Juan Guaidó nombra un “centro de Gobierno” bajo la dirección de Leopoldo López

Juan Guaidó, reconocido como presidente legítimo venezolano por más de 50 países, designó un nuevo “centro de Gobierno” para regir la Administración del país latinoamericano, con el dirigente opositor Leopoldo López a cargo; tras haber quedado estancadas, de momento, las negociaciones entre el Ejecutivo establecido de Nicolás Maduro y la oposición, que fueron auspiciadas por Noruega y llevadas a cabo en la capital escandinava de Oslo y la isla caribeña de Barbados. 

"Para la creación del centro de Gobierno hemos designado a Leopoldo López", explicó el presidente interino en rueda de prensa. Un Leopoldo López que sigue refugiado en la residencia del embajador español en Caracas, Jesús Silva, lo cual fue tenido en cuenta por Guaidó en su alocución ante los medios, ya que destacó que el centro de Gobierno "va a ser un espacio de articulación, haciéndolo de la mejor forma posible para que no entorpezca las reglas la Embajada". Una normativa que fue detallada por la propia Embajada española, que explicó que en toda sede relacionada con la institución diplomática española no se puede llevar a cabo ninguna actividad de ningún sesgo ideológico.

En su comparecencia pública, Guaidó también presentó como cabeza visible de la diplomacia exterior venezolana a Julio Borges, diputado exiliado en Colombia. El presidente de la Asamblea Nacional venezolana también designó al abogado Humberto Prado como comisionado presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, al ingeniero Alejandro Plaz como comisionado para el Desarrollo Económico y al también letrado Javier Troconis como comisionado para la Gestión y Recuperación de activos.

Y es que estas cuatro áreas son fundamentales para Venezuela en la actualidad. La gestión de la crisis humanitaria y de los derechos humanos es un asunto vital ya que la problemática política, social y económica ha conducido a la nación a una situación complicadísima en la que la población padece una hiperinflación desatada, desabastecimiento de productos de primera necesidad, e incluso cortes habituales del suministro eléctrico y de agua. Todo lo cual ha conducido a cientos de miles de ciudadanos a huir por los pasos fronterizos compartidos con países como Colombia y Brasil. 

Ya la propia Organización de Naciones Unidas (ONU) tuvo que supervisar el estado de la situación en Venezuela y la alta comisionada de Derechos Humanos de este organismo supranacional, Michelle Bachelet, analizó de primera la mano la situación sobre el terreno con un desplazamiento tras el cual se emitió un informe en el que se resaltó la preocupación por la “magnitud y el impacto que tiene en los derechos humanos la crisis actual de Venezuela”. Bachelet también denunció torturas y ejecuciones en territorio venezolano. “Mi oficina documentó numerosas violaciones de derechos humanos y abusos cometidos por las fuerzas de seguridad y grupos armados progubernamentales”, afirmó la también expresidenta de Chile. 

Con relación a las finanzas, ya es archiconocida la desesperante situación de una nación como la venezolana, debido a la hiperinflación y la deuda que acumula el país tras la gestión del régimen bolivariano, lo que contrasta con el potencial que tiene la nación, por ejemplo, gracias a sus recursos petrolíferos. Precisamente, la economía venezolana se ha retraído a la mitad en solo cinco años. 

Y en la gestión y recuperación de activos se buscaría volver a ‘repatriar’ los fondos que supuestamente han salido de territorio venezolano, de lo que se acusa presuntamente a dirigentes del chavismo. Unos fondos evadidos que habrían mermado también las arcas del país caribeño. 

Las relaciones exteriores también son de gran relevancia para el nuevo ‘Ejecutivo’ organizado por Guaidó. El presidente interino es reconocido por más de 50 países de la comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza. Desde estas naciones y desde el sector opositor se ha exigido la celebración de nuevas elecciones en Venezuela, bajo supervisión de observadores internacionales, ya que no se reconocen los resultados de los comicios de enero, que dieron el poder a Nicolás Maduro, al entender que el proceso electoral estuvo manipulado. El objetivo ahora es seguir ampliando este espectro de aliados exteriores con una acción diplomática de peso. 

Respecto al apartado castrense, Juan Guaidó también informó que en las próximas fechas anunciará los nombres de los agregados militares de su Administración “en las embajadas de diversos países”.

Mientras, por su parte, Estados Unidos ha abogado, a través del director de su Consejo Nacional para el Hemisferio Occidental, Mauricio Claver-Carone, por una solución de la crisis venezolana a través del Grupo de Lima, en detrimento de la solución propuesta por la Unión Europea y su Grupo de Contacto Internacional; ya que, desde el prisma norteamericano, se entiende que la solución a la problemática debe ser regional o americana y no europea. 

"Nosotros apoyamos al Grupo de Lima porque pensamos que la solución en Venezuela debe ser una solución regional, el Grupo de Contacto podrá tener buenas intenciones, pero no creemos que lo que lo que hace falta a Venezuela es una solución europea", afirmó Claver-Carone en una entrevista con el canal TVN Noticias de Panamá.

El Grupo de Lima busca salidas a la crisis provocada por la Administración de Nicolás Maduro, aunque no cuenta entre sus miembros con Estados europeos. Este Grupo de Lima está formado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú. Guyana y Santa Lucía; y también es avalado por Barbados, Estados Unidos, Granada y Jamaica. 

Precisamente, los contactos patrocinados por Noruega entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición han quedado estancados momentáneamente. El propio Juan Guaidó reconoció que el diálogo con el régimen chavista “no funciona”. El presidente interino de Venezuela remarcó que no hay una fecha para retomar los contactos, y aclaró que sólo volverán a negociar si hay "algo certero para aproximar a una solución".

Ante los últimos movimientos estratégicos de la oposición, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha configurado un equipo de expertos para buscar una solución a la crisis económica del país. El objetivo es dar con “soluciones productivas” para una nación que atraviesa una peligrosa inflación, escasez de productos de primera necesidad y pérdida de poder adquisitivo de las capas sociales de la población. 

"Desde el 1 de septiembre hasta el 20 de septiembre vamos a hacer la inscripción nacional de científicos e innovadores con soluciones productivas para el país a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología", dijo Maduro desde el palacio presidencial en un acto que fue retransmitido de manera obligatoria por radio y televisión. Esta convocatoria pretende aglutinar "a toda la gente que crea soluciones" para la producción de alimentos, para la industria y para la alta tecnología, y que "con sus conocimientos son capaces de innovar". Por su parte, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, aclaró que este "registro nacional de innovadores tecnológicos" buscará las "capacidades creativas" y la "genialidad" de los ciudadanos para ponerlas "al servicio del desarrollo nacional".

Los proyectos más importantes y destacados serán financiados con dinero público por parte del Ejecutivo bolivariano y la formación oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela.