La abogacía turca se harta de Erdogan
Los abogados de Turquía parecen haber dicho basta a su presidente. La decisión del Ejecutivo de Recep Tayyip Erdogan de detener a doce letrados este fin de semana ha levantado ampollas entre sus compañeros de profesión. Las autoridades de Ankara alegan que los arrestados pertenecían a una “organización terrorista”, en referencia al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). En respuesta, hasta 24 sindicatos del gremio han firmado una comunicación que la que expresan su repulsa por la forma de proceder del Gobierno.
Los doce detenidos proceden de la zona sureste del país, de las principales ciudades del Kurdistán turco. Según informa el diario emiratí Al-Ain, siete proceden de Sanliurfa, cuatro de Diyarbakir y el último, de Sirnak. Este medio afirma que todos ellos estaban afiliados a sindicatos de abogados locales.
La declaración firmada por sus compañeros de profesión, entre los que se encuentran sindicatos de juristas de Estambul y de Esmirna, califica los arrestos como “una violación flagrante de las disposiciones legales relevantes”, puesto que se les ha privado de libertad, según ellos, solamente por desempeñar su trabajo.
“Las medidas que se han tomado contra los abogados detenidos son un insulto cuyo objetivo es silenciar a todos los que defienden el derecho en este país”, reza el escrito, que se ampara en que el derecho internacional prohíbe el arresto de letrados que ejerzan sus funciones. El texto exige la liberación inmediata de los arrestados.
También se expresa con mucha firmeza es Abdullah Oncal, director del Colegio de Abogados de Sanliurfa, que critica duramente la opacidad que ha rodeado a las detenciones. “Si bien no podemos acceder a ninguna información, lo que dicen las autoridades es que nuestros colegas fueron arrestados por presuntamente ayudar a la organización [el PKK]”, cuenta Oncal. “Pero ciertamente los han arrestado porque son activistas de los derechos humanos y han cumplido sus deberes como abogados”, añade.
Según Oncal, ningún abogado tiene unos lazos con el PKK tal y como insiste en presentarlos el Gobierno de Erdogan. Para él, se trata más bien de un pretexto para obstaculizar el trabajo de los profesionales del derecho y advierte de que se trata de una práctica más o menos generalizada: “El poder judicial en Turquía se ha convertido en una herramienta en manos de la política. Actualmente, se practica contra los abogados una política destinada a suprimir y marginar a la profesión jurídica”.
En concreto, pone el foco sobre aquellos que se atreven a denunciar violaciones de derechos humanos. “El régimen los considera como oposición simplemente por defender derechos que se han perdido”, apostilla. Organizaciones en defensa de los derechos humanos, tales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, corroboran en sus informes la visión ofrecida por Oncal; en Turquía, luchar por libertades fundamentales se está volviendo cada vez más peligroso.
Los kurdos se encuentran también en medio de toda esta complicada situación. El PKK, que es empleado por Erdogan como subterfugio en el caso de los abogados detenidos, es considerado por Ankara como una organización terrorista. Los anhelos de independencia de los kurdos, distribuidos fundamentalmente entre Turquía, Siria e Irak, ha sido una fuente constante de tensión. Ankara no suele perder ocasión para minar su estructura política y denostar a las opciones de representación de los kurdos más pacifistas, como el Partido Democrático de los Pueblos (HDP, con 61 escaños en el Parlamento).
La persecución de Erdogan ha llegado, incluso, a traspasar fronteras. De hecho, algunas de las operaciones llevadas a cabo por el Ejército de Turquía en las provincias más septentrionales de Siria tenían como objetivo desarmar y, en algunos casos, eliminar a las milicias llamadas ‘peshmergas’; unidades guerrilleras de kurdos que tuvieron una importancia capital en la derrota territorial de Daesh.
