Líbano, revolución en tiempos de pandemia

La geopolítica del virus
Protestas en Líbano

AFP vía GETTY IMAGES/Ibrahim Chalhoub  -   Protestas en Líbano

La geopolítica del virus

Después de casi 100 días de lucha en las calles, los manifestantes y los ciudadanos libaneses, escucharon a finales de enero el primer paquete de medidas destinadas a combatir, el que a juicio de la sociedad libanesa es el principal problema del país. La corrupción endémica, que, a modo de pandemia, antes de la pandemia, ha envenenado durante décadas las instituciones y los sucesivos gobiernos que desde el final de la guerra se han alternado en el poder. Cansados de la situación en el país, los ciudadanos solo esperan que el nuevo gobierno no actúe de manera partidista y garantice la tan ansiada transparencia que constate un verdadero cambio de rumbo político en Líbano. 

Pero el nuevo Gobierno, que es, probablemente el más homogéneo en la historia reciente de Líbano, formado íntegramente por tres partidos, el cristiano MPL (Movimiento Patriótico Libre) y los chiíes Amal y Hizbulá, nace lastrado, tanto por su composición, como por la manera en que se ha formado. La composición del Gobierno rompe la tradicional política de cuotas de poder en Líbano, por la que todos los gobiernos cuentan con una amplia representación de las fuerzas políticas presentes en la Asamblea de representantes a fin de equilibrar el poder entre todas las facciones religiosas que componen el amplio espectro político libanés. Por otro lado, es un gobierno formado de manera unilateral por el presidente Michel Aoun y los partidos chiíes, sin consenso y apartando deliberadamente al resto de fuerzas políticas. 

La confianza entre la ciudadanía, obviamente, es algo que no se gana solamente con eslóganes y palabras grandilocuentes en la línea de lo que un dirigente político sabe que, en un país víctima del hastío político, en bancarrota, y con la clase dirigente denostada, la gente quiere escuchar, y muchos, con la certeza de que el nuevo Gobierno no supone un cambio en la línea de lo que se ha demandado desde octubre en las calles, temen que esta situación derive en una caza de brujas contra el resto de organizaciones políticas excluidas del nuevo pacto de gobierno. Desde el primer día en que los libaneses salieron a la calle, pedían la revocación de absolutamente toda la clase política surgida de entre las 200 familias que forman la élite sociopolítica en el país de los cedros, y cuando decían todos, querían decir todos, empezando por Michel Aoun. Las intenciones del nuevo Gobierno en modo alguno han tenido en cuenta las exigencias de la sociedad libanesa, ni van encaminadas en este sentido, sino que han anunciado un abordaje selectivo del problema de la corrupción, lo que para algunos significa, poner en el punto de mira a la oposición política al presidente Aoun y sus aliados, empezando por los ex primeros ministros Fuad Siniora y Saad Hariri, contrarios a Hizbulá y a un acercamiento hacia Siria, o el líder druso Walid Jumblatt, único político libanés que manifestó su apoyo a las clases populares durante los meses de protesta y único político libanés que en estos momento de máxima tensión transmite mensajes de calma a la población. 

Esto, por supuesto, implica que otros líderes políticos libaneses, con el mismo nivel de responsabilidad que Siniora o Hariri, o más, como Nabih Berri, líder del Movimiento Amal y presidente de la Asamblea de representantes o el miembro de la Cámara de Representantes y exministro de Exteriores Gebran Bassil del MPL, vayan a quedar libres de toda responsabilidad. Gebran Bassil fue elegido por primera vez para la Asamblea de representantes en 2005, es considerado un hombre cercano a Damasco, exministro de Exteriores, y Telecomunicaciones en el primer Gobierno de Saad Hariri y de Energía en el Ejecutivo de Najib Mikati en 2011, ha sido, durante las protestas, identificado como uno de los grandes responsables de la situación en Líbano, y es uno de los principales blancos de la ira de los manifestantes, la cínica representación de que nada ha cambiado en el país. Gebran Bassil es el hijo político de Michel Aoun, al que designó presidente del MPL en 2015, el partido que el mismo fundó. Además, es hijo político en sentido literal, ya que está casado desde 1999 con una hija de Aoun. El caso de Bassil es paradigmático de la situación en Líbano y de cómo el nuevo gobierno pretende afrontar el problema de la corrupción y la renovación política.

