La crisis migratoria en Libia nunca se acabó

El estallido de la pandemia del coronavirus ha relegado a un segundo plano las crisis desarrolladas
Fotografía de archivo de migrantes rescatados sentados junto a un barco de la Guardia Costera en la ciudad de Khoms, a unos 120 kilómetros (75 millas) al este de Trípoli, Libia

AP/HAZEM AHMED  -   Fotografía de archivo de migrantes rescatados sentados junto a un barco de la Guardia Costera en la ciudad de Khoms, a unos 120 kilómetros (75 millas) al este de Trípoli, Libia

El estallido de la pandemia del coronavirus ha relegado a un segundo plano a las crisis.

En este escenario, uno de los colectivos más vulnerables ante la COVID-19, y que ya lo era antes de que se iniciara, es el de los migrantes, por varias razones: la falta de derechos, el vacío legal en el que se encuentran muchas veces, las condiciones insalubres en las que viven o su utilización política por las grandes potencias del mundo, entre otras.

Este caso es especialmente estremecedor en Libia, donde una guerra civil sangrante desde el año 2011 ha derivado en un Estado fallido, cuyo territorio está siendo disputado por el Gobierno de Unidad Nacional (GNA, por sus siglas en inglés), liderado por el primer ministro Fayez Sarraj, auspiciado por la ONU y con el apoyo de Turquía, Qatar y los Hermanos Musulmanes; y por el Ejército de Liberación Nacional (LNA, por sus siglas en inglés), comandado por el mariscal Jalifa Haftar y con el sustento de Egipto, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Jordania y Francia. En medio de los bandos, están los “señores de la guerra”, que controlan porciones del suelo libio, y las mafias y los grupos insurgentes y extremistas, que se aprovechan de la desmembración del país. 

En 2016, en pleno apogeo del enfrentamiento civil, 181.400 personas huyeron desde Libia -y otros países como Argelia o Túnez- a través de la ruta del Mediterráneo central con destino a Europa, principalmente Italia, según datos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR, por sus siglas en inglés). En 2017, fueron 119.400, y en 2018, apenas 23.400. Ese mismo año, las salidas desde Libia se redujeron en un 87%, en comparación con las mismas del año anterior. ¿El motivo? La firma de un memorándum de entendimiento entre el Gobierno italiano -con Matteo Salvini como ministro del Interior- y el libio, en el que el primero se comprometía con medios técnicos y tecnológicos a apoyar a las Fuerzas Armadas libias para controlar el flujo de migrantes que querían alcanzar las costas comunitarias. En este periodo, Trípoli ha recibido de Roma y del Fondo Fiduciario de la UE para África más de 100 millones de dólares, destinados a capacitación, embarcaciones y equipos. Cabe mencionar, en este punto, que el acuerdo fue extendido en febrero de este año hasta 2023. 

En esta foto de archivo tomada el 11 de abril de 2016, los migrantes ilegales están sentados en el muelle del puerto de la capital libia, Trípoli
AFP/MAHMUD TURKIA - En esta foto de archivo tomada el 11 de abril de 2016, los migrantes ilegales están sentados en el muelle del puerto de la capital libia, Trípoli

Esto puso al mando de la gestión de los flujos en el Mediterráneo central a la Guardia Costera libia, que ha recibido numerosas denuncias por parte de ONGs -e incluso la propia ONU- por cometer violaciones graves de los derechos humanos de los migrantes en los centros de detención en territorio libio. Además, el cese de la Operación EUNAVFOR MED Sophia de la Unión Europea en febrero de este año, que se dedicaba a luchar contra el tráfico de migrantes desde 2015, y su sustitución por la misión Irini, destinada únicamente a garantizar el embargo de armas sobre el país, ha facilitado las actividades de las bandas criminales en este ámbito. Y con la aparición del coronavirus en marzo, sus operaciones ilícitas habían quedado silenciadas en la agenda internacional. Nada más lejos de la realidad. 

El 25 de mayo saltaba la noticia: unos 400 migrantes -2 de ellos murieron- habían sido devueltos a Libia, considerado como “puerto no seguro” por la propia UE y la Organización Internacional de las Migraciones (IOM, por sus siglas en inglés), en las últimas 48 horas. El numeroso grupo fue trasladado posteriormente al centro de detención de Al-Nasser en Zawiya, a 45 kilómetros de la capital, cuyo deplorable estado también ha sido criticado por las organizaciones de derechos humanos. “Para cualquier persona encarcelada en Al-Nasser, el trabajo forzado es la única forma en la que los refugiados pueden pagar su libertad”, denunciaba la analista Nancy Porsia citando a una fuente en TRT World. El centro está dirigido, además, por la tribu de Abu Hamyra, de la que forma parte Abdurahman al-Milad Aka Bija, comandante de la guardia costera en Zawiya y, a la vez, “líder indiscutible del tráfico de personas”, de acuerdo con la citada publicación.

La portavoz de IOM, Safa Msehli, mostró su preocupación entonces: “Las salidas desde Libia han aumentado, lo que es especialmente preocupante por la fuerte disminución de la capacidad de búsqueda y rescate”, declaró. Esto se ha debido a la interrupción de las actividades de las organizaciones privadas en el Mediterráneo por la pandemia, al cierre de las fronteras, la suspensión de muchos vuelos y la imposición de restricciones a los viajes internacionales, entre otros factores.

