Líbano, año 1
El 17 de octubre se cumplió un año desde el comienzo de la Revolución de Octubre.
También llamada ‘la Revolución del WhatsApp’ en Líbano.Ha sido un año de enfrentamientos, incendios, cambios de gobierno, pandemia y más incendios. Con finalmente una explosión que pronosticaba que, tras el año más duro que se recuerda en el país desde la guerra civil, todo cambiaría.
El estallido social, que hace un año sacó a la calle a más de un millón de libaneses por todo el país en contra del sistema de gobierno surgido de los Acuerdos de Taëf, ha supuesto un antes y un después en la historia del país de los cedros.
Las protestas lideradas por las clases trabajadoras rebelaron en los primeros meses un movimiento transversal, sin aparente liderazgo ni organización definida, estructurado alrededor de la clase trabajadora frente a las 200 familias y sus redes clientelares.
Desde hace más de 30 años estas élites vertebran el sistema político libanés y suponen el 10% de la población, que controla el 84% de la riqueza del país. De estos, el 1% más rico en Líbano acumula el 58% de la riqueza. Las protestas en las calles han mostrado su descontento con la brecha de poder y han exigido en primer lugar, la cabeza política del presidente Michel Aoun.
La revolución del 17 de octubre generó un movimiento que dio poder al pueblo en los primeros meses, ocupando el espacio público reservado para las clases acomodadas. Los manifestantes recuperaron las viejas reivindicaciones: regeneración política, económica y reprobación de todo el Gobierno. E instaron a los dirigentes a asumir otras nuevas políticas centradas en los derechos de las mujeres y los derechos de los migrantes.
Principalmente exigían la supresión real del kafala, el sistema de patrocinio de trabajadores domésticos extranjeros, una suerte de esclavismo institucionalizado que despoja de todo derecho al trabajador y confiere la potestad absoluta al empleador.
Fruto de la presión en las calles, los libaneses lograron revertir la subida de impuestos a las telecomunicaciones (origen del nuevo estallido social), provocar la dimisión a finales de octubre de 2019 de Saad Hariri y paralizar la Asamblea en Beirut. En la práctica de todo el sistema político del país, lograron que cualquier acto de fuerza por parte del Gobierno contra los ciudadanos en las calles para procurar el normal funcionamiento de la Asamblea, deslegitimase cualquiera de las decisiones tomadas en la sede de la soberanía popular, desde donde la élite ha usurpado la soberanía a los libaneses.
La renuncia a formar Gobierno de Mohammad Safadi el 16 de noviembre de 2019 fue consecuencia directa de la presión popular. Durante esa sesión también se impidió la aprobación de una Ley de amnistía para todos los políticos implicados en casos de corrupción. El Gobierno utilizó todos los medios a su disposición a la hora de atajar las protestas, incluyendo la violencia tanto policial como por parte de los partidos chiís, Hizbulá y Amal, contra los manifestantes.
Michel Aoun se permitió el lujo de dar una vuelta más a la compleja situación del país cuando, al no lograr formar Gobierno el primer candidato elegido en noviembre, Mohammad Safadi, decidió de manera unilateral formar un Gobierno monocolor entre el Movimiento Patriótico Libre (MPL), Amal e Hizbulá, prescindiendo del resto de partidos, del sistema de cuotas y de la ratificación por la Asamblea de Beirut.
El giro autocrático de Aoun, rompiendo el consenso político libanés, dejó claro a la sociedad libanesa que no iba a ceder, solamente iba a resistir y esperar. El nuevo Gobierno, por tanto, nació lastrado y sumido en la desconfianza de la ciudadanía que tuvo la certeza de que no supondría de ninguna manera el cambio demandado y deslegitimado por los partidos que habían quedado fuera del Ejecutivo.
Además, se hizo patente el miedo a un nuevo retroceso de los derechos civiles, ya que sin control de la Asamblea y del resto de partidos, Aoun y sus aliados, podrían actuar con total libertad a la hora, por ejemplo, de purgar a sus enemigos políticos.
Lo cierto es que, de no ser por la extremada gravedad de la situación en Líbano y por el historial de gobiernos que condujeron al país a semejante situación, el nuevo Gobierno encabezado por Hassan Diab, un hombre muy cercano a Hizbulá, no pintaba mal sobre el papel.
