Irak da luz verde a la reforma económica que pretende poner fin a la corrupción
La corrupción se está convirtiendo en un problema endémico de la esfera política de Irak. Décadas de mala gestión y despilfarro de los recursos públicos del país han provocado las protestas de una población que sufre la escasez de recursos y una crisis económica que arrasa la región. Según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional de 2020, Irak ocupa el puesto 160 de 180 países, convirtiéndose en uno de los países más corruptos del mundo.
El propio Mohammed Al-Hakim, asesor principal sobre la reforma económica del primer ministro de Irak, ha manifestado que el sistema iraquí lleva deteriorándose 50 años desde los tiempos de Saddam Hussein. “Los empleados del Gobierno, desde la base hasta la cima de la gobernanza iraquí, están involucrados en una corrupción sistemática”, subrayó Al-Hakim.
Asimismo, el presidente iraquí, Barham Saleh, mediante la introducción de un proyecto de ley para combatir el flagelo de la corrupción, reveló que habían sido malversados 150 millones de petrodólares desde la caída de Saddam Hussein en 2003. "Las estadísticas y datos gubernamentales e internacionales estiman que los ingresos financieros de Iraq por petróleo desde 2003 son de cerca de 1 billón de dólares", señaló Saleh durante un discurso televisado sobre la lucha contra la corrupción financiera y administrativa.
"Estos fondos ilegales", añadió, "fueron suficientes para poner al país en un lugar mejor”. “Los políticos iraquíes han logrado sacar 60.000 millones de dólares del país en 18 años, especialmente al Líbano”, indicó el presidente iraquí. Para Saleh al igual que para Al-Hakim tanto la violencia como el terrorismo que sacuden al país son dos fenómenos que se encuentran estrechamente vinculados con la corrupción.
La corrupción endémica junto con la profunda crisis que vive el país asiático fueron los impulsores de las manifestaciones que sacudieron el país desde octubre de 2019 hasta junio de 2020. La volatilidad de los precios del petróleo y el impacto de la pandemia han amplificado los problemas económicos de Irak, revirtiendo dos años de recuperación constante. El PIB de Irak registró una fuerte contracción del 10,4% en 2020. El crecimiento se vio obstaculizado por la caída de la demanda mundial de petróleo y la adhesión de Irak a los recortes de producción de la OPEP +.
Asimismo, la economía iraquí no petrolera ha experimentado una contracción del 9%, y el turismo religioso y los sectores de servicios son los que más sufren los bloqueos obligados por la COVID-19. Pero la debilidad de la demanda interna y los bienes importados más baratos han mantenido bajas las presiones inflacionarias, y la inflación general solo subió hasta el 0,6% en 2020. Como resultado, el país ha experimentado la mayor contracción de su economía desde 2003.
En este contexto de crisis económica y corrupción que ya se traduce a todas las capas de la sociedad el primer ministro iraquí, Mustafa al-Kazemi, ha anunciado que ya se han iniciado los mecanismos administrativos y ejecutivos para sacar adelante su programa de reforma económica. Al-Kazemi ha destacado que el Gobierno está trabajando para crear un ambiente propicio para la implementación del “Libro Blanco para la Reforma Económica”, una reforma cuyo objetivo es abordar “la corrupción desenfrenada en el país”.
En esta misma línea, el primer ministro iraquí ha subrayado que el Ejecutivo “aspira fuertemente a restaurar la economía del país y que este plan reconstruiría la economía iraquí de manera adecuada, logrando un desarrollo sostenible para el país”. Este plan de reforma pretende proporcionar una solución a la crisis crónica sobre la gestión económica, agravada por la completa dependencia del petróleo y la falta de diversificación de las fuentes de ingresos.
La fase de implementación del “Libro Blanco para la Reforma Económica”, que establece una hoja de ruta clara para reformar la economía iraquí, comenzó en febrero e incluyó “establecer mecanismos de gobernanza, supervisión, monitoreo y evaluación para asegurar que el proceso de reforma sea administrado y gestionado efectivamente", señalan desde el Gobierno.
