La acusación popular del caso Ghali pide que González Laya declare como investigada

Camillo Villarino, segundo de la exministra, ha declarado que actuó siguiendo las órdenes de Laya
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AP/PETROS KARADJIAS  -   La exministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya, durante una rueda de prensa, el 30 de septiembre de 2020

Camilo Villarino, exdirector del gabinete de Arancha González Laya, ha declarado como imputado en la investigación sobre la entrada a España de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario. Villarino ha comparecido ante el magistrado Rafael Lasala, titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza.

El que fuera segunda mano de la exministra de Asuntos Exteriores, ha afirmado que actuó cumpliendo las órdenes de Laya, aunque “la decisión fue tomada más arriba”. Villarino ha subrayado que durante toda la operación se le pidió un alto nivel de discreción, ya que había terceros países que podrían entender la entrada del líder Polisario como un ataque a sus intereses.

El abogado Antonio Urdiales, quien ejerce la acusación popular del caso Ghali, ha indicado a los medios de comunicación que Villarino ha declarado “que recibió una llamada de González Laya”. Por este motivo, el letrado solicitará al juez que la exministra declare en la fase de Instrucción como investigada.

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PHOTO/ MINISTERIO DE EXTERIORES - Camilo Villarino, durante su toma de posesión como director del gabinete del ministro de Asuntos Exteriores, en julio de 2017, con Alfonso Dastis como ministro de Exteriores.

Dentro de la operación de Ghali también ha estado involucrado el Ministerio de Defensa a través del general de Estado Mayor del Ejército del Aire, Javier Fernández Sánchez. No obstante, Fernández Sánchez ha declarado en calidad de testigo que Villarino “no le dijo exactamente quién era el pasajero” del vuelo internacional que el 18 de abril aterrizó en la Base Aérea de Zaragoza.

Según detalló, se le informó que iba a aterrizar un avión argelino con personal diplomático, sin más datos al respecto. Urdiales ha recordado que el Ministerio de Defensa “no está obligado” a exigir que los pasajeros se identifiquen, “si Exteriores afirma que tiene pasaporte diplomático”.

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AFP/ RYAD KRAMDI - Brahim Ghali, secretario general del Frente Polisario

Por otra parte, el juez ha reclamado “el contenido íntegro” de las conversaciones a través de WhatsApp entre Exteriores y Defensa en las que se permitió la entrada del saharaui sin solicitar ningún tipo de documentación. “En Exteriores no citaremos a Defensa”, “confirmo que ha sido todo discreto”, han sido alguno de los mensajes filtrados entre Villarino y Fernández Sánchez el día de la llegada de Ghali.

Urdiales ha exigido que se esclarezcan las circunstancias de la entrada de Ghali, para ver si hubo o no “encubrimiento por parte del Gobierno de la Nación”. El caso Ghali ha provocado una grave crisis diplomática con Marruecos. “Que nos expliquen cómo entró”, pidió el abogado. Asimismo, ha advertido que, si no obtiene una explicación, solicitará que se celebre un juicio.

También ha recordado que Ghali ha usado “diferentes identidades”. En 1999 entró al país “con pasaporte falso” y posteriormente en 2003 “se le prolonga la residencia con otro pasaporte falso”. En esta ocasión, el líder del Polisario ingresó en el Hospital de Logroño bajo el nombre falso de Mohammed Benbatouche.

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AP/ALVARO BARRIENTOS - Fotografía de archivo el  avión que lleva a bordo al líder del Frente Polisario, Brahim Gali, despega en el aeropuerto de Pamplona, norte de España, el miércoles 2 de junio de 2021

Ghali abandonó España el 2 de junio desde el aeropuerto de Pamplona, tras declarar ante el juez Santiago Pedraz en relación a las acusaciones por torturas, detención ilegal y genocidio. Al igual que su entrada en el país, Ghali tampoco mostró su pasaporte al salir. La Policía Nacional ha justificado que se le permitiera despegar sin identificarse basándose en el Reglamento de Extranjería, que establece que “podrán realizarse las salidas, con documentación defectuosa o incluso sin ella, si no existiese prohibición ni impedimento alguno a juicio de los servicios policiales de control”.