Irak abre un expediente a las petroleras extranjeras que siguen operando en el Kurdistán
Las repercusiones del fallo del Tribunal Supremo de Irak, hecho público el pasado mes de febrero, continúan dilatándose hasta el día de hoy. Según la orden de la máxima autoridad judicial del país, la ley que permitía a la región semiautónoma del Kurdistán iraquí administrar y comerciar con sus recursos de gas y petróleo sería “anticonstitucional”, por lo que el Kurdistán debía entregar toda su producción de hidrocarburos al Gobierno federal.
En el marco de esta decisión, el subsecretario del Ministerio de Petróleo, Karim Hattab, contactó el pasado 12 de junio con todas las empresas petroleras y gasísticas extranjeras que operan en Irak –en campos que van desde la logística y el asesoramiento hasta los servicios – para conseguir su compromiso de no operar en la región del Kurdistán. Una información que se conoce gracias a los documentos filtrados del Ministerio Federal de Petróleo y recogidos por el medio Al Arab.
“En el caso de que ya existan, actualmente, contratos o proyectos en la región del Kurdistán, las empresas habrán de comprometerse a rescindirlos en un plazo de tres meses a partir de la fecha de su notificación”, instaba Hattab a través de un comunicado a todas las empresas. Y es que las implicaciones de la orden del Tribunal Supremo van más allá del territorio nacional, comprometiendo también las exportaciones y los contratos entre el Kurdistán –que, ubicado al norte del país, alberga importantes reservas, tanto reales como potenciales, de gas y petróleo– y las compañías internacionales.
De este modo, a comienzos de este mes el Tribunal Comercial supeditado al Tribunal Federal de Apelaciones de Karkh, en Bagdad, comenzó a revisar las denuncias interpuestas por el ministerio iraquí contra siete empresas extranjeras del sector petrolero y gasístico que operan en los territorios kurdos. Western Zakros, Sharman, DNO, Genel Energy, HKN, AWACS y Golf Keystone han sido las compañías llamadas a comparecer el 20 de junio ante el tribunal especializado, acusadas de trabajar en el país al margen de los parámetros de la Constitución iraquí.
Algo que el Ministerio de Recursos Naturales del Kurdistán ha tachado de ser un “procedimiento ilegal”. Las empresas “realizan su trabajo en conformidad con la Ley de Petróleo y Gas en la Región del Kurdistán del año 2007, aprobada por el Parlamento Regional del Kurdistán de conformidad con la Constitución iraquí”, recogía el comunicado de prensa emitido por el organismo kurdo.
De manera paralela, el propio Ministerio de Recursos Naturales kurdo hizo pública su demanda contra el líder del Ministerio Federal de Petróleo, Ihsan Abdul Jabbar Ismail, por “aprovechar su posición e intimidar y acosar a las empresas que operan en la región del Kurdistán” para interferir en sus contratos a través de cartas y correos electrónicos. Y solicitó la “remisión de los casos presentados contra las empresas internacionales al Tribunal de Erbil para su investigación como prueba de una denuncia penal basada en el Código de Procedimiento Penal iraquí de 1979”, alegando que la cuestión habría de resolverse en los tribunales civiles del Kurdistán debido a que las empresas extranjeras están registradas y operan en la región.
Mientras, y según explicó el mes pasado el propio Abdul Jabbar, los intentos de negociación entre los Gobiernos federal y kurdo sobre la administración y el control de los hidrocarburos del Kurdistán no dejan de fracasar. En tanto que las autoridades kurdas apelan a los artículos 112 y 115 de su Constitución para la gestión del petróleo y el gas –afirmando que “todos los poderes no estipulados en los poderes locales exclusivos del Gobierno federal pertenecen a las autoridades regionales”, y ubicando aquí los yacimientos posteriores a 2005 –, el Gobierno federal y la empresa petrolera estatal, SOMO, se ciñen al artículo 111, que recoge que “el gas y el petróleo son propiedad de todo el pueblo iraquí en todas las regiones y gobernaciones”.
Todo ello sucede en medio de una crisis política que ha paralizado el país durante los últimos 8 meses, y que continúa convulsionando tras la renuncia en bloque de los 73 parlamentarios del Movimiento Sadrista, liderado por el clérigo Muqtada al Sadr, a finales de la semana pasada. De hecho, mientras el acuerdo petrolero y gasístico entre Erbil y Bagdad continúa complicándose, el propio fallo de la corte representa importantes limitaciones para cualquier Gobierno iraquí, incluso aunque este trate de mantener un tono conciliador con el Kurdistán.
El potencial energético exhibido por el Kurdistán en los últimos meses, que ya ha afirmado querer reforzar su papel como exportador de gas natural al resto de Irak, Turquía y Europa, parece representar una amenaza para Irán, que hasta el momento se había erigido como uno de los principales proveedores de hidrocarburos de estas potencias.
De hecho, los recientes ataques con misiles del 13 de marzo en Erbil –reivindicado por la Guardia Revolucionaria Islámica iraní –, y del 6 de abril y 1 de mayo –cuya autoría se desconoce, pero se sospecha que corresponde a las milicias chiíes proiraníes de Bartella – no hacen más que reafirmar la opinión de que la energía kurda amenaza los ingresos petroleros de Teherán.
