La crisis migratoria en Libia, en qué punto estamos
Henar Hernández Álvarez
Foto de portada: Reuters, Hani Amara.
En febrero de 2019 se han cumplido 8 años de la revolución en Libia que acabó con 42 años del régimen de Gadafi y la situación del país africano, que sigue siendo convulsa, está definida actualmente por tres factores que tienden a retroalimentarse: el desgobierno reinante, la pugna por el petróleo y la crisis migratoria, que se ha recrudecido desde el año 2016, cuando la Unión Europea y Turquía adoptaron un pacto conjunto por la migración. En este texto, se aprobaba el retorno de los migrantes irregulares que habían alcanzado las islas griegas a Turquía y el reasentamiento en Europa de migrantes sirios ubicados en territorio turco. El gobierno de Tayyip Erdogan recibió, como contraprestación, 3000 millones de euros comunitarios.
Principales rutas migratorias hacia Europa. Fuente: UNHCR, Impact y Altai Consulting, 2017
Con la firma de este acuerdo, se intentó, por tanto, cerrar la ruta del Mediterráneo Oriental, de Turquía a Grecia, por la que habían llegado 856.700 personas en 2015, según datos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados – UNHCR, por sus siglas en inglés -. El intento de congelación de la actividad de esta vía provocó el aumento del tránsito de migrantes por la ruta del Mediterráneo Central: en 2016, 181.400 personas llegaron a Italia procedentes, en su mayoría, de Libia. Por esta razón, en 2017 los gobiernos de estos dos países firmaron un Memorándum de Entendimiento en el que el gobierno italiano se comprometía – con medios técnicos y tecnológicos – a apoyar a las Fuerzas militares libias para controlar el flujo de migrantes que querían alcanzar las costas comunitarias. En la práctica, esto se tradujo en que Italia proporcionaba todo tipo de recursos – barcos, guardacostas, formación a los soldados – a Libia, para que se pudiesen devolver a este último país a todos los migrantes que pretendían cruzar el Mediterráneo. Las cifras avalan el “éxito” de este acuerdo italo-libio, puesto que en 2018 solo 23.400 personas alcanzaron las costas italianas, lo que supuso una reducción del 80% en comparación con las llegadas del año anterior – 119.400 migrantes en 2017. Además del pacto entre ambos gobiernos, otro factor ha contribuido a disminuir el flujo de personas por esta vía: las políticas antinmigración de Matteo Salvini, ministro italiano del Interior – en junio de 2018, Italia cerró sus puertos al barco Aquarius, que había rescatado a 629 personas en frente de las costas libias –, que se han materializado en la aprobación en septiembre de 2018 del “Decreto Salvini: seguridad e inmigración”, que postula, entre otras medidas, la supresión de la protección humanitaria a los solicitantes de asilo.
A pesar de que estas políticas han sido rechazadas por la Unión Europea, se podrían establecer ciertas similitudes entre las líneas de actuación italianas y comunitarias, puesto que con el Fondo Fiduciario de Emergencia para África, en el marco del cual se han movilizado 318 millones de euros desde 2014, también se financian recursos y formación para las Fuerzas Armadas libias. Además, Bruselas también colabora con la Guardia Costera libia en el marco de la Operación EUNAVFOR Med Sofía, a través del intercambio de información sobre el negocio ilegal de tráfico de personas, de armas y de petróleo, entre otras funciones.
Las críticas llegan porque según denuncia la ONG Concord, “la política de financiación de la UE en Libia podría estar contribuyendo involuntariamente a mantener las devoluciones de migrantes de los campos de detención, a reforzar las prácticas de vulneración de los derechos humanos y a fortalecer a las milicias locales”. En esta línea, Human Rights Watch también ha alertado de que “las políticas de la Unión Europea contribuyen a un generar un ciclo de abusos extremos contra los migrantes en Libia”. Las bases sobre las que se asientan estas conclusiones las ofrece Naciones Unidas, que ya denunció en 2016 que la Guardia Costera libia estaba implicada en violaciones graves de los derechos humanos de los migrantes en los centros de detención en territorio libio. Asimismo, la ONU, por medio de la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia – UNSMIL, por sus siglas en inglés –, en colaboración con la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, publicó un informe en diciembre de 2018 en el que pudo corroborar sobre el terreno que se habían cometido “asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias, violaciones sexuales en grupo, esclavitud, trabajo forzado y extorsión”, llevados a cabo tanto por los propios guardias de seguridad de los centros como por miembros de grupos armados y bandas criminales. Además, según el texto de Naciones Unidas, las condiciones de vida en los centros son deplorables, ya que las personas se encuentran hacinadas – actualmente UNHCR estima que 5.400 personas están retenidas en dichas instalaciones – lo que facilita la propagación de enfermedades e infecciones incluso letales, y cuando los migrantes mueren, sus cuerpos son tirados a “basureros, cauces de ríos, granjas o en el desierto”.