Se trataba un bloque homogéneo con una pátina de independencia y un punto tecnócrata en contra del criterio de Hizbulá y Amal. Concedió a las mujeres una amplia cuota de representación política con la inclusión de cinco mujeres en ministerios clave, como el de Defensa. Con una ministra que, además, ocupó la vicepresidencia del país.
Tras anunciarse el nuevo Gobierno dio comienzo la “Semana de la ira”, los enfrentamientos más graves desde que comenzaron las protestas. Las fuerzas de seguridad libanesas (ISF) se emplearon con una dureza inédita, aunque luego, con con la aprobación del plan económico, se oficializó el recorte de los sueldos de las ISF.
Pronto quedó claro que las intenciones del Gobierno no iban a tener en cuenta las exigencias de la sociedad libanesa, ni sus políticas serían un reflejo de sus reivindicaciones. Las primeras medidas del nuevo Gobierno en enero incluyeron de manera muy abstracta y sin concretar un plan para atajar el problema de la corrupción de manera selectiva. Lo que para algunos era la confirmación: iban a rodar las cabezas de los enemigos del presidente Aoun.
Las medidas económicas presentadas por el ejecutivo de Hassan Diab eran las mismas que había presentado en octubre el gobierno de Saad Hariri salvo por la intención de realizar una auditoría a la banca y la exención de impuestos a Hizbulá.
En un entorno donde el coronavirus comenzaba a ser la mayor preocupación de los Gobiernos de todo el mundo, el ejecutivo de Diab logró superar una moción de confianza en la Asamblea, contestada en la calle por miles de manifestantes enfrentándose a las ISF.
El siguiente paso de Diab fue declarar la bancarrota, oficializando así el colapso de la economía nacional y, tras no poder hacer frente a la deuda del país, solicitando financiación a organizaciones internacionales. Esta medida también fue contestada en la calle.
Durante octubre y noviembre los empleados de la banca habían mantenido una huelga que obligó a cerrar las entidades bancarias, restringiendo la retirada de efectivo y llevando, en la práctica, a un corralito financiero. Así fue como se situaron como uno de los principales objetivos de los manifestantes. El rechazo de la ciudadanía frente a la banca alcanzó su punto álgido entre abril y mayo, bloqueando las sucursales, exigiendo los ahorros retenidos por la banca, incluso llegando a quemar un gran número de sucursales bancarias en todo el país.
El Banco Central emitió una circular para garantizar la moneda estadounidense con el objetivo de importar productos básicos, fundamentalmente combustible y trigo. Sin embargo la incapacidad de acceder a fondos paralizó las importaciones. A finales de abril el salario medio de un libanés alcanzaba a comprar dos litros de leche.
La pandemia llevó a que también el presidente Aoun solicitase a la comunidad internacional fondos de manera urgente con los que combatir la emergencia sanitaria. El Gobierno actuó con rapidez cerrando en febrero todos los servicios no esenciales para el funcionamiento del Estado.
Para ello contó con la asistencia de Hizbulá, que organizó brigadas de desinfección y extendió la cobertura sanitaria de su organización a millones de libaneses sin asistencia médica, poniendo a disposición del Gobierno su red sanitaria de atención primaria, su sistema de transporte de urgencias y sus hospitales. La red sanitaria de Hizbulá, más potente que la estatal, posibilitó el aumento de la capacidad asistencial a la población, tanto médica como alimentaria.
La carencia de material médico básico, tests, mascarillas, EPIs, y productos de higiene hacía temer por un aumento crítico de la tasa de contagios. Al mismo tiempo, la carencia de medios hospitalarios auguraba un colapso total a mediados de abril, cuando llegaron a una ocupación hospitalaria del 50%.
El final de la ‘Obertura 1812’ versión libanesa, fueron las dos explosiones en el puerto de Beirut que arrasaron todo a su paso en un radio de 10 kilómetros. 2.750 toneladas de nitrato de amonio terminaron por colapsar los maltrechos hospitales de Beirut.
Las manifestaciones tras la explosión superaron incluso a las de enero y abril, los ministerios de Exteriores, Medioambiente y Economía fueron incendiados y el Gobierno se vio desbordado e incapaz de manejar la situación.
