Las autoridades obligan a los bahais a enterrar sus difuntos sobre la fosa común de presos políticos ejecutados en 1988

Irán continúa la persecución y prohíbe a la minoría religiosa bahai tener un entierro digno

photo_camera PHOTO/REDES SOCIALES - Los bahais estaban acostumbrados a enterrar a sus muertos junto a hindúes y cristianos armenios en un cementerio al sureste de Teherán, pero recientes órdenes les han obligado a cambiar esta práctica

Las autoridades iraníes han ordenado a los miembros de la minoritaria comunidad religiosa bahai a que entierren a sus difuntos en una antigua fosa común para presos políticos ejecutados en 1988. Las familias bahai, así como los parientes de los que ya están enterrados allí, denuncian la situación y declaran que la instrucción fue emitida la semana pasada. 

Los bahais son la minoría religiosa no musulmana más grande de Irán, unas 300.000 personas, y han sido perseguidos sistemáticamente durante 42 años siendo calificados como religión  herética por el Gobierno, según informa ampliamente Naciones Unidas. Más de 200 bahais fueron ejecutados después de la Revolución Islámica de 1979 y, desde la década de 1980, no han tenido acceso a educación superior ni medios de sustentos dignos, han sido difamados en los medios de comunicación e incluso sus cementerios han sido profanados.

Son una de las muchas minorías religiosas de Irán que sufren habitualmente el acoso, la persecución y el encarcelamiento por parte de las autoridades sólo por practicar su fe, así como la destrucción periódica de sus lugares de enterramiento, según varios grupos de derechos humanos. Los bahais enterraban a sus seres queridos en un espacio previamente destinado para ellos en el cementerio Khavaran en Teherán, junto a hindúes y cristianos armenios y localizado al sureste de la ciudad, pero recientes órdenes les han forzado a cambiar esta práctica.

Las familias bahais han declarado a la BBC que las autoridades iraníes les han ordenado que empiecen a utilizar el emplazamiento cercano de una fosa común de 1988, creada inicialmente cuando el exlíder supremo ayatolá Jomeini ordenó la ejecución de miles de presos políticos detenidos por el Estado en los tumultuosos años posteriores a la revolución iraní.

Las familias y los activistas de derechos humanos temen que, al enterrar a las personas en el lugar, la República Islámica esté intentando borrar las pruebas de las ejecuciones, que siguen siendo un tema delicado en Irán incluso hoy en día. Simin Fahandej, representante de la Comunidad Internacional Bahai, declaró a la BBC que su comunidad no quería utilizar la fosa común, no sólo por respeto a sus muertos, sino también a los presos ejecutados.

Después de la Revolución Islámica de 1979, el Gobierno iraní comenzó a profanar y, en algunos casos, a demoler cementerios bahais en Teherán y en todo el país. En 1981, se confiscó el cementerio central bahai de Teherán y se demolieron más de 15.000 tumbas. Posteriormente, se asignó a los bahais una parcela de tierra en este cementerio, en una parte conocida coloquialmente como el "lugar de los condenados". Sin embargo, el Gobierno se negó a vender la propiedad total a los bahais y desde entonces ha aumentado sustancialmente el precio de cada parcela.

Los bahais ahora se ven obligados a elegir entre opciones imposibles. Una es usar los estrechos espacios entre las tumbas existentes para enterrar a sus seres queridos, mientras que la otra es usar una masiva fosa de presos políticos, la cual las autoridades dicen que ha vaciado recientemente.

Una carta firmada por 79 familias de presos ejecutados dirigida al alcalde de Teherán y al presidente Hasan Rohaní decía: "No coaccione a los bahais para que entierren a sus seres queridos en la fosa común. No eche sal en nuestra vieja herida". Diana Eltahawy, directora adjunta para Oriente Medio de Amnistía Internacional, dijo: "Este es el último de una serie de intentos criminales a lo largo de los años por parte de las autoridades iraníes de destruir las fosas comunes de las víctimas de las masacres de las cárceles de 1988 en un intento de eliminar pruebas cruciales de estos crímenes contra la humanidad.”. "Además de causar más dolor y angustia a la ya perseguida minoría bahai al privarla de su derecho a dar a sus seres queridos un entierro digno en consonancia con sus creencias religiosas, las autoridades de Irán están destruyendo deliberadamente la escena de un crimen" añadió.

La mayoría de las personas enterradas en las fosas pertenecían a los Muyahidines de Irán (MEK por sus siglas oficiales), un grupo armado que participó en la revolución de 1979, pero que posteriormente fue prohibido por la República Islámica y reprimido violentamente. Se cree que al menos 4.000 miembros del MEK fueron ejecutados tras juicios falsos, aunque el grupo afirma que la cifra asciende a 30.000. En un comunicado del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán, organismo que engloba al MEK y a sus restantes miembros, afirmó: "Destruir las tumbas de los mártires de la masacre de 1988 para eliminar las pruebas del crimen contra la humanidad es una práctica bien conocida del régimen clerical".

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