba su frágil democracia
La joven democracia de Guinea está siendo puesta a prueba. Miles de ciudadanos han salido a las calles de las principales ciudades del país para protestar contra un hipotético tercer mandato del presidente Alpha Condé. Las movilizaciones han sido promovidas por el Frente Nacional en Defensa de la Constitución (FNDC), un conglomerado de partidos, sindicatos y personalidades pertenecientes a la oposición política. Las cifras sobre víctimas mortales no están claras. La oposición ha informado de ocho fallecidos, mientras que la Policía ha rebajado el número a dos.
Los manifestantes buscan expresar su negativa a un nuevo mandato presidencial de Alpha Condé. El dirigente es el primer jefe de Estado elegido democráticamente en Guinea. Desde la independencia en 1958 a 2010, el país no había conocido un mandatario que no fuese militar, empezando por el padre de la patria Ahmed Sékou Touré hasta el general Sekouba Konaté. Condé, que había estado prisionero durante los gobiernos castrenses, fue el ganador en las elecciones presidenciales celebradas en 2010 y repitió victoria en 2015.
Durante la última década, Guinea ha conocido una cierta estabilidad. No obstante, esa relativa calma podría tener los días contados. Después de una ronda de consultas transcurrida con un cierto secretismo entre septiembre y principios de octubre, la oposición, que no estuvo presente en las negociaciones, teme que Condé, que ya es octogenario, esté valorando presentarse de nuevo en los comicios de 2020.
El problema es que, si quisiese hacerlo, no puede; no sin vulnerar el ordenamiento jurídico nacional, al menos. El artículo 27 de la Constitución de Guinea explicita claramente que “en ningún caso, nadie puede ejercer más de dos mandatos presidenciales, consecutivos o no”. Además, el artículo 154 prohíbe cualquier posible revisión del precepto mencionado anteriormente.
La solución que le quedaría a Condé residiría, por tanto, en redactar y aprobar una nueva carta magna que le permitiese volver a ser candidato. Debería pasar, para ello, tres filtros: el del Consejo Constitucional, un órgano consultivo; el del presidente de la Asamblea Nacional, que tampoco es vinculante; y, por último, el de la población. Hipotéticamente, el proyecto debería ser sometido a referéndum popular, cuyo resultado sí sería de obligatorio cumplimiento.
Condé no ha oficializado su postura, pero sí ha conminado a sus conciudadanos a que estén preparados para un referéndum constitucional. Muchos sectores de la población, especialmente los más jóvenes, han atado cabos y han percibido la maniobra como un intento del presidente de perpetuarse en el poder. La oposición lo ha considerado, incluso, como “un golpe de estado institucional”. El FNDC, principal formación contraria a Condé, se retiró del parlamento a finales de la semana pasada y ha criticado duramente la “deriva dictatorial del Gobierno”. A través de su cuenta de Twitter, ha realizado un llamamiento a los guineanos a salir a las calles, tanto en territorio nacional como fuera de él.
Aunque, según la ONG Human Rights Watch, el Ejecutivo ha mantenido prohibida cualquier protesta ciudadana durante el último año, los ciudadanos han respondido a la llamada. Desde el pasado lunes, 14 de octubre, la situación en algunos puntos del país se ha tornado caótica. En Conakry, la capital del país, las manifestaciones han cortado las principales vías de comunicación en los barrios populares de Cosa, Koloma y Bambéto. Se han levantado barricadas y se han quemado neumáticos.
Algunas de las congregaciones han derivado en violencia. Los agentes de seguridad han sido bombardeados con piedras y se ha dado la orden de intervenir a las fuerzas del orden. Ocho jóvenes han resultado abatidos por disparos efectuados durante las cargas policiales. En Mamou, un importante centro de comunicaciones situado un poco más al este del país, un gendarme ha muerto, según el Gobierno. Cientos de personas han sido detenidas, entre ellas importantes personalidades vinculadas al bloque de la oposición.
Mientras los disturbios continúan, no parece fácil que vaya a conseguirse una solución a corto plazo. Las diferencias políticas entre oficialismo y oposición son bastante patentes; la crisis no es solamente social, sino también institucional. El principal dirigente del FNDC, Cellou Dalein Diallo, ha reclamado que la violencia policial sea condenada por otros líderes mundiales. Además, ha acusado al Gobierno de sobornar a personalidades y líderes de opinión locales para garantizarse apoyos de cara al hipotético referéndum constitucional.
Presidencia, mientras tanto, ha pedido calma a la población. En su llamada al apaciguamiento, Condé ha lamentado que la oposición haya decidido romper el diálogo, según él. El FNDC, sin embargo, mantiene las movilizaciones previstas y ha alertado del riesgo de que el Ejecutivo pueda ilegalizar organizaciones de la sociedad civil críticas con el aparato político.
Según organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional, la salud de la joven democracia de Guinea se ha deteriorado notablemente en los últimos años. La organización británica ha instado al Gobierno de Condé a tomar medidas para reforzar el derecho de asociación y manifestación para así “romper el círculo de la violencia”. Asimismo, ha demandado que cesen de inmediato lo que han calificado como “detenciones arbitrarias”.
El periodo de tiempo que resta hasta las elecciones presidenciales de 2020 será decisivo para medir la madurez institucional y democrática del país. A finales del próximo mes de diciembre, está previsto que los ciudadanos acudan a las urnas para renovar la Asamblea Nacional. A pesar de que Guinea es una república presidencialista, heredada de la época colonial francesa, los comicios al parlamento tendrán una relevancia especial: servirán para medir la fuerza y la aceptación de Condé, cuyo partido ya flaqueó en las municipales celebradas en 2018. Las calles, de momento, ya están expresando su veredicto.