Esa noche, Hassan Diab compareció por televisión para anunciar una inminente convocatoria electoral para tratar de reconducir la situación. Dos días después, el Gobierno encabezado por Diab dimitió en pleno, formándose un gobierno provisional sin prácticamente atribuciones con el encargo de convocar elecciones.
El gobierno de Diab, se había fracturado definitivamente el 3 de agosto con la dimisión del ministro de Exteriores. Con la explosión se precipitó el final de un Gobierno condenado desde el principio y devorado por las circunstancias.
Ya entonces comenzó a sonar el nombre de Saad Hariri para encabezar el nuevo Gobierno.
Un año después la regeneración política y social en Líbano sigue pendiente. Prácticamente ninguna de las reivindicaciones que motivaron a los libaneses a salir a la calle y rebelarse contra sistema se han atendido. No se ha solventado el déficit energético ni los cortes de agua y electricidad, una de las principales reivindicaciones que originaron las movilizaciones del pasado año.
La responsabilidad se dirige, aparte de hacia el déficit en infraestructuras críticas tanto energéticas como para el abastecimiento de agua, hacia las empresas privadas financiadas por el Gobierno y encargadas de generar y distribuir el suministro energético en Líbano.
Estas empresas emplean continuamente como herramienta de presión el desabastecimiento regular de agua y electricidad en todo el país. Por ello, el Ejecutivo libanés solo es capaz de garantizar cuatro o cinco horas diarias de electricidad en el mejor de los casos y dependiendo del municipio.
Más allá solamente hay dos opciones: se puede negociar con las eléctricas propietarias de toda la red de suministro (desde las infraestructuras energéticas hasta el cableado) ó usar generadores diésel.
Estos generadores, según el diario independiente libanés The Public Observer, son objeto de denuncia a las autoridades por no cumplir con la normativa de medioambiente y por tener el combustible almacenado sin unas mínimas garantías de seguridad.
Este hecho, que podría parecer intrascendente, pone de nuevo de relevancia la precariedad con la que se vive en Líbano y el colapso del Estado. A principios de octubre, se desataron una serie de incendios similares a los que también contribuyeron a desencadenar la revolución de octubre del 2019.
Uno de los principales factores que afectaron a esta nueva ola de incendios descontrolados fue la abundancia de combustible deficientemente almacenado con el que miles de libaneses abastecen los generadores de electricidad de sus casas. Y otra vez el Gobierno, abrumado por la situación, ha reaccionado culpando de los incendios a la “violencia entre comunidades”.
El sistema educativo es otra de las víctimas de la situación de Líbano, un sistema mixto de tipo francés donde la educación privada, apoyada por el Gobierno, se ha visto afectada en Beirut por las consecuencias de la explosión.
Las escuelas privadas dañadas tras la explosión se ven impotentes para afrontar las reparaciones por la falta de fondos. Mientras tanto, la inasumible subida del precio de los libros de texto y el colapso económico estatal han obligado a muchas familias a enviar a sus hijos a escuelas del sistema público. Y éstas, a su vez, se encuentran aún en peores condiciones debido a que la única fuente de ingresos procede de donaciones captadas por el Ministerio de Educación, que ahora se están destinando a centros privados.
El Banco Mundial ha estimado que, a finales de diciembre, el 45% de la población libanesa situará su nivel de renta por debajo del umbral de la pobreza. Para añadir más presión a la situación económica, ACNUR ha estimado que el 75% de los casi dos millones de refugiados en Líbano se encuentran ya en estas circunstancias.
Los sucesos de agosto facilitaron mucho las cosas al Gobierno libanés, ya que hubo un aumento significativo de refugiados que se acogieron al retorno voluntario a Siria. Otros, fundamentalmente de origen palestino (cerca de 500.000) no tienen todavía a dónde regresar.
Paralelamente al aumento de la pobreza y los derechos civiles también se han visto reducidos en un intento de revertir el estallido social. La reforma de un sistema judicial que, entre otros aspectos, garantice la independencia de los jueces tampoco se ha abordado aún.
El problema de la gestión de basuras en todo el país, pendiente desde 2015, sigue siendo una de las principales preocupaciones de los libaneses.