Respuesta de UNHCR en Libia en el periodo 2918-2019. Fuente: UNHCR, 2019
La situación en estos centros se ha complicado, todavía más, desde que se suceden episodios de devolución de migrantes a Libia. De acuerdo con datos de Médicos Sin Fronteras, en 2018, 15.000 personas fueron retornadas al país africano. Uno de los últimos casos data del 22 de enero de este año, cuando la Guardia Costera Libia interceptó a 473 inmigrantes en el Mediterráneo intentando llegar a Italia, por lo que fueron devueltos a centros de detención en Libia. Este tipo de prácticas entre los gobiernos de Roma y Trípoli – comúnmente denominadas “devoluciones en caliente” – ya han sido penalizadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, puesto que en 2012 la corte condenó a Italia por devolver a Libia a 200 inmigrantes que habían sido interceptados por los guardacostas italianos en el Mediterráneo a 35 millas de Lampedusa. La sentencia estipulaba que Italia debía pagar 15.000 euros a los 24 denunciantes, que eran ciudadanos somalíes y eritreos que viajaban en la embarcación interceptada. Estrasburgo alegó que, en este caso, se habían cometido violaciones de la Convención Europea de Derechos Humanos, en concreto, del artículo 3, que postula la prohibición del trato inhumano y degradante – los inmigrantes habían sido expuestos a dicho trato al ser devueltos a Libia – y del artículo 4 del protocolo nº4, que prohíbe también las expulsiones colectivas.
En esta línea, la Unión Europea ha reconocido – también lo hizo durante los casos Aquarius y Diciotti que tuvieron lugar en verano de 2018 – que los puertos en Libia no son seguros para el desembarco de migrantes, pero las políticas que se adoptan desde el marco comunitario parecen contradecir esta idea. Además de la financiación a la Guardia Costera libia, en ese mismo periodo – durante el estío del año pasado – Bruselas acordó la creación de plataformas regionales de desembarque y centros de acogida de migrantes en el norte de África – concretamente en Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto e incluso Libia – donde instalarles hasta que se procesaran sus peticiones de asilo. Sin embargo, esta medida fue rechazada rotundamente por todos los países africanos. Por otra parte, Italia también planteó la idea de construir centros de inmigrantes en territorio libio y, en concreto, en la frontera sur, para descongestionar el hacinamiento en las instalaciones que se ubican al norte del país. Esta proposición también fue rechazada por las autoridades libias.
En suma, Austria – que por aquel entonces ostentaba la presidencia de turno del Consejo Europeo –, junto con Alemania e Italia, propuso que solo las personas que tuviesen derecho a asilo pudieran entrar en la Unión Europea, es decir, solo aquellas que huyesen por una guerra o fueran perseguidas por motivos de género, raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un determinado grupo social, dejando sin opciones de entrar a territorio comunitario a los migrantes que abandonaran sus países por cuestiones socioeconómicas y/o humanitarias.
La cuestión es que Libia, a partir de la década de los 90, se fue configurando como un núcleo receptor tanto de inmigrantes como de refugiados, propiciado por las buenas perspectivas económicas, sobre todo, en materia de empleo. Sin embargo, desde la revolución de 2011, la escasa capacidad de gobernanza – actualmente en Libia se enfrentan dos gobiernos, uno establecido en Trípoli liderado por Fayez Serraj, y otro en Tobruk apoyado por las fuerzas militares del general Jalifa Haftar – que ha generado a su vez inestabilidad e inseguridad política, social y económica, acrecentando la intensidad de la pugna por el petróleo entre las administraciones y las milicias, ha condicionado que Libia también se haya definido como país de tránsito, llegando a ser la principal puerta africana de entrada hacia Europa. Sin embargo, en los últimos años, el escenario ha cambiado, puesto que desde principios de 2019, en Italia solo han entrado 335 personas por la ruta del Mediterráneo Central, en comparación con las cerca de 6000 que han alcanzado España provenientes de Marruecos por la vía del Mediterráneo Occidental.
En cualquier caso, es necesario recordar que la situación migratoria entre Europa y África sigue revelando un panorama desolador: en 2018, 6 personas murieron cada día intentando cruzar el Mediterráneo, según datos de UNHCR.
Fotografía de la situación migratoria dentro de Libia
UNHCR ha establecido una relación entre los países de proveniencia de los migrantes que llegan a Libia y los motivos por los que emigran: en primer lugar, se encuentran los nacionales de los países fronterizos como Níger, Chad, Sudán, Egipto y Túnez que emigran a Libia con el objetivo de establecerse en el país y por razones fundamentalmente económicas. También por este factor emigra el grupo de nacionales procedentes de África Occidental y Central que se desplaza hacia Libia, aunque también porque buscan huir de las situaciones de ingobernabilidad de sus países de origen, como ocurre en Nigeria, Guinea, Costa de Marfil, Senegal, Ghana, Mali y Camerún. En tercer lugar, los nacionales de países de África Oriental – Eritrea, Somalia, Etiopía y Sudan – utilizan Libia como lugar de tránsito en su ruta hacia Europa, puesto que suelen escapar de persecuciones políticas y conflictos. En cuarto lugar, existe el grupo de los nacionales no africanos que llegan desde los países árabes vecinos – Siria, Palestina e Irak – huyendo, también, de los conflictos y que buscan, por tanto, cruzar el Mediterráneo.
En 2018, UNHCR concluyó que los migrantes que habían llegado a Italia por la ruta del Mediterráneo Central eran en su mayoría tunecinos, eritreos, iraquíes, sudaneses y pakistaníes.
Rutas hacia Europa a través de África. Fuente: UNHCR, 2019
Por otra parte, la Organización Internacional para las Migraciones – OIM – contabilizaba en 2015 770.000 migrantes en Libia y, a finales de 2016, 300.000 desplazados internos y 38.000 refugiados, si bien UNHCR eleva esta última cifra hasta los 56.204 en 2019, incluyendo en ella a los solicitantes de asilo. En total, la agencia de Naciones Unidas estima que actualmente cerca de 800.000 personas necesitan ayuda humanitaria en Libia.
Para ampliar:
Mapas que muestran los flujos migratorios de África a Europa en tiempo real:
OIM: http://migration.iom.int/europe?type=arrivals
FRONTEX: https://frontex.europa.eu/along-eu-borders/migratory-map/