Un ejemplo de la impunidad con que actúa es su viaje a finales de enero a la cumbre del Foro Económico Mundial en Davos, 24 horas después de formarse el Gobierno en Líbano. En una entrevista de la cadena americana CNBC, fue incapaz de responder como un país en bancarrota podía financiar el viaje y estancia de ningún ministro a Suiza, aludiendo a una supuesta financiación privada de la que no dio más explicaciones. El yerno de Michel Aoun es simplemente la constatación para muchos de los ciudadanos que han salido estos meses a la calle de que ningún gobierno presidido por Aoun puede ser parte de la solución a los problemas políticos de Líbano, un hombre que ha perpetuado en su propia familia el estilo tradicional de la oligarquía libanesa. Los tres hijos de Michel Aoun son miembros del MPL y parlamentarios en la Asamblea de representantes, su yerno Chamel Roukoz, ex militar también miembro del MPL y parlamentario en la Asamblea. 

Tras pasar 14 años exiliado en Francia, Michel Aoun, expresó, tras regresar al Líbano en 2005 su intención de perseguir la corrupción que azotaba al país, y que había sido causa de las luchas sectarias que habían costado la vida a Rafik Hariri, viéndose a sí mismo como el salvador del país. Sin embargo, la negativa tras el asesinato de Rafik Hariri a secundar a Aoun por parte de los Hariri, y de otras fuerzas políticas como los drusos de Walid Jumblatt, llevaron a Aoun a poner la cruz sobre los que a partir de ese momento iban a ser su principales adversarios políticos. 

La nueva explosión de ira se produjo en la calle el mismo 21 de enero, continuando las violentas manifestaciones que desde el sábado 18 sacudían el país de punta a punta para protestar una vez más contra el sectarismo político imperante en Líbano. Los días precedentes a la conformación del nuevo ejecutivo se produjeron algunas de las manifestaciones más intensas desde el mes de octubre. Frente a los manifestantes, las fuerzas de seguridad libanesas, las ISF, hubieron de emplearse con máxima dureza, utilizando balas y pelotas de goma e incluso los famosos cañones de agua que meses atrás sirvieron para extinguir los incendios que consumían el país. Unas ISF que, de igual manera a la situación general en el país, han visto recortados sus sueldos y llevan desde octubre de manera ininterrumpida en la calle, creando una situación explosiva entre ellos y los manifestantes. 

Según Amnistía Internacional, solamente esa semana se produjeron cerca de 400 heridos en Beirut debido a la dureza de los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Cruz Roja libanesa cifró solamente el sábado 18 en 300 los heridos en Beirut en enfrentamientos con las ISF. El mismo 21 de enero, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas denunció la situación de violencia en Líbano y exhortó al gobierno a modular la respuesta que las ISF estaban dando a las protestas. Sin embargo, el incendio político se antojó inextinguible y, tras anunciarse el nuevo gobierno, dio comienzo la que ha sido bautizada como la semana de la ira en Líbano. La magnitud de las protestas dejó más de 500 heridos en todo el país, además de producirse ataques a periodistas por parte de las ISF. 

Manifestantes en Líbano
REUTERS/Mohamed Azakir - Manifestantes en Líbano

Una vez más, los últimos días de enero, con la aprobación del plan económico del nuevo Gobierno, arreciaron las protestas en la calle. Las medidas económicas que el nuevo Ejecutivo dice estar determinado a tomar, y que se aprobaron de forma exprés, con el rechazo de varios partidos por considerar que el nuevo ejecutivo debía someterse a una moción de confianza en la Asamblea antes de aprobar ningún tipo de ley o plan económico, son las mismas que presentó en su plan económico el último Gobierno de Saad Hariri en diciembre. Y todo esto en un entorno radicalmente diferente al de diciembre, con una crisis económica y social de muy difícil solución y un horizonte poco halagüeño, donde el coronavirus planeaba sobre Líbano. El 11 de febrero, con la calle en plena efervescencia social contra el nuevo gobierno, este superó con holgura la moción de confianza reclamada por varios partidos de la oposición en la Asamblea de representantes. Fuera, en la calle, los enfrentamientos entre manifestantes contrarios al Gobierno de Hassan Diab y las ISF, dejaron más de 200 heridos. Como ya ocurriera en Noviembre, los manifestantes cortaron los accesos que conducen a la Asamblea de representantes para tratar de impedir el desarrollo de la sesión parlamentaria, enfrentándose con unas ISF que se emplearon a fondo, tal y como denuncia la cruz roja libanesa, que certifica el uso de nuevo de cañones de agua y gases lacrimógenos contra la población que trataba de impedir que se celebrase la sesión en la Asamblea. 