Esta foto de archivo del 24 de junio de 2018, publicada por la Guardia Costera de Libia, muestra a los migrantes en un barco interceptado cerca de la ciudad de Gohneima, al este de la capital, Trípoli, Libia
PHOTO/AP - Esta foto de archivo del 24 de junio de 2018, publicada por la Guardia Costera de Libia, muestra a los migrantes en un barco interceptado cerca de la ciudad de Gohneima, al este de la capital, Trípoli, Libia

El 28 de mayo, otros 211 migrantes fueron devueltos al país norteafricano por la Guardia Costera. “Si bien todos los esfuerzos para salvar vidas son inmensamente importantes y deben reconocerse, recordamos a los Estados y a los capitanes de los barcos que las personas rescatadas en el mar deben ser llevadas a un puerto seguro”, escribió Msehli en su cuenta de Twitter.

En esa misma jornada, se conocía la comisión de otro crimen atroz: 30 migrantes, 26 de ellos de Bangladesh y cuatro africanos, fueron asesinados en un tiroteo en el que estaba involucrado un traficante de armas. La tragedia ocurrió en un almacén de contrabando en Mezda, cerca la ciudad de Gharyan, al suroeste de Trípoli, donde se encontraba recluido un grupo de migrantes. 11 de ellos, que sufrieron heridas graves, fueron trasladados al hospital de Zintan, según informó IOM. Como señaló después el Ministerio de Exteriores del país asiático involucrado, los migrantes fueron secuestrados cuando cruzaban el desierto desde Bengasi en busca de trabajo. Tras ello, fueron “torturados inhumanamente por un rescate. En algún momento de su terrible experiencia, los cautivos mataron al secuestrador principal. En represalia, los familiares del líder miliciano les dispararon indiscriminadamente”, revelaron las autoridades bangladesíes. Cabe mencionar, en este punto, el testimonio de uno de los supervivientes del ataque: “Vine a Libia por trabajo, pero fui secuestrado, detenido y torturado durante meses. Ahora he perdido parte de mi mano y no sé cómo volveré a trabajar”; como recoge Federico Soda, jefe de la misión de la IOM en el país norteafricano.

En el mes de junio, la situación se volvió todavía peor. Del 29 de mayo al 7 de junio, en tan solo 10 días, al menos 337 migrantes que habían partido de las costas libias llegaron a Italia y a Malta, mientras que otros 194 fueron interceptados en el mar y devueltos al país norteafricano, según informó IOM. 

El 9 de junio, Msehli comunicaba que, en la noche anterior, 185 migrantes fueron devueltos a Libia por la Guardia Costera. “En medio de una constante inacción, las personas continúan volviendo a un ciclo de abusos, secuestros y desapariciones forzosas”, lamentaba. “Sostenemos que Libia no es un puerto seguro. Urge encontrar soluciones alternativas”, declaraba Soda.

El 13 de junio, la ONG Alarm Phone denunciaba el naufragio de un pequeño bote de madera con 32 migrantes subsaharianos -procedentes de Chad, Nigeria, Egipto y Sudán- a bordo frente a la costa libia, no muy lejos del puerto de Zawiya, de los que 20 pudieron ser salvadas por pescadores locales. Otros 12, incluidas dos niños, continúan en paradero desconocido y se teme que se hayan ahogado. “La Guardia Costera no estaba presente y recordemos que la UE les está pagando para patrullar las costas y evitar que la gente huya”, criticaba la organización en su perfil de Twitter. “¡Nuevo naufragio! ¿Cuántos más habrán muerto en estos meses sin ser noticia? Nada es más importante que salvar una vida, da igual su procedencia”, publicaba en dicha red social el director de la ONG Proactiva Open Arms, Óscar Camps.

Migrantes con chalecos salvavidas en un bote de goma durante una operación de rescate del barco de rescate Ocean Viking de MSF-SOS Mediterranee, frente a la costa de Libia en el mar Mediterráneo, el 18 de febrero de 2020
PHOTO/HANNAH WALLACE BOWMAN/MSF via REUTERS - Migrantes con chalecos salvavidas en un bote de goma durante una operación de rescate del barco de rescate Ocean Viking de MSF-SOS Mediterranee, frente a la costa de Libia en el mar Mediterráneo, el 18 de febrero de 2020

La devolución de migrantes a Libia continuó también durante este mes: 120 durante el 17 de junio, 71 durante el 25 de junio, 270 durante el 26 de junio y 184 durante el 28 de junio. Más de 400 en total en apenas diez días. 

En el mes de julio, la desesperación ha alcanzado cotas máximas. En una sola jornada, el día 2, casi 300 migrantes fueron llevados de nuevo a territorio libio, en dos grupos, un primero con 174 personas y un segundo con 102, entre las que se encontraban 12 mujeres y 20 niños. “¿Cuántas más vidas tienen que ser amenazas o perderse para que se tomen medidas? Se necesita con urgencia una alternativa al desembarco en Libia”, lanzaba una llamada de auxilio Msehli.

El 8 de julio, otras 18 personas eran trasladadas de nuevo al país norteafricano por la Guardia Costera, tras haber sobrevivido a un naufragio del bote en el que viajaban en el que perdieron la vida siete migrantes. De los 18, cuatro se encontraban en un estado crítico de salud y fueron llevados a una clínica.

El Centro Europeo de Tráfico Ilícito de Migrantes de Europol (EMSC, por sus siglas en inglés), avisa, en su último informe publicado el 15 de mayo, que “la inestabilidad económica prolongada y la falta sostenida de oportunidades en algunas economías africanas pueden desencadenar otra ola de migración irregular hacia la UE a medio plazo”. Europa deberá prepararse para hacer frente a las crisis que seguirán a la sanitaria, entre ellas, la migratoria, que será imparable. Si no quiere fracasar como en la de 2015, necesita empezar a abordar este tema en las instituciones lo antes posible. Y, de momento, en las agendas de Bruselas solo aparece el coronavirus como orden del día.