El presidente de este país, Ibrahim Boubacar Keita, en el poder desde 2013, ha presentado su dimisión y la de todo su Gobierno, horas después de haber sido arrestado en un golpe militar

La cólera se apodera de Mali

photo_camera REUTERS/Luc Gnago - Fotografía de archivo. Una mujer camina junto a un niño frente a agentes de la policía antidisturbios en Bamako

El caos y la violencia se han apoderado de Mali. El presidente de este país, Ibrahim Boubacar Keita, en el poder desde 2013, ha presentado su dimisión y la de todo su Gobierno, horas después de haber sido arrestado en un golpe militar. Esta renuncia se produce en un momento crítico para la nación africana, en donde desde el pasado mes de junio se han ido sucediendo una serie de protestas masivas, cuya principal consigna era la dimisión de Keita a quien criticaban por no ser capaz de abordar la corrupción que asola al país o restaurar la seguridad. 

El mandatario maliense apareció en la televisión estatal alrededor de la medianoche para anunciar que la Asamblea Nacional y el Gobierno serían disueltos como consecuencia de su salida. “No deseo que se derrame más sangre por mantenerme en el poder”, aseguró durante su discurso. Él y su primer ministro, Boubou Cissé fueron arrestados junto otros funcionarios durante la jornada del martes, en la cual los sublevados tomaron algunas posiciones estratégicas como el Ministerio de Defensa, la jefatura de las Fuerzas Armadas o la televisión pública.

El futuro de esta nación – por ahora impredecible – depende de un “comité nacional de salvación pública” que ha sido presentado este miércoles por los militares que ayer dieron el golpe de Estado. Los representantes de esta recién creada institución han anunciado elecciones en un “plazo razonable” tras la dimisión del presidente Keita. 

La tensión ha campado por sus anchas por este país desde el mes de agosto de 2018, cuando Keita ganó la reelección en unos comicios que, según los partidos de la oposición, estuvieron protagonizados por una serie de irregularidades.  El Gobierno hizo caso omiso a la sociedad maliense y volvió a convocar elecciones este mes de marzo a pesar del brote de coronavirus, el aumento de la violencia y del secuestro por hombres armados del principal líder de la oposición, Soumaila Cisse. 

La decisión del Tribunal Constitucional de anular 31 de los resultados, otorgando al partido de Keita 10 escaños parlamentarios más y convirtiéndolo en el bloque más grande y la incapacidad del Ejecutivo para abordar la corrupción o el aumento de violencia han protagonizado las protestas que sufre el país desde el pasado mes de junio. Las calles de Bamako, la capital, han sido escenario de estas manifestaciones. Sin embargo, el pasado martes, los militares detuvieron al presidente y a su primer ministro, a pesar de las críticas de la comunidad internacional, obligando al mandatario a dimitir horas después. IBK, como se le conoce popularmente, dio a entender durante su renuncia que había sido forzado por los militares. “Ciertos elementos de las fuerzas armadas han concluido que esto debía terminar mediante su intervención”, aseguró. 

MALIK KONATE / AFP - Soldados de Mali celebran el golpe de Estado llevado adelante contra el presidente

Mali ha luchado por recuperar la estabilidad desde 2012, cuando rebeldes y yihadistas se apoderaron de algunas zonas del norte del país, lo que llevó a Francia y a otros miembros de la comunidad internacional a intensificar su intervención en la zona. A pesar de la presencia internacional, los ataques han aumentado en los últimos meses, exacerbando aún más la crisis política y social que sufre esta nación de África Occidental. 

La corrupción, el mal endémico que azota Mali

En esta espiral de incertidumbre, la oposición ha acusado a Keita y a su Gobierno en reiteradas ocasiones de pecar de “amiguismo”, tal y como ha explicado la agencia de noticias Reuters, que ha puesto el ejemplo de su hijo Karim Keita, quien renunció al cargo de presidente del Comité de Defensa y Seguridad del Parlamento el pasado mes de junio. Además, la economía del país, que depende principalmente del oro y del algodón, se ha visto duramente afectada por la pandemia del coronavirus y el aumento de la insurgencia. Esta situación llevó a miles de personas, lideradas por una coalición de políticos, líderes de la sociedad civil y un imán popular, a salir a las calles para exigir la renuncia de Keita. 

Desde que comenzaron estas manifestaciones, se han venido produciendo altercados entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad del país africano. Sin embargo, estas protestas se intensificaron después de que las fuerzas de seguridad dispararan y acabasen con la vida de al menos once manifestantes. La inestabilidad que ha azotado el país ha alcanzado su punto álgido este martes, cuando uno de los ex guardaespaldas de Keïta, Ali “Banou” Mariko confirmó el arresto del presidente. “Acabamos de arrestar al presidente de la república junto con su primer ministro Boubou Cissé y su asistente de campaña”, dijo según declaraciones recogidas por el periódico The New York Times que más tarde informó de que ambos líderes fueron trasladados a un campamento militar en Kati. 