De las demandas que condujeron a la ciudadanía libanesa a estallar el 17 de octubre del pasado año, la más importante, la de lograr un Gobierno independiente, comprometido con la lucha contra la corrupción, no solo dista mucho de haberse logrado, sino que para muchos ciudadanos la situación, y no solo la económica, se ha agravado considerablemente. En la calle, los manifestantes rechazan la formación del gobierno por una parte de los partidos que han perpetuado el sistema, en base a las tradicionales cuotas de poder, y se entiende como un desprecio a sus reivindicaciones, que pasaban por la formación de un gobierno de técnicos independientes. La sensación es que nada ha cambiado. Parcialmente, se ha conseguido que el nuevo gobierno esté formado por técnicos, algo a lo que Hizbulá se negaba, pero a lo que el presidente Aoun era favorable. Finalmente, en este aspecto, se ha logrado una cuota paritaria, integrando en el nuevo ejecutivo un 50% de técnicos. También, por primera vez en la historia de Líbano, una mujer ha asumido la cartera de Defensa, Zerina Akar, que además ocupará la vicepresidencia del gabinete presidido por Hassan Diab y en el que, además de la propia Akar, hay cuatro mujeres más. 

Ministras Gobierno de Líbano
AGENCIA ANADOLU/Mahmut Geldi - Ministras Gobierno de Líbano

El nuevo primer ministro, Hassan Diab, es ingeniero y académico, cercano a Hizbulá pero sin adscripción a ningún partido, por lo que teóricamente es considerado independiente. De marcado perfil tecnócrata, de 2011 a 2014 desempeñó el cargo de ministro de Educación en el Gobierno de Najib Mikati, Ejecutivo que, como el que encabeza en este momento, surge del abandono del poder de Saad Hariri. Si bien no parece que represente una esperanza de cambio para Líbano, tal y como considera la ciudadanía, al menos, en su favor, se puede decir que tampoco es víctima de su pasado, ni se conocen deudas políticas, algo habitual en la clase política libanesa. En su primera intervención pública como primer ministro, declaró ser receptor de las demandas de la sociedad libanesa, algo que, como hemos visto, no es compartido por la gente en la calle, a tenor por las protestas que ha provocado la conformación de este nuevo Gobierno. Además, su cercanía a Hizbulá no le hace receptor tampoco de las simpatías de los manifestantes, que han visto como a lo largo de los meses han debido enfrentarse a simpatizantes de Amal y Hizbulá, contrarios a un cambio de rumbo político en el país. 

Mientras, Hizbulá sigue ejerciendo la tutela del nuevo Gobierno y, hasta cierto punto, el Gobierno se ha conformado a su medida, colocando al frente del mismo a un hombre cercano a la organización chií, Hassan Diab. Además, es una de las tres organizaciones políticas que forman el Ejecutivo. En términos políticos, puede traducirse como continuismo, y que Hizbulá, que se encontraba en una posición muy cómoda con el anterior ejecutivo a pesar de estar dirigido por enemigos de la organización chií, se apoyaban en su peso social, político y militar. Hizbulá ha debido integrar el nuevo Gobierno, en busca de una muy necesaria estabilidad a nivel doméstico, una de las primeras medidas que ha tomado el nuevo ejecutivo, es una exención de impuestos para la organización chií. El año no empezó bien para la organización chií, con una región extremadamente inestable tras la muerte a principio de año de Qassem Soleimani y los enfrentamientos en Siria con el Ejército turco. Fuera de la región, Hizbulá, sufrió un importante revés al ser declarado su brazo político organización terrorista en Alemania, con la excusa de que sus publicaciones en Europa hacen apología de la violencia, además de ser instrumento fundamental en las actividades de proselitismo político y religioso en las comunidades chiíes europeas. Alemania ha tomado esta medida de manera unilateral, ya que, si bien la UE ha declarado al brazo armado de la organización chií como terrorista, no ocurre lo mismo con su brazo político.

