El presidente tunecino disuelve el Parlamento y mantiene su hoja de ruta para rediseñar la arquitectura institucional del país

Kaïs Saied acelera su reforma constitucional para Túnez

AFP/ FETHI BELAID - Kais Saied, presidente de Túne. Kais Saied, anunció el 30 de marzo de 2022 que disolvía el parlamento del país, ocho meses después de suspenderlo en una toma de poder en julio

La tormenta política no amaina en Túnez. Desde que el presidente Kaïs Saied asumiera plenos poderes en julio de 2021 tras instaurar un estado de excepción, disolver el Gobierno del ex primer ministro Hichem Mechichi y suspender la actividad parlamentaria bajo el argumento de “proteger al Estado” en un contexto de debilidad institucional, el país atraviesa una crisis a todos los niveles cuya salida sigue siendo motivo de honda preocupación para la comunidad internacional. La paulatina deriva autoritaria dirigida por Saied apunta hacia una inminente reforma constitucional.

El profesor de Derecho Constitucional de 64 años, miembro del comité de expertos que participó en la redacción de la Carta Magna adoptada en 2014, quiere ahora desmontar el documento para edificar en su lugar un nuevo texto que elimine las deficiencias que, según él, lastran el desarrollo de la pequeña nación norteafricana, azotada por una acuciante división política desde el ‘a priori’ exitoso estallido revolucionario de 2011, sucedido en el marco de las Primaveras Árabes e iniciador a la postre del fenómeno.

Embarcado en su cruzada contra la corrupción, el mandatario tunecino pretendía instaurar de forma unilateral un nuevo sistema presidencialista, similar al francés, para poner fin al defectuoso reparto de poder arrojado por la última Constitución, que dividía la autoridad en las instituciones legislativa, ejecutiva y presidencial sin acotar sus prerrogativas. Una tríada que, unida a la corrupción islamista rampante, bloqueaba las iniciativas políticas para resolver los múltiples problemas sociales. Pero la presión exterior ha empujado a Saied a hacer partícipe del proceso a la sociedad civil.

Kais Saied

El diálogo nacional se materializó en una consulta popular vía online, una encuesta digital emitida en enero en la que el presidente, que gobierna desde julio por decreto, buscaba hacer acopio de las inquietudes y propuestas de la ciudadanía tunecina a través de una treintena de preguntas relacionadas con seis cuestiones clave: política, calidad de vida, economía, desarrollo sostenible, asuntos sociales y educación y cultura. La presidencia intentaba averiguar, además, qué régimen político preferían los encuestados.

Pero la consulta popular resultó un fracaso. Tan solo participaron 500.000 tunecinos durante los dos meses que esta estuvo disponible, medio millón de una población que se cuenta por casi 12. Un irrisorio porcentaje del 5% del electorado, según las estadísticas del Gobierno. La baja participación pudo responder a los extendidos problemas de acceso a internet que sufre una parte de la población, especialmente aquella que vive en zonas rurales, aunque los analistas apuntan como hipótesis más verosímil al hartazgo popular y al creciente descrédito del presidente, incapaz de cumplir sus promesas.

La economía tunecina sigue estancada. La tasa de desempleo aumenta y el Estado se ha retrasado en abonar los salarios del funcionariado. El precio de los productos básicos, ya elevado, se ha vuelto a disparar como consecuencia de la invasión rusa sobre Ucrania. Un contexto que ha empujado al país a los brazos del Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo con el que negocia un rescate a la desesperada con la condición de recortar las subvenciones y los salarios, medidas lesivas para las clases medias y bajas.

Manifestación Túnez

En la hoja de ruta esbozada por Saied, que amasa desde hace meses un poder omnímodo, estaba prevista la celebración de un referéndum constitucional para el próximo 25 de julio –coincidiendo con el aniversario del golpe de mano– y de unas elecciones legislativas para el 17 de diciembre. Pero estos planes fueron desafiados por los parlamentarios, que mantuvieron la semana pasada una reunión extraordinaria a distancia para anular todos los decretos presidenciales adoptados durante el estado de excepción.

Hasta 121 de los 217 diputados de la Cámara, de mayoría islamista, participaron para revertir las medidas de Saied en una acción calificada de “conspiración” por la ministra de Justicia, Leïla Jaffel. Y el mandatario respondió de forma contundente decretando la disolución del Parlamento, ocho meses después de congelar sus actividades, en una medida destinada a detener el intento de “golpe de Estado”, según el presidente. Una acción que, en base al mandato constitucional, obliga a celebrar elecciones legislativas en un plazo de 90 días.

Rachid Ghannouchi

Pero el mandatario contravino de nuevo la Constitución vigente, a la que califica de “ilegítima”, para evitar un adelanto electoral. “Quienes sueñan con la aplicación del artículo 89 se hacen ilusiones”, apuntó Saied, subrayando que se mantendría la fecha del 17 de diciembre para la celebración los comicios. Una decisión que hizo pública después de mantener una reunión con la primera ministra Najla Bouden, y que recibió el respaldo de la Unión General Tunecina del Trabajo (UGTT), el sindicato más importante del país.

Con motivo de la sesión parlamentaria, las brigadas antiterroristas citaron al líder y fundador del partido islamista Enhada, Rachid Ghanuchi, también presidente del Parlamento para comparecer el pasado viernes por haber reunido a los legisladores para votar por unanimidad en contra de Saied. Los otros 121 diputados que participaron en la sesión han sido llamados a declarar el lunes ante la Justicia, que deliberará este martes si la acción es constitutiva de delito. Pero no será el habitual Consejo Superior de la Magistratura (CSM), el máximo órgano judicial del país, quien se pronuncie, sino un sustituto “temporal”, pues también fue disuelto.

Kaïs Saied preserva una agenda destinada a deshacer las instituciones con la connivencia de las Fuerzas de Seguridad. El experto jurista de escasa carisma, que arrasó en las elecciones presidenciales de 2019 con más del 70% de los votos, mantiene su imagen aséptica y contundente contra la corrupción, así como el respaldo del sentir mayoritario del pueblo tunecino. Alejado del populismo lenguaraz, su talante reservado le ha permitido acometer su reforma del Estado posrevolucionario ante las advertencias de la comunidad internacional.

Envíanos tus noticias
Si conoces o tienes alguna pista en relación con una noticia, no dudes en hacérnosla llegar a través de cualquiera de las siguientes vías. Si así lo desea, tu identidad permanecerá en el anonimato