Fracasan los intentos de mediación

La región del Sahel – principalmente Burkina Faso y Níger – se ha visto muy afectada por las consecuencias de esta crisis social y política. Estados Unidos y Francia han intensificado su presencia en esta área durante los últimos años. La nación norteamericana ha desplegado más de 1.400 soldados en la región del Sahel, entre los que se incluyen las tropas de Operaciones especiales. Francia, por su parte, cuenta con más de 5,000 soldados y múltiples bases en esta área. A pesar de su intervención, los ataques se han ido sucediendo en los últimos meses.  

En junio, los jefes de Estado de Nigeria, Costa de Marfil, Senegal, Ghana y Níger visitaron Bamako con el objetivo de solventar la problemática política y social que atraviesa el país. En este encuentro elaboraron un plan en el que pedían el nombramiento rápido de un nuevo Tribunal Constitucional para resolver la disputa sobre las elecciones legislativas (denunciadas por la oposición como un auténtico fraude), así como la formación de un Ejecutivo de unidad nacional. 

Estas propuestas se han convertido en papel mojado, al mismo tiempo que el malestar social proveniente de la mala gestión del presidente Keita no ha hecho más que aumentar. Los intentos de mediación por parte de líderes regionales no han conseguido acabar con este movimiento de protesta ni encontrar una salida pacífica a la crisis que sufre el país. 

El ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, condenó el motín en un comunicado el martes. En esta misma línea, la unión de naciones de África Occidental, Ecowas, pidió sanciones contra los golpistas y anunció que enviaría una delegación a Mali. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también se posicionó en este conflicto y pidió la liberación de los detenidos, algo que hizo también Peter Pham, enviado especial de Estados Unidos para la región del Sahel, quien utilizó la red social Twitter para decir que “Estados Unidos se opone a cualquier cambio de gobierno extraconstitucional, ya sea por parte de los que están en las calles o de las fuerzas de defensa y seguridad”. En Bamako las cosas se ven de forma diferente. “Nadie puede tomar este país como rehén. Ya se acabó para este régimen podrido e incompetente”, ha aseverado Sidy Tamboura, secretario general del sindicato de la policía nacional, de acuerdo con el NYT. 

Mali, víctima de la insurgencia y la pobreza 

Mali al igual que otros estados del Sahel cuenta con una serie de características que han favorecido la propagación de la insurgencia.  Entre estas peculiaridades destacan, por ejemplo, la dificultad de controlar las fronteras debido a su extensión, la pobreza endémica de la población o la ausencia de servicios básicos.  Por otra parte, la perpetuación y primacía de las estructuras sociales tribales sobre la de los propios Estados y la política de diplomacia matrimonial con alianzas familiares entre los emires de al-Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) y los jefes de las tribus tuareg ha facilitado la aparición de grupos terroristas en la región. 

En este escenario, el impacto negativo de conflictos externos en la región, como ocurre con Libia, la lucha por el control de los recursos naturales estratégicos, la limitada capacidad de las fuerzas armadas de los Estados sahelianos para dar seguridad y controlar todo el territorio junto con la facilidad que tiene la población para adquirir armas pequeñas u ligeras han favorecido la permanencia de grupos terroristas en la zona. 

Esta situación ha preocupado a la comunidad internacional que ha advertido de que grupos vinculados a Al Qaeda o Daesh han utilizado esta región como plataforma de lanzamiento para llevar a cabo ataques en países vecinos, como Níger o Burkina Faso. Además, a los líderes europeos les preocupa que la inestabilidad que azota Mali pueda provocar el desplazamiento forzado de más personas, lo que provocaría una nueva oleada de migrantes, según han informado varios medios europeos. 

Tampoco hay que olvidar que Mali se encuentra es una zona semiárida en la cual sus habitantes han tenido que lidiar históricamente con la débil fertilidad del suelo, así como con unas condiciones climáticas extremas que han llevado a la escasez de recursos hídricos. Las inundaciones y las sequías que azotan esta área incrementan además los conflictos locales entre ganaderos y agricultores por la tierra y el agua.  Asimismo, esta zona es una de las regiones más degradadas ambientalmente en el mundo, con previsiones de un aumento de la temperatura durante los próximos años, lo que podría exacerbar aún más la crisis económica que sufre el país, dependiente de las materias primas. 
 

Más en Política