A comienzos de enero, la situación oficial con respecto a la economía nacional era de colapso. Sin embargo, con la entrada del nuevo Gobierno, los ministros de Finanzas, Ghazi Wazni, y Economía, Raoul Naemeh, se mostraron dispuestos a declarar la bancarrota del país y favorables a buscar financiación extrajera. Bancarrota que, por primera vez en su historia, Líbano se ha visto obligado a declarar, con el incumplimiento del pago de su deuda a principios de abril. Igualmente, el nuevo Gobierno se ha visto a obligado a depreciar la libra libanesa frente al dólar, provocando una pérdida de poder adquisitivo en los agotados ciudadanos libaneses. Parte de la ciudadanía rechaza estas medidas, denunciando que no sería necesaria financiación extrajera o de organizaciones supranacionales si la clase política devolviera el dinero público que durante 40 años ha sustraído. En la mente de los agotados libaneses, los 11.000 millones de dólares en donaciones privadas recibidos por el gobierno en 2018, y que se han diluido, parafraseando al inmortal personaje de Philip K. Dick, como lágrimas en gotas de lluvia. 

El nuevo primer ministro, Hassan Diab, ha declarado que, a las medidas expresadas por sus ministros de Finanzas y Economía, el Gobierno va a realizar una auditoría del Banco Central de Líbano. Medios independientes de EEUU vaticinan para este año una contracción económica en Líbano de cerca del 25% y un aumento del paro del 25% al 50%. Antes esta perspectiva, muchos analistas vaticinan que es probable que el FMI condicione la financiación del Estado libanés a la adopción de medidas económicas, como la monitorización de las finanzas de Líbano hasta estabilizar la situación. Líbano mantiene un déficit de alrededor de 11% de su PIB, mientras que el endeudamiento relativo del país es del 150% del PIB. El paro juvenil se situaba en el mes de octubre, en el momento de iniciarse la llamada revolución del WhatsApp, en el 37% a los que se unen los cerca de 250.000 libaneses que han perdido su empleo debido a la emergencia sanitaria. Con todos estos datos, no es complicado pensar que Líbano va a ser la economía más afectada de la región como consecuencia de la emergencia sanitaria, según Al Monitor. A los datos que acabamos de ver, deberíamos unir una contracción de la economía del 12% desde que se decretó la alerta sanitaria, con una pérdida mensual del 6%, en un país que solamente en 2109 sufrió una contracción económica del 6,5%. Una de las áreas económicas que podrían proporcionar una bocanada de aire a Líbano en este momento es el sector energético. Parte de las controvertidas reservas de hidrocarburos mediterráneas estarían situadas en aguas territoriales libanesas. El Gobierno de Hariri ya se mostró dispuesto a realizar prospecciones para determinar presencia de gas y petróleo y en qué cantidades. Sin embargo, ese mismo Gobierno vendió los derechos de explotación a compañías francesas y rusas, repercutiendo, si es posible explotar estos hidrocarburos, de manera muy laxa en la economía libanesa. Y si es posible, porque Israel ha declarado que el 90% de las reservas sobre las que Líbano tiene jurisdicción están en realidad en aguas territoriales israelíes. 

A pesar de que el FMI no se consideró capacitado para realizar proyecciones sobre la economía libanesa a corto plazo, el Banco Mundial anunció un crédito de 40 millones de dólares para que Beirut pudiera enfrentarse con alguna garantía a la pandemia de la COVID-19. La pandemia no conoce revoluciones más que la que ella mismo provoca en las sociedades en que hace acto de presencia, y Líbano no es una excepción. Ante la urgencia de la crisis sanitaria, el presidente Michel Aoun lanzó un llamamiento a la comunidad internacional para enviar ayuda urgente a un país que se enfrentaba a la pandemia en bancarrota y deficitaria en todo tipo de recursos. 