A la endémica falta de fondos se unen la escasez de técnicos adecuadamente formados y la falta de infraestructuras adecuadas para el almacenaje, así como la falta de vertederos y proyectos de reciclaje de los residuos. La gestión del tratamiento de los tres millones de toneladas de basura anuales que se generan en Líbano está, como la energética, a cargo de empresas privadas que se nutren de trabajadores migrantes principalmente de India y Bangladesh, muchas veces contratados bajo el sistema kafala.
La falta de centros de tratamiento, la saturación de los escasos vertederos y el sistemático incumplimiento de las empresas a cargo de la recogida de residuos, han convertido en habitual la invasión de toneladas de basura por las calles de las ciudades libanesas.
La consecuencia ha sido la proliferación de vertederos ilegales gestionados por municipios e incluso pequeñas comunidades de vecinos. Las zonas más afectadas son las gobernaciones de Beirut y Monte Líbano, que concentran aproximadamente al 40% de la población del país y donde los costes de recogida y almacenamiento de basuras son sensiblemente más altos que en otras zonas.
A estos factores estructurales añadimos otro factor circunstancial derivado de los sucesos de agosto: todos los deshechos generados tras la explosión han excedido la capacidad de los pocos vertederos legales que hay en la Gobernación de Beirut. La ciudad y sus alrededores se han inundado con escombros y basura añadiendo más presión al sistema sanitario.
El sistema sanitario es otro reflejo de la situación nacional. El impacto de la pandemia se dejó sentir a lo largo del año en la depauperada sanidad pública libanesa a pesar de la asistencia de Hizbulá.
La explosión en el puerto de Beirut hizo que el servicio público de salud colapsasara definitivamente dejando, al menos, tres hospitales fuera de servicio. Según el Institute for Health Metrics and Evaluation de la Universidad de Washington (IHME), la demanda de recursos para la sanidad ha aumentado desde agosto hasta alcanzar un 90% de ocupación en las camas UCI.
Según las proyecciones del IHM este aumento no se detendrá hasta finales de enero, cuando la ocupación de los hospitales públicos esté alrededor del 60%. Esta estimación sería valida también para el número de infecciones, que crecerían en paralelo a la saturación por pacientes con coronavirus en los hospitales libaneses.
El número de fallecimientos se disparará sin que el IHM sea capaz de predecir en qué momento descenderá el número de muertes por coronavirus. A finales de octubre, de una capacidad de algo más de 7.000 camas de hospital, estaban ocupadas por pacientes de coronavirus unas 800 camas. De 235 camas de UCI en todo el país, 228 están ocupadas por pacientes con coronavirus. El número de muertes diarias solamente por la COVID-19 es de algo más de 10 personas en todo el país. El número de casos totales en Líbano es de alrededor de 80.000 personas y la tasa de letalidad del 0,8%.
Así mismo, la perdida de valor de la libra libanesa ha provocado una pérdida del poder adquisitivo de los profesionales sanitarios de un 20%, provocando que los pocos médicos y enfermeras con formación y experiencia abandonen el país con destino a los países del Golfo, donde los salarios son más altos y hay demanda de profesionales sanitarios.
La economía libanesa se encuentra en muerte cerebral a pesar de haber recibido el apoyo de Francia. Aunque, más allá de conferencias de donantes y reuniones similares, en este momento no parece que signifique gran cosa. Francia, también está sumida en plena emergencia sanitaria y tiene un futuro económico incierto, tanto para París como para sus socios de la Unión Europea. Francia parece más interesada en defender las concesiones de sus empresas sobre los hidrocarburos mediterráneos que en rescatar a su ex colonia, a la que hace tiempo dio por perdida.
Cualquier otra ayuda ofrecida, tanto por otros países como por organizaciones internacionales, vendrá de la mano de reformas estructurales y económicas percibidas por la sociedad libanesa como un chantaje y una forma de perpetuar la vieja política. Además, países como Estados Unidos y Arabia Saudí están condicionando las ayudas al desarme de Hizbulá y a la normalización de relaciones con Israel.
Treinta años de neoliberalismo salvaje, austeridad, corrupción y clientelismo han llevado a Líbano a la bancarrota. El nivel de endeudamiento era en enero del 150% del PIB y ahora se sitúa alrededor del 170%. Con un 11% de aumento del déficit, el paro juvenil se sitúa en niveles cercanos al 40% lo que, junto a la última devaluación de la moneda en enero, mantiene un altísimo porcentaje de economía sumergida y un descenso en el poder adquisitivo de los libaneses.
