La CIJ ordena medidas cautelares para proteger a los rohingya en Myanmar

La decisión llega después de que un informe independiente certificara crímenes de guerra contra la minoría musulmana
El Ejército de Myanmar lanzó una feroz campaña contra su población musulmana rohingya en 2017; unos 740.000 se refugiaron en la vecina Bangladesh

PHOTO/AFP  -   El Ejército de Myanmar lanzó una feroz campaña contra su población musulmana rohingya en 2017; unos 740.000 se refugiaron en la vecina Bangladesh

La Corte Internacional de Justicia ha ordenado a Myanmar la aplicación de medidas cautelares para proteger a la minoría musulmana rohingya de un supuesto genocidio. El alto tribunal de la ONU ha decidido, por unanimidad, obligar a Myanmar a tomar “todas las medidas a su alcance” para prevenir crímenes contra los rohingya en su territorio, como el asesinato de sus miembros.

El Ejército de Myanmar también deberá evitar otros delitos que puedan cometerse contra la minoría musulmana, como que sus miembros sean víctimas de “daños mentales o corporales” o la imposición de medidas “que prevengan el nacimiento” de rohingyas. Asimismo, tanto el Ejército de Myanmar como “grupos armados irregulares” no podrán cometer actos que supongan la comisión del delito de genocidio o de intento de genocidio.

Las medidas “deberán ser efectivas”, según el presidente de la CIJ Abdulqawi Ahmed Yusuf, que leyó la decisión, y las autoridades de Myanmar tendrán que “preservar las evidencias relacionadas con las acusaciones” de genocidio, las cuales se estudiarán cuando se juzgue el fondo del asunto.

Niños rohingya reclaman sus derechos de ciudadanía en el campamento de refugiados de Unchiprang en Bangladesh
PHOTO/REUTERS - Niños rohingya reclaman sus derechos de ciudadanía en el campamento de refugiados de Unchiprang en Bangladesh

Por último, los magistrados han exigido al país asiático que entregue dentro de cuatro meses un informe al tribunal con las medidas tomadas para cumplir con la orden dada a conocer este jueves. Una vez entregado ese primer informe, Myanmar deberá entregar otro cada seis meses con un seguimiento del cumplimiento de esas medidas hasta que los jueces se pronuncien sobre el fondo del caso.

El alto tribunal de la ONU se ha alineado de esta manera de forma casi total con la posición del país denunciante, Gambia, que presentó sus alegaciones basándose en un informe de la ONU que alertó de elementos en la actuación del Ejército de Myanmar desde agosto de 2017 que podrían definirse como un “intento de genocidio”.

Myanmar ha manifestado en su defensa que las operaciones de sus fuerzas militares formaban parte de una lucha contra grupos armados que atacaron comisarías de policía. La premio Nobel de la Paz y líder de facto de Myanmar, Aung San Suu Kyi, acudió a La Haya el pasado diciembre para defender al Ejército y aseguró que el sistema de justicia militar de su país procesará a los sospechosos de los abusos. 

Aung San Suu Kyi, una premio Nobel de la Paz con más sombras que luces
PHOTO/AP - Aung San Suu Kyi, una premio Nobel de la Paz con más sombras que luces
Informe independiente

La decisión ha sido tomada apenas unos días después de que una comisión creada a instancias del Gobierno birmano reconociese en un informe que los rohingya habían sido víctimas de crímenes de guerra en 2017. No obstante, el documento negaba que hubiera una “intención genocida”, como sí apuntan investigadores de la ONU. Las conclusiones de la comisión habían sido recibidas con escepticismo por activistas de organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW), que cuestionaron su imparcialidad y criticaron que se culpase a soldados particulares y no a los líderes militares.

En un comunicado, la Comisión Independiente de Investigación (ICOE, en sus siglas en inglés) anunció el final de su investigación de los ataques de un grupo insurgente rohingya y la respuesta del Ejército birmano entre agosto y septiembre de 2017. Igualmente, hicieron pública la entrega de un informe final al presidente birmano Win Myint. Tras entrevistar a unos 1.500 testigos, el grupo de expertos afirmó que se produjeron crímenes de guerra y “serias violaciones de los derechos humanos” durante la campaña de las fuerzas de seguridad birmanas en el estado Rakhine (oeste).

Principales poblaciones de los campos de refugiados Rohingya en Bangladesh, a partir de diciembre de 2019
AFP/AFP - Principales poblaciones de los campos de refugiados Rohingya en Bangladesh, a partir de diciembre de 2019

Aunque estas violaciones y crímenes fueron cometidos por diferentes actores, hay fundamentos razonables para creer que miembros de las fuerzas de seguridad birmanas “estuvieron involucradas”, según precisó la comisión, creada en julio de 2018. “La matanza de aldeanos inocentes y la destrucción de sus hogares fueron cometidas por algunos miembros de las fuerzas armadas de Birmania a través del uso desproporcionado de la fuerza durante el conflicto armado interno”, añade el comunicado.

Sin embargo, los autores precisaron que no encontraron pruebas que demuestren que las matanzas o desplazamientos de personas tuvieran la intención de destruir, en su totalidad o parcialmente a la comunidad musulmana o cualquier otra en el norte de Rakhine, por lo que desestimó la acusación de genocidio.

La ONG Human Rights Watch (HRW) calificó de “poco transparente” la investigación de la comisión y ha criticado que los autores no mencionaran prácticamente la palabra ‘rohingya’, evitada por quienes niegan que sean ciudadanos birmanos, y que achacaran las matanzas a “soldados individuales” sin reconocer la responsabilidad de quienes estaban en la cúspide de la cadena de mando. “La ICOE parece dispuesta a culpar a soldados individuales por los abusos, pero no a los líderes militares a los que la ONU y otras investigaciones han encontrado responsables por las numerosas atrocidades cometidas sistemáticamente contra los rohingyas”, indicó HRW en un comunicado en el que pide que se publique el informe y la metodología seguida para su elaboración.

Vista aérea del campo de refugiados rohingya de Jamtoli, en Bangladesh
PHOTO/AFP - Vista aérea del campo de refugiados rohingya de Jamtoli, en Bangladesh

La comisión no confirmó cuándo se hará público el informe, que consta de 416 páginas, incluidos una docena de anexos para que sean investigados por la justicia birmana. Presidida por la diplomática filipina Rosario Manalo, la ICOE incluye al expresidente del Tribunal Constitucional birmano Mya Thein, el diplomático japonés Kenzo Oshima y el profesor birmano y antiguo responsable de Unicef Aung Tun Thet.

Myanmar no reconoce a los rohingyas como ciudadanos, sino que los considera inmigrantes “bengalíes” y los somete a todo tipo de discriminaciones, incluidas restricciones a la libertad de movimientos. Se calcula que vivían en Rakhine algo más de un millón de rohingyas, pero más de 725.000 se exiliaron a la vecina Bangladesh tras las operaciones militares de 2017 en respuesta a los ataques del grupo insurgente Ejército de Salvación Rohingya de Arakán (ARSA) contra puestos policiales y fronterizos.