En las vacías calles de Beirut y otras ciudades del país, Hizbulá organizó brigadas de desinfección, y trató de extender la ayuda sanitaria a los cerca de cuatro millones y medio de personas que se calcula quedaron sin cobertura médica. La organización chií movilizó a cerca de 15.000 voluntarios para integrar las brigadas de desinfección, al tiempo que ponía a disposición del Gobierno no solo su vasta red sanitaria de atención primaria y su sistema de transporte de urgencias, sino también sus centros más modernos y laboratorios de procesado de pruebas. Como ya vimos en un artículo anterior, la red asistencial de la organización religiosa es probablemente más potente que el mismo Estado, lo que les ha permitido durante estos meses no solo proporcionar asistencia médica y aumentar la capacidad de facilitar asistencia a la población en los más de 10 hospitales que la organización posee, sino también capitalizar en todo el país el reparto de comida a la población más necesitada. 

El Gobierno actuó con relativa rapidez cuando el 21 de febrero se detectó el primer caso. Progresivamente se cerraron todos los servicios no esenciales para el funcionamiento del estado, se cerraron aeropuertos, comenzando por el de Beirut, para un mes después decretar la cuarentena y las restricciones a la movilidad para toda la población, cuarentena que el 21 de abril cumplió un mes y que se prorrogó hasta el 26. Sin embargo, el sistema sanitario es un fiel reflejo de la situación nacional: de momento resiste, pero la carencia de recursos puede hacerlo estallar en el momento más inesperado. En este sentido diversas organizaciones como Human Rights Watch señalan que el riesgo de infección ante la carencia y la imposibilidad, debido al alto precio, de adquirir más equipos de protección individual, mascarillas y recursos sanitarios puede doblar en poco tiempo la tasa de contagios actual. La gestión de la crisis sanitaria, de nuevo, solamente ha recibido críticas por parte del líder druso Walid Jumblatt, que a todas luces es el único líder político libanés abiertamente crítico con la situación en el país. 

La carencia de test en Líbano ha dificultado la obtención de un número aproximado de casos positivos, cifrándose en 550 las pruebas diarias realizadas para determinar casos de COVID-19. A día 20 de mayo, Líbano contaba, según datos del Grupo de Investigación en Bases de Datos UTN-FRCU, con 859 casos confirmados, 599 activos y 26 personas fallecidas, con una tasa de letalidad del 2,8%, aunque varios analistas locales estiman que los casos podrían llegar en este momento a más de 1.500, ya que es complicado determinar el número de casos en las zonas rurales y campos de refugiados. Ateniéndonos a los datos que da el Ministerio de Sanidad, al comienzo de la crisis sanitaria, Líbano disponía en todo el país de 576 camas, de ellas 234 eran camas de UCI y 263 ventiladores, con una capacidad de incremento total del 50%. Es decir, el límite de las capacidades de la sanidad libanesa al comienzo de la crisis se situaba en 864 camas, 351 de UCI y unos 400 ventiladores para una población de poco más de 6 millones de habitantes, a los que deberíamos añadir cerca de un millón de refugiados, dentro de un sistema de salud en el que la mayoría de hospitales y centros de saludo son privados, y como ya ocurriera en 2010 con la crisis sanitaria del H1N1, han puesto todas las dificultades posibles a la hora de colaborar con el Ministerio de Sanidad a la hora de gestionar la actual crisis. 

Según el sistema predictivo de The Global Health Institute de la American University of Beirut, el sistema sanitario libanés colapsará irremediablemente cuando el número de infectados se encuentre entre los 17.000 y los 20.000. El 24 de abril, el portavoz del Ministerio de Sanidad de Líbano, Walid Ammar, declaraba en una entrevista al medio Think Global Health que el gobierno solamente reconocía 677 casos de COVID-19 en todo el país. Además, indicaba que las capacidades sanitarias habían aumentado considerablemente, sin indicar cifras, centrándose sobre todo en el Hospital Universitario Hariri de Beirut. Al mismo tiempo, reconocía que el sistema público de salud, si se puede llamar así, carecía de todo el material necesario para afrontar la pandemia con garantías. El Gobierno estableció 5 fases para salir de la cuarentena, desde el 27 de abril, final del confinamiento, hasta el 8 de junio, en que se estimaba que el país habría recuperado la actividad en todos los sectores de la sociedad, desde el comercio hasta la apertura de lugares de culto. El 13 de mayo, un repunte en el número de casos reactivó las medidas de confinamiento para la población, medidas que terminaron el pasado 27 de mayo. 