La libra libanesa mantuvo la cotización oficial frente al dólar convirtiéndose de facto en la moneda de uso habitual. También es la única moneda aceptada en el mercado negro, pagándose un 20% más cada dólar debido a la escasez de divisas.
La contracción de la economía estimada a finales de febrero era de un 6,5% y de 12% en abril. A finales de octubre, el Fondo Monetario Internacional estimó la contracción económica en un 20%, solo superado por Libia, mientras que la estimación para la región es de un 5,5%.
El corralito se redujo hasta alcanzar en abril 100 dolares por ciudadano y día, con la prohibición del Banco Central de Líbano de no cambiar dólares por menos de 3.200 libras/dólar. A mediados de octubre se situaba alrededor de 9.000 libras/dólar, perdiendo alrededor del 80% de su valor. La retirada de efectivo se limitó a 2.500 dólares por ciudadano al mes.
A pesar de ser una urgencia, no se logró que ninguno de los Gobiernos que se han sucedido durante este año aprobase la creación de la comisión anunciada por los ministros de Finanzas y Economía para realizar una auditoría a la banca y depurar responsabilidades por la situación de bancarrota.
El desabastecimiento de productos básicos continúa agravado por la destrucción del puerto de Beirut, principal puerto del país que recibe y estiba alrededor del 80% de estos suministros básicos, entre los que se incluyen los sanitarios y alimenticios. Junto con el puerto se perdieron el 90% de las reservas de cereal del país. Además, según el Gobierno libanés, las pérdidas derivadas de la explosión en todo Beirut ascendieron a más de 15.000 millones de dólares.
A nivel político tampoco ha habido cambios sustanciales. No se han eliminado los sueldos vitalicios de miembros y ex miembros del Gobierno y el sistema, aunque débil, no da señales de ceder. Michel Aoun, su camarilla y los partidos chiís resisten a pesar de la contestación en la calle.
De entre las filas de la clase política libanesa, solamente Walid Jumblatt se ha manifestado a favor de un cambio, admitiendo como líder político su responsabilidad en la actual situación de Líbano.
En consecuencia, el partido socialista de Jumblatt y la independiente Paula Yacoubian abandonaron la Asamblea en agosto ante la incapacidad de legislar ni de tomar decisiones. Junto a los drusos y Yacoubian también se marcharon los parlamentarios del Kataeb.
Michel Aoun continúa siendo presidente del Gobierno a pesar de haber formado tres ejecutivos distintos durante este año. El último de ellos, en un surreal giro de los acontecimientos, trajo de vuelta a Saad Hariri.
Surreal porque, desde la óptica del espectador que mira ajeno a la situación en Líbano, lo que ocurre en el país de los cedros no es posible de comprender. Una regresión política de la que no deberíamos sorprendernos, porque Aoun ya amagó con la vuelta de Hariri en diciembre.
Si la frase de “la política es el arte de hacer posible lo imposible” ha tenido alguna vez sentido, es en Líbano donde se eleva como máximo exponente del absurdo.
Con la vuelta a la primera línea de la política libanesa, si es que alguna vez se marchó, Hariri ha declarado la intención de satisfacer una de las demandas de la sociedad: la puesta en marcha de un gobierno tecnócrata.
Esta medida es a la que se han opuesto durante todo el año tanto el presidente Aoun, que abogaba por la incorporación de un 50% de tecnócratas al Gobierno, como por Hizbulá, que se negaba a admitir una medida de este calado pese a que durante los momentos de mayor presión popular se llegó a plantear seriamente esta posibilidad, de la que paradójicamente, Saad Hariri era partidario.
La transición de Gobiernos en medio de la crisis y la pandemia, se ha producido de nuevo sin atender a la necesidad de convocar elecciones y renovar un Parlamento deslegitimado tanto por la sociedad libanesa, como por parte de la oposición que no ha vuelto a ocupar los escaños que abandonados en agosto.
