Desde el 26 de abril, Mogadiscio permanece en calma, pero, según medios locales, tanto las fuerzas leales a Mohamed Abdullahi Mohamed como las que apoyan a la oposición seguían ocupando posiciones estratégicas, sobre todo en las áreas de Fagah y Sana, al norte de la ciudad, y muchos ciudadanos han huido de sus casas por miedo a la violencia. El despliegue de milicias leales a los líderes de la oposición en partes de Mogadiscio, el 26 de abril, supone una nueva escalada en la crisis política de Somalia, que tiene un largo historial de violencia. Las milicias armadas y los vehículos equipados con ametralladoras tomaron posiciones en los bastiones de la oposición en Mogadiscio, un día después del intercambio de disparos con las fuerzas de seguridad somalíes durante una manifestación de los partidarios de la oposición contra la prórroga del mandato del presidente Mohamed Abdullahi Mohamed, conocido como "Farmaajo". Los disparos esporádicos, que se escucharon durante la noche, parecían haber cesado. Sin embargo, en algunas zonas se levantaron barricadas y los residentes huyeron, temiendo nuevos enfrentamientos.
Somalia es, después de Sudán del Sur, el país más violento de África y el sexto del mundo, de acuerdo con el Global Peace Index de 2020. Y, teniendo en cuenta que Sudán del Sur está inmerso en un proceso de paz desde hace un año, y que en Somalia no hay visos de mejora sustancial de la situación a corto plazo, es muy posible que el Estado del cuerno de África desbanque al joven Sudán del Sur de esta ignominiosa primera posición continental. El país se mantiene anclado en una espiral de violencia de difícil contención desde el repunte de ésta que tuvo lugar entre 2013 y 2014. Una violencia que viene tradicionalmente de la mano de Al-Shabaab, grupo terrorista afín a Al-Qaeda cuya actividad se centra en las regiones en torno a la capital somalí, Mogadiscio. El problema de Somalia, sin embargo, no es exclusivamente la violencia, ésta es solo una consecuencia más de un problema de mayor profundidad: la desintegración política que sufre el país desde hace décadas y que lo convierte en el ejemplo perfecto de lo que supone un Estado fallido.
El mandato de cuatro años del presidente Farmaajo expiró el 8 de febrero sin que se celebraran elecciones. La oposición, que considera ilegítima la autoridad de Farmaajo desde el 8 de febrero, lo denunció como una estratagema del presidente y sus aliados para mantenerse en el poder. La decisión de prorrogar su mandato sitúa a Farmaajo en oposición directa a rivales políticos influyentes y armados, pero también a las potencias occidentales que apoyan a su frágil Gobierno. El 12 de abril, el Parlamento votó la prórroga del mandato del presidente y de su Gobierno por dos años, mientras se celebraban elecciones presidenciales y parlamentarias. La prórroga, convertida en ley por el presidente, fue calificada de inconstitucional, especialmente por el presidente del Senado, cuya cámara no pudo examinar el texto.
Días antes de la fecha de finalización del mandato, se convocaron reuniones urgentes con los líderes regionales para intentar llegar, sin éxito, a un acuerdo que permitiese la celebración de los comicios. El presidente intentó proponerse como candidato interino, pero el Parlamento no lo aprobó, argumentando que era anticonstitucional la ampliación de su Gobierno, aunque fuese de manera temporal. Esta resolución supone un incumplimiento del acuerdo del 17 de septiembre, lo que no sólo ha enojado a dirigentes opositores, potencias y organizaciones internacionales, sino que ha generado violencia y división en el seno de las Fuerzas Armadas de Somalia.
Esta crisis política, tiene su origen en el continuo desacuerdo entre Farmaajo y los líderes de Puntlandia y Jubalandia, dos de los cinco Estados semiautónomos de Somalia, sobre la celebración de elecciones. Los rivales de Farmaajo en Puntlandia y Jubalandia están aliados con una poderosa coalición de aspirantes a la presidencia y pesos pesados de la oposición en Mogadiscio, entre los que se encuentran dos ex jefes de Estado y el presidente del Senado. Estos opositores afirman que la prórroga del mandato presidencial, que consideran "nula", compromete la paz y la estabilidad en Somalia. Esta amenaza es aún mayor si se tiene en cuenta que varios de los enemigos de Farmaajo son líderes de las milicias de los clanes.
Otras figuras prominentes han discrepado públicamente, como el jefe de Policía de Mogadiscio. Fue destituido tras intentar cerrar el Parlamento antes de la votación del 12 de abril, lo que denunció públicamente como un intento de tomar el poder. Los analistas temen que las fuerzas de seguridad, mal pagadas y fuertemente armadas, se dividan según criterios políticos y de clanes, lo que hace temer que vuelvan a producirse mortíferos enfrentamientos callejeros en Mogadiscio.
La ONU había advertido que la comunidad internacional, que mantiene a Somalia a flote financieramente, no toleraría un nuevo aplazamiento de los comicios ni la ampliación del mandato. La Unión Europea también ha hablado de "acciones concretas" si no se reanudan las conversaciones para las elecciones. Mucho más contundente fue la Unión Africana, que en un comunicado divulgado a última hora calificó el estancamiento político y el retraso de elecciones como una forma de "minar la unidad y la estabilidad del país" y urgió a "retomar inmediatamente el diálogo sobre la base del Acuerdo de septiembre de 2020".
Tras esta pérdida de apoyo a Farmaajo en cadena, la comunidad internacional manifestó su respaldo a las demandas del primer ministro y los líderes regionales. Por lo que el mandatario cedió el 28 de abril a la presión de la oposición y la comunidad internacional y anunció que rechaza extender por dos años su mandato. En su alocución, Farmaajo, adelantó que el 2 de mayo se dirigirá al Parlamento para buscar su respaldo al proceso electoral. El mandatario también instó a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a mantener la estabilidad de la capital somalí, Mogadiscio y la seguridad de la población civil.
Independientemente de si Farmaajo continua como presidente en Somalia durante los próximos dos años, los preparativos para la celebración de las elecciones deben empezar cuanto antes y para ello, las autoridades regionales, los líderes de la oposición y el Gobierno, deben continuar la negociación sobre la reforma del sistema electoral. Teniendo en cuenta las experiencias previas de este último año, y el no reconocimiento del mandato extendido de Farmaajo como presidente para algunas autoridades locales y regionales, parece ser que las partes han llegado a un verdadero estancamiento en las negociaciones.