Pero ni siquiera las medidas de excepción para afrontar la emergencia sanitaria detuvo las protestas. El 26 de abril, último día de confinamiento decretado por el Gobierno, los libaneses se echaron de nuevo a la calle, produciéndose un incidente que ha determinado el alto grado de violencia registrado en durante el último mes de protestas. La noche del lunes 27, el Ejército disparó a grupos de manifestantes en Beirut y otras ciudades del país, matando a una persona en Trípoli. La noche del 28 al 29, las calles de Líbano ardían de rabia ante la actuación del Ejército y las declaraciones del nuevo primer ministro que, tras condenar de manera muy laxa la actuación a todas luces desmedida de los militares, advirtió a la población de las consecuencias de permanecer en la calle. Esa noche, Líbano se iluminó con los incendios provocados por ataques a sucursales bancarias por todo el país. 

Manifestaciones en Líbano
REUTERS/Ali Hashisho - Manifestaciones en Líbano

Desde el comienzo de la revolución en octubre, los bancos libaneses han ocupado un lugar prioritario en las protestas ciudadanas. Tras un cierre de alrededor de un mes tras el comienzo de las protestas, establecieron una suerte de corralito para limitar la cantidad de dinero que podían entregar a los ciudadanos, ante el temor de una retirada masiva de efectivo imposible de cubrir con las reservas existentes. Esta cantidad máxima diaria que puede percibir los ciudadanos libaneses, después de más de seis meses de corralito, se ha ido reduciendo hasta alcanzar los 100 dólares por ciudadano. Asimismo, el gobernador del Banco Central de Líbano, dio orden días antes del fin de la cuarentena de no cambiar dólares por menos de 3200 Libras/Dólar. A pesar de que Hassan Diab compareció para reiterar su intención de auditar el Banco Central, y anunciar el cese del gobernador, acusado de opacidad en las cuentas y de organizar el corralito, los grupos de ciudadanos que se organizaron durante los primeros meses de las protestas para manifestarse y bloquear las sucursales, demandando una solución para que los ciudadanos recuperasen sus ahorros, terminaron por estallar. Reorganizados, continuaron concentrándose a diario frente a las sucursales para protestar, pero ya sin el marcado carácter pacífico de los primeros meses. A pesar de una nueva cuarentena decretada por el gobierno a principio de mayo, las protestas han continuado en las calles de Líbano. El peligro para los manifestantes ya no es la COVID-19, sino que la amenaza la representa las perspectivas económicas de un país en bancarrota en medio de una crisis económica y social mundial, más dura que la vivida la década pasada y al mismo nivel y que la vivida hace algo menos de un siglo, donde los ciudadanos ya no tienen medios para viajar, escolarizar a sus hijos o peor aún, alimentarse. Con la libra libanesa hundida, el salario medio en Líbano a finales de abril alcanzaba para comprar dos litros de leche. 

La situación en Líbano fue uno de los temas prioritarios tratados en la cumbre de la Liga Árabe en Egipto a finales de abril. Sin llegar a ningún tipo de acuerdo acerca de cómo afrontar la cuestión libanesa desde la Liga, los países miembros se limitaron a realizar una declaración institucional de apoyo al gobierno y las fuerzas de seguridad. El Gobierno, mientras tanto, a principios de mayo, solicitó a la banca privada libanesa que aumentase la concesión de créditos y la prórroga y ampliación de los ya concedidos para intentar lograr un flujo mínimo de capital, pidiendo asistencia a un dubitativo FMI, al que han solicitado un crédito por valor de 10.000 millones de dólares, ofreciendo entre otras contrapartidas la flexibilización de los tipos de cambio de la libra libanesa. 