De nuevo todo queda en manos del presidente Aoun. Cuando hace un año, desde estas mismas páginas, señalábamos que Michel Aoun era consciente de que una dilación a la hora de conformar Gobierno jugaba a su favor, nos planteábamos cuanto tiempo serían capaces de sostener la situación y el bloqueo indefinido del país antes de colapsar. Pero no podíamos sospechar la capacidad de supervivencia y resiliencia de este político.
Tras superar el trámite parlamentario con 65 votos a favor, el 22 de octubre Saad Hariri tomó posesión por cuarta vez como primer ministro de Líbano insistiendo en la formación de un Gobierno tecnócrata sin vinculación con la clase política libanesa.
Probablemente se trate de un Gobierno continuista en el que la vuelta de Hariri podría indicar un acercamiento a Arabia Saudí en busca de fondos, pero esta posibilidad estaría condicionada por la presencia de Hizbulá como apoyo del Gobierno.
Michel Aoun ha dejado claro que la formación del Gobierno, una vez ha sido designado y ratificado por la Asamblea un primer ministro, es cosa de dos: del propio Aoun y de Hariri, sin terceros actores.
Pero es seguro que la organización chií seguirá asumiendo el poder en la sombra. Garante de la estabilidad del nuevo ejecutivo encabezado por Saad Hariri a pesar de representar bloques políticos opuestos. También a pesar de que otras fuerzas políticas aliadas de Hariri, como las Fuerzas Libanesas (FN) de Samir Geagea, se opongan al nombramiento de Hariri apoyado por las organizaciones chiíes, Hizbulá y Amal, a las que acusa de boicotear las conversaciones en septiembre para oficializar el gobierno interino de Mustafá Adib.
En la calle el pueblo libanés, víctima de las circunstancias y burlado una vez más, no tardó en manifestarse por todo el país, aunque ya sin la fuerza de las protestas de hace un año.
La insistencia de Hizbulá en mantener la estabilidad ha convertido a la organización chií en la garantía de Michel Aoun. Tanto en los intentos de formar Gobierno como en la constitución de los Ejecutivos de Hariri y Diab. Para ello no han dudado en emplear todos los recursos a su disposición, incluso la violencia contra otros partidos y organizaciones recurriendo a la amenaza de movilizar a sus milicias.
Hizbulá, se ha negado a mantener un dialogo con todas las fuerzas políticas libanesas en post de lograr acuerdos que pudiesen encauzar la situación del país, pese a los continuos llamamientos a mantener la unidad nacional.
Este apoyo se ha traducido en el cierre de filas en torno a Michel Aoun legitimando el inmovilismo político que atenaza a Líbano. También ha aumentado su peso social tras haber puesto a disposición del presidente Aoun sus recursos médicos, evitando así el colapso del sistema sanitario durante las fases más duras de la pandemia.
Pero una cosa es ganar peso dentro de un Gobierno o de un entorno social por la dependencia de los recursos y otra es que este aumento de la dependencia de Hizbulá haya mejorado la imagen que tiene la organización entre los libaneses. Ni entre los libaneses, ni entre la comunidad internacional de la que en este momento depende Líbano, ha cambiado la imagen de la organización chií.
A pesar de Hizbulá, las relaciones entre Líbano e Israel han avanzado auspiciadas por Estados Unidos en los últimos meses. Esto se debe a la necesidad de Beirut y Tel Aviv de establecer los límites de sus aguas territoriales, lo que posibilitaría el uso de sus correspondientes zonas económicas exclusivas (ZEE) y la prospección de las reservas de hidrocarburos que se encuentren en ellas.
Los derechos de prospección y explotación en aguas libanesas fueron vendidos a compañías francesas por el anterior Gobierno encabezado por Saad Hariri. Los partidos chiís, protestaron ante el inicio de las negociaciones y abogaron por que fueran llevadas exclusivamente por mandos militares.
Pero estos contactos diplomáticos serían intrascendentes, ya que como ambos Gobiernos han dejado claro, se trata de delimitar las aguas territoriales de cada país en base a un interés estrictamente económico y no de un inicio para la normalización de relaciones.
El tiempo y las circunstancias han logrado mermar las fuerzas de la gran masa social que hace un año veía cerca el cambio, manteniendo el gatopardismo en la política libanesa. La intención es “que todo tenga una apariencia de cambio pero que nada cambie”, conduciendo así a Líbano hacia ninguna parte.