Una de las inesperadas consecuencias de la pandemia que ha tenido que afrontar el Gobierno es la de la incidencia en las prisiones de todo el país. A mediados de marzo se produjeron, en consonancia con el estado del resto del país, fuertes protestas en el interior de las prisiones, debido al hacinamiento al que está sometida la población reclusa en Líbano y la absoluta carencia de medidas destinadas a evitar o paliar la incidencia de la COVID-19 en el interior de los recintos carcelarios. Según Carnegie, desde finales de marzo no se tiene información fiable de la situación, por lo que según este ‘Think Tank’, el gobierno ha hecho caso omiso de las reivindicaciones, limitándose a emplear la fuerza para terminar con las protestas. 

Manifestantes en Líbano
REUTERS/Mohamed Azakir - Manifestantes en Líbano

La última de las cuestiones apremiantes que el nuevo gobierno ha debido afrontar estos meses ha sido la problemática relacionada con los refugiados dentro de Líbano, a los que de nuevo se trata de expulsar del país. Para ello, el Gobierno ha recurrido a redefinir las condiciones por las que Beirut concede el estatuto de refugiado y promoviendo el regreso voluntario, contraviniendo las directrices de ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados). A favor del nuevo gobierno juega que la situación económica de Líbano no da para más y muchos sirios que entraron en el país huyendo de la violencia han optado por regresar o buscar otro lugar de acogida. Según datos gubernamentales, el Gobierno libanés ha destinado cerca de 25.000 millones de dólares para atender a los, según datos de ACNUR, cerca del millón de refugiados temporales que Líbano alberga en su territorio, unos 950.000 serían sirios y cerca de 20.000 de otras nacionalidades, fundamentalmente iraquíes y sudaneses. El número de refugiados permanentes, palestinos en su mayor parte, se cifra, siempre según datos de ACNUR en cerca de 500.000. La retórica de la clase política libanesa no ayuda en el abordaje de la problemática que representan los refugiados en una situación límite como la que vive Líbano en estos momentos. 

Las palabras de Gebran Bassil en 2017 al respecto son definitorias de lo que buena parte de la clase política piensa acerca de la situación de los refugiados en Líbano. En un acto del MPL, exhortó con una retórica abiertamente racista a los refugiados sirios a irse de Líbano, pues solo hay un lugar donde deberían estar, su país. Para el Ministerio de Sanidad son el más grave foco de contagio en todo el país. El primer caso en un campo según ACNUR se registró a finales de abril, por lo que la mejor estrategia para abordar el control de la pandemia en los campos de refugiados ha sido lavarse las manos y ceder el control de la crisis a Naciones Unidas, que ha denunciado las dificultades para hacer llegar asistencia sanitaria básica a los campos.   

Sin embargo, el último, o penúltimo capítulo en Líbano, se está escribiendo estos primeros días de junio. El pasado día 4, cerca de 200 trabajadores domésticos etíopes en Líbano, se concentraron a las puertas de la Embajada de Etiopía en Beirut. Habían sido expulsados de las casas en las que se encontraban trabajando. La Embajada ha tratado de encontrar acomodo, pero se ha encontrado con las dificultades inherentes a la situación en el país, por lo que la solución se antoja lenta y complicada, y pasa por tratar encontrar alojamiento a estas 200 personas que permanecen en la calle en medio de las protestas y de una virulenta pandemia que aún no ha dicho su última palabra. 

Tradicionalmente, en Líbano se han contratado ciudadanos etíopes para labores domésticas, bajo el kefala, un sistema tradicional de emplear trabajadores extranjeros en Oriente Medio, por el cual el empleador contrata en origen al trabajador y se responsabiliza de su estancia y régimen legal mientras dure la relación laboral. El empleador impone condiciones laborales y decide cuándo se extingue y de qué manera la relación laboral. Desde el comienzo de la crisis sanitaria por la COVID-19 en Líbano, cerca de 7.000 trabajadores domésticos, de los 250.000 que hay en todo el país según Amnistía Internacional, han sido expulsados de sus trabajos y repatriados por sus embajadas. La mayoría de estos trabajadores, empleados en los sectores domésticos y construcción, eran originarios de Etiopía, Bangladesh y Filipinas. El panorama es verdaderamente desolador.